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Publicado el 03 de octubre, 2019

Luis Larraín: Las cuentas tras la acusación

Economista Luis Larraín

El mayor triunfador es nuestro sistema político y nuestra institucionalidad, que con sus defectos y frecuentes yerros, muestran que en instancias decisivas, hasta aquí, son capaces de privilegiar los intereses del Estado por sobre mezquinas consideraciones partidistas.

Luis Larraín Economista
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La acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos terminó en lo que tenía que terminar: el descrédito de quienes la concibieron y presentaron. El Partido Socialista, en particular su presidente Álvaro Elizalde y el senador Carlos Montes, los principales impulsores de la acusación, sufrieron una seria derrota política al insistir en la estrategia de bloqueo cerrado a la acción del gobierno de Sebastián Piñera y en su tesis de que cualquier iniciativa del Ejecutivo que se aparte del legado de Michelle Bachelet debe ser torpedeado furiosamente. Sus instrumentos fueron el diputado Manuel Monsalve, siempre dispuesto a jugar ese rol, y el diputado Juan Santana, quien terminó encabezando el grupo socialista en la Cámara luego que Monsalve, algo habrá olfateado, se hizo a un lado.

La estrategia socialista revela la débil consideración que la dirigencia actual de ese partido tiene por las instituciones. Todo vale con tal de lograr una victoria política. Como tan bien lo expresó Lucía Santa Cruz: “desde que la acusación constitucional conlleva una pena, no puede aplicarse sin consideraciones jurídicas. No puede haber castigo sin ley. Es de la esencia de la democracia.” Luego, Lucía se preguntaba: ¿habrá diputados en la oposición con suficiente integridad intelectual y moral?

Los hubo, y de esa manera la maniobra del Partido Socialista se convirtió en una derrota política. Es bueno saber que en Chile aún hay parlamentarios que más allá de sus intereses electorales tuvieron la valentía de votar en conciencia, analizando de verdad el contenido de la acusación. La verdad es que la presentación no contenía fundamento jurídico alguno para acusar a la ministra Cubillos. Incluso respecto a algunos de sus acápites había pronunciamientos explícitos de la Contraloría y el Consejo para la Transparencia que desechaban la posibilidad de actuaciones ilegales o indebidas. Es una lástima que el que otrora fuera el principal partido de la izquierda chilena haya llegado a este estado de cosas.

Cuando hace más de tres meses se anunció la intención socialista de acusar a Marcela Cubillos, hasta el Frente Amplio, que había tenido algunas caídas con intentos similares, fue cauto. Manifestó dudas, y la acusación se fue armando de a partes, agregando nuevos acápites en la medida en que pasaba el tiempo, como admitiendo que no había fundamentos. Sin embargo, el Frente Amplio terminó mostrando su carácter amateur en política. Desde esa posición cauta que revelaba su intención de posicionarse como un actor que no caía en los viejos vicios de la política, terminó con Giorgio Jackson y Maite Orsini convertidos en los principales barrabravas de la acusación.

El PPD, como hace rato lo viene haciendo, estuvo más bien ausente como colectividad en la discusión pública, aunque todos sus parlamentarios apoyaron la acusación. El senador Quintana, no obstante, presidente de la Cámara Alta que debía actuar de jurado en caso que la acusación constitucional prosperara entre los diputados, se permite decir ahora que los independientes o militantes de partidos que con su voto favorecieron a la ministra son los primeros que tienen que responder. Acto seguido el PPD anuncia que censurará a la Mesa de la Cámara, que integra el diputado Pepe Auth, ex militante de ese partido, por haber rechazado la acusación. Unos que no entendieron nada del carácter republicano de toda esta cuestión.

La Democracia Cristiana tuvo un rol en la acusación, el diputado Mario Venegas la presentó en la sala y la mayoría de los parlamentarios de ese partido la apoyaron, con la excepción de Matías Walker y Jorge Sabag, cuyos votos fueron decisivos para rechazarla. El presidente Fuad Chahín fue claro en expresar su apoyo, aunque también señaló que defendería el derecho de los diputados de su partido a votar en contra por razones de conciencia. No sabemos con qué motivación actuó la DC, pero en definitiva jugó un rol ambivalente. Hizo posible el fracaso, pero estuvo también entre los acusadores. Estuvo a medio camino entonces, pues validó que por razones políticas se use este instrumento, aunque no haya fundamentos jurídicos, pero reconoció la libertad de sus diputados para votar en conciencia.

La torpe actuación del Partido Comunista, que quiso hacer de esta instancia una prueba para la unidad de la oposición, terminó ayudando al oficialismo.

En el gobierno se vio una conducción serena. Una ministra Cubillos sobria en su papel y un gabinete político encabezado por los ministros Chadwick y Blumel que siempre la respaldó, con el invaluable apoyo del subsecretario Claudio Alvarado.

Pero el mayor triunfador es nuestro sistema político y nuestra institucionalidad, que con sus defectos y frecuentes yerros, muestran que en instancias decisivas, hasta aquí, son capaces de privilegiar los intereses del Estado por sobre mezquinas consideraciones partidistas.

 

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