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Publicado el 24 de abril, 2020

Juan Ignacio Brito: Jaque mate al TC

Periodista Juan Ignacio Brito

A las críticas externas, el tribunal ha sumado una profunda división interna que le está infligiendo un daño severo y haciendo casi inevitable que el organismo, al menos como lo conocemos, ingrese en una etapa terminal.

Juan Ignacio Brito Periodista

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El Tribunal Constitucional lleva un tiempo largo bajo cuestionamiento intenso desde un sector que considera excesivas sus atribuciones, al punto que ha sido calificado por sus detractores como una institución “antidemocrática”. Nadie duda que será blanco obvio de propuestas de reforma minimizadora –o incluso eliminación— en un eventual proceso constituyente.

Uno esperaría que, ante esa coyuntura, los miembros del TC orquestaran una defensa para proteger la institución que integran. Todo lo contrario. A las críticas externas, el tribunal ha sumado una profunda división interna que le está infligiendo un daño severo y haciendo casi inevitable que el organismo, al menos como lo conocemos, ingrese en una etapa terminal.

La última muestra de la hostilidad que parece imperar en el tribunal la entregaron las sorpresivas declaraciones de su presidenta, quien acusó en La Tercera la existencia en él de prácticas “al límite de la corrupción”. El hecho de que el único ministro mencionado en la entrevista haya sido su predecesor en el cargo, Iván Aróstica, puede ser interpretado como una evidencia más del deteriorado ambiente al interior del organismo y de la profundidad de la inquina entre los otrora aliados.

La forma en que se ha expresado la división interna hace que el tribunal viva hoy probablemente su hora más aciaga. Sin embargo, sería ingenuo creer que esta situación se debe solo al ánimo supuestamente justiciero de una presidenta deslenguada o imprudente. Aunque la niebla de la guerra hace difícil distinguir bien qué ocurre al interior del organismo, lo que se advierte es un clima irrespirable de querella personal entre los ministros, lealtades quebradas, filtraciones a la prensa, alineamientos según lógicas de poder, renuncias obligadas de funcionarios de planta, declaraciones y acusaciones cruzadas, contrataciones cuestionables de asesorías comunicacionales personales, ambiciones inconfesadas y convocatorias sorpresivas al pleno.

Sin embargo, pese a lo desolador que resulta ese panorama, lo cierto es que no es más que la punta del iceberg de una crisis mayor.

El problema del TC es profundo y se arrastra desde hace años. Tal como ocurre con tantas de nuestras instituciones, radica en la escasa calidad de varios de sus integrantes. Esta realidad es consecuencia de la forma en que son designados muchos de sus ministros, dependiente de autoridades que hace rato dejaron de mirar el bien común y han preferido instrumentalizar el tribunal, designando en él a figuras de escasa capacidad jurídica o incluso moral.

Solo así se explica, por ejemplo, que el Senado, motivado por el cuoteo entre bloques políticos, escogiera en 2015 a un ministro que manifiestamente había incurrido en plagio y a otro de escasas credenciales académicas. “Lejos de buscarse a juristas destacados, pareciera que lo más importante es que los dos reemplazos sean ‘hombres de partido’, que aseguren lealtades incondicionales con quienes hacen la designación”, se había quejado días antes un grupo de connotados constitucionalistas en una carta publicada por El Mercurio. El propio nombramiento de Brahm por parte del Presidente Sebastián Piñera en 2013 resultó sorpresivo, pues ella carece de una trayectoria vinculada al derecho constitucional, sino que posee una más bien ligada a las políticas públicas.  Antes de arribar al TC, Brahm era jefa de asesores del mandatario en La Moneda.

La designación de ministros poco idóneos está teniendo consecuencias que impiden el correcto funcionamiento del TC. Utilizando exclusivamente criterios de poder, derecha e izquierda se han repartido el tribunal como un botín, provocando una previsible corrosión en su interior.

Pero, aunque se trata de una condición sine qua non para su buen desempeño, la calidad de un tribunal no depende solo de la capacidad profesional de sus integrantes. Debe contar asimismo con personal dispuesto a resistir las presiones que inevitablemente recaerán sobre sus miembros. En definitiva, a la indispensable preparación profesional debe sumarse un talante moral que permita al tribunal cumplir su rol, el cual pasa necesariamente por dictar sentencias con criterio jurídico y autonomía. Sin embargo, al haber sido designados jueces poco idóneos y al cobrar protagonismo las inevitables ambiciones y juegos de poder en un ambiente institucional maleado, el tribunal ha perdido su independencia respecto de los otros poderes del Estado. Estos lo tironean, aprovechándose de la debilidad interna que emana de las aspiraciones, rivalidades y personalismos que ellos mismos han propiciado con designaciones cuestionables. La forma en que se tramitó el tema de los requerimientos acerca de la ley de indulto presentada por el Ejecutivo es una muestra clara de la pérdida de autonomía y calidad en el trabajo del tribunal.

La consecuencia de todo lo anterior es que el TC se halla hoy en una posición imposible: ha dejado de operar con la autonomía exigible para funcionar según la Constitución; peor aún, buena parte de los que deberían estar llamados a resguardar esa independencia (los ministros que lo integran), no están dispuestos a hacerlo, porque su designación y lealtad responden a criterios de poder que los llevan a ignorar el sentido jurídico e institucional que debería guiar su actuación. Es un callejón sin salida –otro más— construido por nuestra irresponsable élite política. Un jaque mate al TC.

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