Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, se identifica en su número dos, de un total de 17, el HAMBRE CERO.

Describen la disminución sostenida que se logró por décadas en los índices de desnutrición, la que en 2015, lamentablemente, inició una tendencia inversa aumentándose a 10 millones de nuevos desnutridos al año. Identifican como solución el aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible. Elementos  cruciales para ayudar a disminuir los riesgos del hambre.

Chile, a través de años de políticas de fomento para transformarse en una potencia alimentaria, sumado a la apertura económica internacional, ha logrado incorporar cientos de nuevos productos y posibilidades a nuestra canasta de alimentos, disponiendo así de variadas calidades, orígenes y precios. Evidenciar esto es simple en nuestro comercio y  despensas, donde encontramos desde legumbres y azúcar importada, a café en grano y posta rosada norteamericana, brasileña o idealmente chilena.

Estas posibilidades, dadas por el aumento de los niveles de producción y  de la competencia, van en directo beneficio de los consumidores, que pueden optar a productos más baratos, en condiciones de mayor seguridad.

Vivenciamos entonces cómo aspectos de la libertad social y económica aportan a la seguridad alimentaria, y también cómo las políticas públicas del país lograron erradicar la desnutrición. Ese es el aspecto positivo, pero aún queda trabajo por hacer para que desaparezca el hambre, que está directamente relacionada con la pobreza multidimensional. 

El aspecto negativo es que todo ese desafío se cruza con una serie de normas aprobadas por la Convención Constitucional. Entre ellas, la que indica que es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria y que para esto promoverá la producción, distribución, consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. Concepto que suena muy positivo, pero que refleja el prejuicio al mercado, a los espacios de poder involucrados y a las negociaciones comerciales multilaterales. Además, aplica límites en las escalas productivas, la propiedad y los propios medios de producción, como lo reconoce la FAO, en su documento del año 2013 “Seguridad y soberanía alimentaria (documento base para discusión)”. 

Es decir, si bien la soberanía alimentaria, a través de sus pilares puede ser un incentivo a la producción limpia y compatible con la naturaleza, el justo comercio y la valoración a los actores productivos, incorpora variables que quitan control al productor y al consumidor de sus propias decisiones. Esto amenaza no solo la disponibilidad de alimentos, sino toda la base económica de la sociedad.

Hoy, los agricultores y ganaderos viven en un contexto de conflictos internacionales que amenazan la cadena de suministros, una sequía dramática, un terrorismo impune en la cada vez más amplia macrozona sur y múltiples incertidumbres por las propuestas sobredimensionadas de los constituyentes. 

Toda esta compleja realidad hace necesario y urgente que de cara al país, y con los pies en la tierra, revisemos las propuestas de estos teóricos, quienes con historias de vida y conocimientos ajenos al campo y a la producción de alimentos, pueden afectar la disponibilidad de los mismos, generar hambre y afectar la economía nacional. ¡Urge hacerlo! ¡Se nos acaba el tiempo!

*Felipe Henríquez Raglianti-Médico Veterinario UACh

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