La CC aprobó el miércoles pasado -por 106 votos a favor, 37 en contra y 10 abstenciones- un artículo que dice que “el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. Agrega que “la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección, que el Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución y que la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general”.

Dicho artículo es la fuente más grave de incertidumbre, inseguridad e incerteza jurídica que se pueda haber aprobado hasta ahora en la CC, porque constituye una clara amenaza a todos quienes tienen derechos de propiedad sobre cualquier bien que se encuentre en alguno de los territorios de los once PP.OO. definidos por la CC y que éstos puedan reclamar para sí. Valga la reciente advertencia de la machi Linconao, que dijo en el pleno de la convención que vayamos entendiendo que Santiago es territorio mapuche y que gracias a ellos estamos acá.

Como el artículo además dice que “conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y que sean indispensables para su existencia colectiva”, entonces, éstos podrían reclamar los derechos sobre minas, puertos, fundos, empresas, propiedades, etc., todo lo cual sería expropiado, pero a sus propietarios no se les pagaría por el valor real de mercado sino por un “justo precio”, lo que será definido por algún burócrata que juzgará lo que es justo o injusto.

Pero lo más grave es que con esto se le genera una deuda financiera al Estado literalmente incalculable, porque si de restituir territorios se trata, habrá que expropiar y pagar a un número de acreedores que podrían llegar a millones, porque en todo el país podrían prosperar reclamos de restitución, sin contar los conflictos internacionales que podrían surgir con los inversionistas extranjeros. 

De aprobarse la Constitución, esta norma no solo traerá conflictos entre los PP.OO. y los actuales propietarios de los bienes potencialmente expropiables, sino que conflictos internos entre los mismos miembros de estos pueblos, cuando haya que repartir el botín. Si el jueves recién pasado, en la macrozona sur hubo un enfrentamiento a balazos entre guerrillas rivales y murió un mapuche exmiembro de la CAM baleado por enemigos encapuchados -escalando aún más la violencia que vive el país- no cuesta imaginar los conflictos que se producirían para decidir quién se quedaría con qué y por qué.

¿Creen en la CC, que con este nivel de incertidumbre que crearon, con este grado de incerteza jurídica producto de esta norma, alguien querrá invertir en nuestro país, cuando la encuesta del BC realizada entre el 18 y 29 de abril, indica que la incertidumbre por el proceso constituyente como por las reformas que prepara el gobierno es el principal factor de dudas para concretar inversiones y que se prevé una disminución de la actividad el próximo trimestre y una desaceleración que cobrará mayor fuerza a partir de mediados de año? 

Con una inflación desatada, la economía estancada, las tasas de interés en las nubes y el índice de percepción económica de los consumidores en 25.6 puntos, siendo los valores bajo 50 indicadores de predominio de visiones pesimistas que refleja una situación de crisis, la irresponsabilidad de los 106 convencionales que aprobaron esta norma es inaceptable.

La Constitución que se está escribiendo, ya aprobados 368 artículos, es indigenista, menoscaba el sistema político, nos divide como país y polariza como sociedad. Paraliza la inversión, deteriora la economía, pone en riesgo el empleo, genera desigualdad ante la ley, agiganta la burocracia, desestima al sector privado, crea empresas estatales, pone en jaque el derecho de propiedad de bienes e invenciones, genera dudas en educación, perjudica el acceso a la salud y es una amenaza para la convivencia y la paz social, que de aprobarse, constituiría un retroceso del cual costaría generaciones recuperarnos.  

*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.

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