No habrá mejoras en la percepción de inseguridad y en la respuesta gubernamental a los crecientes niveles de delincuencia mientras la sociedad —y las propias autoridades— se nieguen a reconocer el problema de la violencia contra la policía. Mientras en el país haya un grupo importante de personas que crean que es legítimo atacar a carabineros a piedrazos, la fuerza policial no podrá realizar adecuadamente su labor de garantizar el orden y la seguridad. 

El viernes recién pasado, un carabinero usó su arma de servicio durante una marcha estudiantil. Como resultado de ese accionar, un joven —que aparentemente no estaba participando en la marcha— resultó herido. La reacción inmediata del gobierno y de buena parte de la prensa fue exigir explicaciones a Carabineros por el disparo efectuado por el funcionario. Es más, sin tener muchos detalles de lo que había ocurrido, el Presidente -que había convocado a un cónclave de su administración en el palacio presidencial de verano en Cerro Castillo- se apuró en enviar a dos ministros de regreso a Santiago como respuesta al incidente. El propio subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, advirtiendo que antes de emitir una opinión debía recabarse toda la información, terminó dando una declaración controversial, al decir que “nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías cuando es injustificada”. Como si la violencia de la ciudadanía hacia las policías pudiera alguna vez ser justificada, Vergara lisa y llanamente relativizó un enorme problema de seguridad y flagrantemente abandonó la responsabilidad que le cabe al gobierno de proteger a los funcionarios y trabajadores públicos. Es más, para dejar en claro cuál es su principal prioridad, Vergara añadió que ese principio “aplica de la misma forma cuando la violencia viene de los agentes del Estado a personas que están marchando o protestando».

Es comprensible que al gobierno le preocupe la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Pero los policías también son ciudadanos y cuando están haciendo su trabajo deben gozar de la protección de sus derechos. Cuando un policía es atacado a piedrazos y golpes, el Estado está fallando en su deber de proteger los derechos humanos de las personas, en tanto ese policía no pierde su condición de persona cuando se pone el uniforme. 

Cuando el estado es incapaz de proteger a los funcionarios públicos de las violaciones a los derechos humanos cometidos por actores no estatales —como grupos guerrilleros o violentas pandillas urbanas— que atacan sistemáticamente a un determinado grupo de personas solo por su color de piel, su aspecto físico o el uniforme que visten, el estado también falla en la defensa de los derechos humanos. 

Las marchas de los viernes en Santiago y otras ciudades de Chile se han convertido en ocasión para que grupos organizados y violentos se dediquen a apedrear y atacar a la policía. Esos actores no estatales organizados constituyen una amenaza a la seguridad de la policía y, por lo tanto, a la seguridad de la sociedad en su conjunto. Si las policías son incapaces de realizar su trabajo de prevención del delito, la sociedad en su conjunto sufre las consecuencias. 

La amenaza que cada viernes enfrenta cualquier carabinero que camina de forma solitaria por la calle en el entorno de Plaza Italia demuestra que la policía en Chile se ha convertido en un grupo discriminado y sometido a la amenaza constante de violencia por parte de grupos no estatales organizados. La persecución sistemática a carabineros que muchas veces no pueden usar sus armas para defenderse de piedrazos, golpes e intentos de asesinato constituye una violación flagrante a los derechos humanos de esos empleados públicos que, como el resto de los ciudadanos, tiene también derecho a realizar su trabajo sin ser objeto de creíbles amenazas a su integridad física.

En sus dos primeras semanas de gobierno, la administración del Presidente Gabriel Boric ha dado señales claras que le preocupa más el bienestar de condenados por saqueos, violencia y desórdenes públicos que por el bienestar de los funcionarios de carabineros que cumplen la delicada tarea de proteger el orden y la seguridad.  Al impulsar una ley de indultos para violentistas, el gobierno envía una clara señal de que sale gratis atacar a la policía.

Los piedrazos y golpes que continuamente reciben carabineros cuando intentan realizar su trabajo —y la amenaza constante de violencia que enfrenta cualquier funcionario de policía que camina con su uniforme por la calle y se enfrenta con manifestantes— es una amenaza también para el orden y la seguridad en el país. Mientras en Chile se siga relativizando y minimizando los ataques a la policía, mientras la norma en las marchas siga siendo que pegarle a hombres y mujeres, esposos y esposas, padres y madres, que llevan el uniforme de carabineros, el país seguirá avanzando por esta pendiente resbaladiza de violencia y delincuencia que, en países que ya pasaron por esto, ha terminado muy mal. Porque para que haya seguridad en el país debe primero haber respeto a la humanidad de cada funcionario de la policía, Chile necesita condenar decidida y firmemente los ataques de manifestantes a carabineros. 

*Patricio Navia es sociólogo, cientista político y académico UDP.

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