Aunque la metáfora de la luna de miel es tan útil precisamente porque es fácil de entender, hay buenas razones para creer que alguien que nunca ha estado casado pudiera no entender lo importante que resultan los primeros meses de gobierno. Gabriel Boric debería ser más cuidadoso con las prioridades que decide impulsar en los primeros días de su gobierno. La decisión de priorizar el retiro de querellas que beneficiarán a decenas de los llamados presos de la revuelta envía una señal peligrosa de que Boric empezó a gobernar más para los que votaron por él en primera vuelta que para la gran mayoría de la gente que aspira a que el nuevo gobierno vuelva a poner a Chile por el sendero correcto.

Nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión como presidente. Por eso, es incomprensible que incluso antes de asumir formalmente el poder, el presidente Gabriel Boric haya decidido que la primera acción ejecutiva relevante de su gobierno fuera el retiro de 139 querellas por presuntas violaciones a la ley de seguridad interior del estado cometidas por personas detenidas —que esperan juicio— en el contexto del estallido social de 2019. 

Hay buenas razones para oponerse a la prisión preventiva tan prolongada. Justicia retrasada es justicia denegada. Resulta inaceptable que casi 30 meses después del estallido social, todavía haya gente acusada de delitos que no hayan tenido la oportunidad de defenderse ante un juez. Nadie debiera estar privado de su libertad por tanto tiempo sin haber sido sometido a juicio. La Fiscalía incumple superlativamente sus obligaciones cuando pide mantener en la cárcel por tanto tiempo a personas acusadas. El Congreso y el propio Ejecutivo debieran avanzar decididamente en una reforma que obligue a la justicia a decretar la libertad de los acusados después de un tiempo prudente si la Fiscalía no es capaz de reunir suficientes pruebas para ir a juicio. No hay justicia en un país en que la prisión preventiva se convierte en una condena de facto para miles de personas acusadas por la Fiscalía. 

Pero Boric no optó por denunciar y combatir la inaceptable y extendida práctica de la Fiscalía de buscar la prisión preventiva de acusados y demorar, casi con prevaricación, el proceso judicial. El nuevo presidente decidió simplemente ir en ayuda de algunas personas —aquellos que él llama presos de la revuelta— que sufren de la violación de sus derechos.

Esa decisión arbitraria de ir en auxilio de solo algunas personas que están detenidas por periodos prolongados sin ir a juicio subraya las prioridades por las que el nuevo gobierno ha optado en su primera semana. En vez de tomar una decisión que favorece a las chilenas y chilenos en su conjunto, Boric optó por enviar una señal a sus bases. Si bien en su discurso inaugural en La Moneda prometió ser el presidente de todos, los hechos, que siempre hablan más que las palabras, mostraron que Boric sigue más interesado en gobernar para sus votantes de primera vuelta que para toda la nación.

Peor aún, porque una de las principales preocupaciones de la gente es la delincuencia y el crimen, la decisión de Boric contrasta con su compromiso a combatir la delincuencia. Muchos de los llamados presos de la revuelta —y no pocos de las personas que presumiblemente pedirán indultos presidenciales en los próximos meses— son personas que han sido condenadas por hechos de violencia contra la propiedad pública y privada. Aquellos que participaron en saqueos, barricadas, incendios y destrucción de propiedad son también delincuentes. El nuevo gobierno se contradice al prometer, por un lado, que combatirá la delincuencia y, por el otro, al mostrarse solidario y comprensivo con delincuentes condenados. 

En una entrevista radial el lunes, Boric reflexionó sobre la delincuencia, diciendo que “No entiendo por qué, hasta el día de hoy, se permite actuar con tanta libertad a quienes evidentemente están realizando destrozos”. El comentario, que aparentemente iba dirigido al accionar de carabineros en las protestas y marchas ciudadanas que devienen en actos de delincuencia, resulta particularmente irónico, toda vez que el gobierno de Boric lo primero que hizo al asumir el poder fue, precisamente, retirar querellas contra personas acusadas de realizar destrozos.

En su luna de miel, Gabriel Boric debería enfocarse en reducir los temores y dar garantías de que su gobierno velará por el bienestar de las grandes mayorías y no solo de esa minoría que votó por él en primera vuelta. Para lograr ese objetivo, deberá mirar más allá de su vociferante e ilusionada base de apoyo. Si no es capaz de entender que la luna de miel consiste en construir una nueva cotidianeidad, con relaciones fuertes de largo plazo y cimientos sólidos que aguanten las inevitables tormentas que arreciarán, Boric habrá desperdiciado la etapa de transición desde el candidato popular al presidente que sabe dar certezas y tranquilidad a un país que ya ha tenido demasiados altibajos en los últimos años. 

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