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Publicado el 15 junio, 2021

Michèle Labbé: Exijamos los deberes de quienes exigen sus derechos

Economista Michèle Labbé

El Estado debería cobrar un impuesto adicional a quienes toman la decisión de no vacunarse, por las consecuencias generadas al presionar el sistema de salud público.

Michèle Labbé Economista
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Las cifras de la pandemia no nos dan tregua. Durante los últimos 7 días, los nuevos contagiados han promediado 6.859 diarios, mientras que los fallecidos, 97 semanal.

Para poner en perspectiva estas cifras, creo importante recordar que durante la primera ola de contagios de Covid 19 en nuestro país, ocurrida a mediados de junio del 2020, el peak de nuevos contagios diarios alcanzó 5.956 (promedio móvil semanal), mientras que el peak de fallecidos fue de 230 personas diarias (mismo período). Lo anterior nos lleva a concluir que mientras los contagios diarios son hoy 1,2 veces los del peak de la primera ola, los fallecidos son un 0,44 o 44% de los alcanzados en junio de 2020, mostrando que, pese a que los contagios diarios se han incrementado, la tasa de mortalidad ha disminuido más de 50%.

Dos factores permiten explicar la disminución en la tasa de mortalidad del Covid. La primera es el conocimiento de la enfermedad, que ha permitido que los médicos puedan aplicar tratamientos más efectivos a medida que más se conoce del virus y su forma de interactuar con nuestro cuerpo. La segunda y muy importante es la vacunación. A medida que la vacunación avanza, no sólo cae la tasa de contagio entre quienes se encuentran vacunados, sino que además quienes se contagian tienen una menor probabilidad de enfermarse y de morir producto del virus.

Lamentablemente, uno de los factores de disminución en la tasa de mortalidad de esta pandemia, el avance del conocimiento sobre el virus y su forma de tratarlo a nivel médico, no depende de nosotros, las personas de a pie, pero el segundo, la vacunación, sí.

El problema es que aun cuando existe consenso entre médicos y la población sensata respecto de la efectividad de las vacunas para disminuir las tasas de hospitalización y mortalidad de la enfermedad, muchas personas guiadas por creencias fantasiosas, falsas o simplemente por una sensación de superioridad o invencibilidad, especialmente fomentada por la juventud, no se han vacunado y no tienen apuro o interés en hacerlo; mientras el cansancio que generan las cuarentenas y el encierro, junto a la necesidad de conexión social, incrementa la necesidad de las personas de romper las cuarentenas, para intentar volver a una sensación de normalidad.

A primera vista, uno tendería a pensar que la vacunación debería ser una decisión individual, dado que, de no hacerlo, lo que aumenta es mi probabilidad de ser hospitalizado o de morir. Sin embargo, no vacunarse no sólo produce costos individuales, sino que genera efectos negativos en el resto de la población, lo que en economía se llaman las externalidades negativas.

En efecto, una persona que no se vacuna no sólo incrementa la propia probabilidad de contagiarse, caer hospitalizado y morir, sino que, al contagiarse, incrementa la probabilidad de contagiar al resto de la población que está en contacto con él, incrementando en estas personas sus propias probabilidades de enfermar, hospitalizarse y morir, aún cuando ellos no han sido quienes tomaron la decisión de no vacunarse. Asimismo, dado que quienes no se vacunan incrementan su probabilidad de ser hospitalizados, incrementan el gasto total fiscal en el sistema de salud, obligando a todos los trabajadores chilenos a pagar, a través de sus impuestos, por su decisión de no vacunarse.

Cuando efectos de este tipo se generan con el consumo de bienes, por ejemplo, el consumo de bencina que genera polución, la solución pública es cobrar un impuesto adicional a quienes producen la externalidad negativa, para que se disminuya la propensión a generarla y compensar al resto de la población por sufrir las consecuencias de una decisión que no es propia.

De este modo, dados los efectos externos o externalidades negativas que genera la decisión individual de no vacunarse o postergar la vacunación, el Estado debería cobrar un impuesto adicional a quienes toman la decisión de no vacunarse, por las consecuencias generadas al presionar el sistema de salud público y por el efecto negativo que genera su contagio sobre el resto de las personas sanas que pueden contagiarse.

Ciertamente proponer un impuesto así en la mesa de salud, el Congreso o al Colmed podría ser considerado casi una blasfemia, en circunstancias en que nadie dudaría de hacerlo si se tratara de la decisión de una empresa de usar un combustible contaminante o de extraer un mineral no renovable.

Con esta negativa en mente, la propuesta del alcalde de Puente Alto, Germán Codina parece no sólo una buena idea, sino 100% justificable. En una entrevista en televisión la semana pasada, el alcalde propuso la vacunación Covid como requisito para el cobro del beneficio fiscal IFE o ingreso familiar de emergencia. La idea no sólo es un impuesto negativo, en el sentido que no se le cobra a nadie (para no ofender las sensibilidades de quienes puedan ver en un impuesto de este tipo una especie de ataque a los derechos humanos), pero que beneficia a quienes sí lo hacen, a través de permitirles acceder a las ayudas fiscales. De este modo, vinculamos el “derecho” a recibir una ayuda estatal al “deber” ciudadano de vacunarse, no sólo por los efectos de la vacuna sobre la propia vida, sino sobre la vida del resto de los chilenos y los costos sobre el sistema de salud y sus trabajadores.

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