Aprobado el reglamento, la Convención entrará a abordar el tema de fondo, la razón de su convocatoria, o sea, la elaboración de una nueva Constitución. Para lo cual se dividirá en Comisiones temáticas y recibirá los aportes de la sociedad civil.

Para tener éxito deberá sortear varios desafíos. El más obvio, dada su plural composición, será conformar una mayoría de 2/3. Ningún sector por sí solo cuenta con la posibilidad de veto. Algunos han sostenido que el quórum se puede ir alcanzando en forma diferente según la materia que se trate. Como quien dijera, por retazos. Es posible que en algunos casos ocurra, pero resultaría muy arriesgado construir una Constitución pieza por pieza como si se tratara de un rompecabeza sin un diseño previo.

La Constitución debe ser un todo coherente y sistemático, desprovisto de antinomias y con la menor cantidad de lagunas posibles. Está llamada a dar certeza al orden jurídico y a establecer el marco general de ordenamiento de la sociedad y del Estado. Roberto Gargarella, conocido estudioso del constitucionalismo latinoamericano ha advertido que en nuestra región los procesos constituyentes suelen incurrir en una suerte de contradicción entre la parte normativa de las Constituciones, generosas en principios, enunciados imperativos y derechos, y la sección en que se organiza el aparato del Estado, mucho más tradicional y feble, con frecuencia incapaz de llevar a cabo los ideales que los constituyentes prometen. Lo cual es uno de los factores que suele influir en las sucesivas crisis políticas y en las demandas reiteradas de convocar a una nueva asamblea constituyente.

Para evitar este peligro –muy propio de las experiencias de Brasil, Colombia y las experiencias bolivarianas– sería necesario que la Convención encontrara un paradigma ordenador de su trabajo, explícito o implícito, que sirviera de eje a la labor de las comisiones. Se trataría de orientar los debates en un espacio de equilibrio capaz, a la vez, de convocar a 2/3 de los convencionales y de dar origen a un nuevo tipo de Estado que supere los límites del que surgió de la transición a la democracia.

Para lograrlo será necesario abandonar la idea de consagrar en el nuevo texto constitucional un determinado proyecto político. Más bien habrá que diseñar un marco compartido, una casa común, capaz de regular el proceso político permitiendo la alternancia en el poder de distintas alianzas políticas e ideológicas. Para ello el sistema internacional de los derechos humanos –tanto civiles y políticos como económicos y sociales- puede ser un punto esencial de referencia. La dificultad mayor estará, sin embargo, en el diseño institucional del Estado, aun muy tributario de ideologías y doctrinas formuladas hace dos siglos atrás.

Hay, en este campo, una carencia conceptual y de experiencia que juega en contra. No se trata de abandonar la división tripartita del poder de Locke y Montesquieu. Pero habrá que tomar en consideración la diversificación institucional del Estado constitucional moderno, especialmente en la llamada área de las autonomías, para acertar con un adecuado sistema que combine deliberación política con saberes técnicos, principio de representación con participación ciudadana, desconcentración del poder con equilibrios financieros, inserción internacional del país con resguardo de la soberanía, autonomía de las decisiones políticas con transparencia y rendición de cuenta de las autoridades.

El diseño institucional no se agota en el debate sobre el régimen político. Cualquier opción que se tome entre presidencialismo y parlamentarismo o alguna fórmula intermedia, debe tener en consideración la complejidad y necesaria coherencia del sistema estatal en su conjunto.

Daniel Innerarity ha insistido en un reciente libro sobre la dificultad de concebir una forma estatal acorde con la complejidad de la sociedad actual, tanto en sus dimensiones locales como nacional e internacional. Las instituciones de la democracia clásica estaban pensadas para sociedades más simples que se movían más lentamente. Hoy los acontecimientos y procesos son vertiginosos, simultáneos y diversos, aunque imbricados entre sí, como lo ha demostrado la pandemia o la crisis suprime del 2008.

Pensemos en el impacto de internet en el flujo de la información y, por tanto, en el comportamiento social y político; en el uso de la inteligencia artificial para procesar big data; en la expansión de la robótica y la automatización de los procesos productivos y de los servicios; en la rapidez de los flujos financieros y en las repercusiones de decisiones que se adoptan a miles de kilómetros de distancia. La soberanía del Estado hoy en día no es una barrera, sino más bien una piel porosa: si funciona bien el metabolismo con el medio ambiente, los resultados serán positivos, de lo contrario, sucumbirán las buenas intenciones frente a la dura realidad.

Pasó la época en que se podía pensar un país en forma aislada, como Tomás Moro imaginaba la isla utopía. ¿No nos indican los masivos flujos migratorios que los desequilibrios en los niveles de desarrollo funcionan como un imán para que poblaciones enteras busquen en otros lugares mejores formas de vida y que las barreras fronterizas son insuficientes para atajar esa presión?

Es evidente que los convencionales no actúan en una suerte de vacío prístino, ajeno a toda influencia. Por el contrario, en ellos late la cultura política del país, con todas sus contradicciones, y la experiencia del funcionamiento de las instituciones existentes, fruto de las luchas sociales y políticas habidas desde la independencia. Sus deliberaciones no caerán del cielo. Ni responderán sólo a disquisiciones ideológicas. Es positivo que entiendan su trabajo como una continuación, aunque sea con rupturas, del proceso de desarrollo constitucional y político del país. Pero junto con ello, deben estar conscientes que su mayor desafío es anticipar el futuro, acertar con normas jurídicas capaces de regir por décadas la evolución del país. La prueba de fuego de la nueva constitución no será el plebiscito de salida, sino su capacidad de tener una real vigencia durante un período razonablemente largo.

En las próximas semanas veremos si en la Convención existe o no un núcleo de convencionales capaz de articular un trabajo creativo que tenga en cuenta todos estos elementos, y si tiene la capacidad política de atraer a una mayoría de 2/3 de sus pares en forma transversal. Su conformación debe abstenerse de la contienda presidencial y parlamentaria en curso y de su resultado. De ello dependerá el éxito de la asamblea. No de sus debates o decisiones parciales; tampoco de la simple coherencia de los diversos planteamientos o de la retórica de sus oradores, sino de la confluencia de voluntades en torno a un eje común, que tenga en cuenta las tareas del futuro que están ya golpeando nuestras puertas.

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