La Constitución es un sistema de normas. No una ensalada de preceptos. Es el fundamento de un orden jurídico, que se supone dotado de un espíritu que el legislador va plasmando y que el juez utiliza -aunque Andrés Bello desconfiara de ese mecanismo- como criterio de interpretación al momento de dictar sentencia. Sus principios deben traducirse en reglas e instituciones capaces de irlos realizando.

Una Constitución sin espíritu o fracturada nace muerta. Puede, incluso, ser fuente de nuevos conflictos.

Parece, entonces, razonable que la Comisión de Armonización tenga las facultades suficientes para ordenarlas siguiendo una mirada de conjunto, y cuente con el tiempo necesario para realizar esa delicada tarea. No se puede limitar sólo a resolver problemas de redacción o formales; bien sabido es que en materias jurídicas resulta muy difícil separar la forma del fondo. 

Dos ejemplos avalan lo señalado.

El informe sobre sistema político fue rechazado por el Pleno principalmente porque proponía un conjunto de instituciones que oscilaban entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Tomada una opción, hay que ser consecuente, aunque obviamente exista una gama muy diversa de regímenes presidenciales. El Informe tampoco abordaba una serie de aspectos relativos a las relaciones entre los poderes, el área de la autonomía constitucional y los mecanismos de participación ciudadana a través de referéndum, plebiscitos y consultas.

En el capítulo sobre Forma de Estado se advierte la coexistencia entre una visión que privilegia la autonomía de las instituciones y un resabio del Estado centralista. No se ha logrado un equilibrio virtuoso que abra paso a un proceso de descentralización. El Estado aparece desdibujado en un conjunto de organizaciones que establecerían pactos entre sí, sin mayor referencia a una graduación de niveles de autoridad. Incluso se dice que la autoridad superior no tiene tutela sobre la inferior. Y al mismo tiempo se encomienda a la ley señalar los servicios públicos de alcance nacional.

Esta situación se expresa también en el tratamiento de los derechos de los pueblos originarios, principalmente en lo referente a su autonomía territorial. Mientras el Pueblo Rapa Nui habita mayoritariamente en una isla y ya tiene un estatuto constitucional especial, muy diferente es la situación de las otras etnias, incluso la mapuche que de Bío Bío al sur es minoría. 

Por eso mismo, las normas constitucionales sobre pueblos originarios deben ser de carácter general, dejando a la ley y a la autoridad nacional y regional precisar el estatuto de cada pueblo. Sería conveniente agrupar todos los artículos referentes al tema en un solo acápite. 

Cuando la autonomía se exagera puede confundirse con la autarquía y el Estado perder toda capacidad efectiva para realizar políticas públicas de tipo nacional. Incluso hay un artículo que sanciona el principio de subsidiariedad en forma más clara que la actual Constitución.

Estos son sólo dos ejemplos que hacen indispensable que la Comisión de Armonización cumpla una tarea sustantiva para dar forma a una nueva Constitución coherente. Ello supone que los distintos grupos de la CC, que tendrán representantes en esa instancia, le entreguen la confianza suficiente para cumplir ese cometido.

Tal vez esa sea la oportunidad de plasmar un amplio consenso que permita dar forma a “la casa de todos”. Se aseguraría así un resultado positivo en el plebiscito de salida y un período de implementación sin mayores tropiezos. 

No se puede obviar el hecho que será el actual Parlamento y Gobierno los primeros encargados de dictar las leyes que hagan posible el nacimiento efectivo de las nuevas instituciones constitucionales. Sin esas normas, quedarían sólo en el papel como enunciados inertes.

José Antonio Viera Gallo

Abogado. Exministro de Estado

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