Ahora que el gobierno ha salido a criticar la movilización social de los camioneros que demandan mayores subsidios estatales para bajar el precio de los combustibles, resulta reconfortante escuchar que La Moneda cree que las movilizaciones producen daño al país. Después de haberlas ensalzado como una fuerza constructiva y haber defendido el inexistente derecho de los manifestantes de alterar el orden público y restringir el derecho a la libre circulación al resto de las personas, el gobierno del Presidente Gabriel Boric por fin da señales de sensatez política y admite que las movilizaciones sociales representan un costo para el país.

Comentando las tomas de carretera que han hecho varios grupos de camioneros, el Subsecretario del Interior Manuel Monsalve declaró que “la agresión de tomarse las carreteras no es una agresión contra el gobierno, es una agresión contra los ciudadanos”. Después de mucho tiempo, sorprende escuchar a líderes de izquierda asociar el concepto de movilización social con la palabra “agresión”. 

Desde mucho antes del estallido social, una parte importante de la clase política chilena —pero también de la sociedad— ha sostenido que las personas que participan en movilizaciones sociales tienen derechos superiores al resto. Por eso, cualquier grupo que sienta la necesidad de salir a expresar sus posturas a favor o en contra de algo puede bloquear calles, obstruyendo la libre circulación de los demás. Las marchas no autorizadas son cotidianas en el centro de Santiago. De hecho, ya nadie se molesta en pedir autorización antes de organizar una marcha. Carabineros tiene instrucciones explícitas de no interrumpir una marcha que se ha tomado la vía pública y que bloquea el tránsito. Nótese que los ciudadanos que cruzan la calle a mitad de cuadra siguen cometiendo una falta, pero cuando cientos de personas (o algún rector de alguna prestigiosa universidad confesional) optan por sentarse en la calle e interrumpir el tráfico, entonces pareciera que el derecho a la libre circulación que tiene el resto de los chilenos puede ser interrumpido por aquellas personas que están expresando su descontento.

Lo mismo aplica, por cierto, a las tomas de establecimientos educacionales, que se han hecho costumbre en nuestro país. Los derechos de los manifestantes que quieren visibilizar sus causas se consideran superiores a los derechos del resto de las personas que quiere asistir a clases o de los trabajadores que se ven impedidos de ir a sus lugares de trabajo. 

El Presidente Boric, cuando era parlamentario, comúnmente se apersonaba en las marchas para mostrar su solidaridad con los manifestantes y sus causas. Pero rara vez expresaba su preocupación por la vulneración a los derechos a la libre circulación de las personas y por las personas cuyas actividades económicas y cotidianidad se veían violentamente alteradas por las marchas. 

Ahora que Boric es presidente, la movilización social de los camioneros ha generado profundo rechazo en el gobierno. Es cierto que la izquierda más dura en general siempre ha considerado que las demandas de los camioneros son menos legítimas que las de otros grupos de interés. Las demandas de los estudiantes universitarios (que en promedio tendrán en sus vidas una mejor calidad de vida que los camioneros) se consideran más legítimas. Pero la de los camioneros a menudo se caricaturizan como una manifestación que carece de legitimidad democrática. 

Una lectura más objetiva de las manifestaciones debe evitar brindar legitimidad a una marcha o manifestación pública dependiendo de qué tan de acuerdo estamos con esa marcha. El criterio para evaluar la marcha siempre debe ser el mismo. Las manifestaciones son válidas en la medida que no atenten contra el ejercicio de los derechos de las demás personas. Las manifestaciones recurrentes en Plaza Italia que destruyen la infraestructura pública y la propiedad privada y que violentamente alteran el derecho a la libre circulación de las personas son tan “dañinas” como las tomas de carreteras que amenazan con alterar la libre circulación de bienes y personas por el país.

Para que las sociedades funcionen, el Estado debe ejercer el legítimo uso proporcionado de la fuerza para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas. La gente tiene derecho a movilizarse y protestar. Pero esas protestas no pueden alterar el derecho a la libre circulación de otras personas. El paro de camioneros representa una inmejorable oportunidad para que el gobierno del Presidente Boric siente una nueva doctrina en la izquierda más dura. Nadie tiene derecho a violentar el derecho de otros a circular libremente por las carreteras, avenidas y calles del país. En ese sentido, las marchas no autorizadas en las que repetidas veces han participado las actuales autoridades son tan inaceptables e ilegítimas como la violenta toma de las carreteras que ahora llevan a cabo muchos camioneros. En una democracia que funciona, nadie puede sentirse con derecho a expresar sus posturas y reclamos violentando los derechos de los demás. 

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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