Llegó la hora de la verdad en materia de nueva Constitución. 

La Convención elegida en mayo del 2021 no logró tener un texto en el plazo inicialmente establecido y tuvo que pedir una extensión de tres meses al Congreso. Pero lo más grave es que lo aprobado hasta esta semana está lejos de conformar una nueva Constitución que sea percibida como la “casa de todos” por una mayoría sustantiva de los chilenos (digamos más de dos tercios de los ciudadanos). Hoy es muy posible que ese texto se apruebe por un margen mínimo o que gane Rechazo en el plebiscito de salida. Las consecuencias para el país de cualquiera de estos resultados pueden ser desastrosas: agudización de las divisiones de nuestra sociedad, continuación de los conflictos políticos, incertidumbre económica, freno de la inversión, desempleo, angustia, agresividad y probable regreso de la violencia a las calles.

Además, con la composición y el comportamiento que han tenido los convencionales hasta ahora, es altamente improbable que en los tres meses de extensión de plazo se modifiquen las normas ya aprobadas. Y demasiados creen que la actual propuesta de Constitución es mala: maximalista, ideologizada hacia la izquierda y desequilibrada. Redactar una Constitución que sea sentida como una casa para todos exige de sus redactores una apertura a conversar con gente que piensa lo opuesto a ellos y no considerarlos como enemigos. Esto no se ha observado, y es demasiado arriesgado esperar que cambie en tres meses.

La situación en que nos encontramos entonces abre varios desafíos o dilemas.

El primero es si optar por resignarse a seguir con lo establecido en el Acuerdo del 15 de noviembre del 2019 o intentar corregirlo AHORA, introduciendo nuevas condiciones para la aprobación final de la nueva Constitución. 

Dentro del primer camino o alternativa, lo que ocurriría es que tendremos “cualquier” Constitución que decida el resultado del plebiscito de salida. Si el Apruebo saca la mitad más uno de los votos en julio o septiembre, se promulgará una nueva Constitución insuficiente para lograr los objetivos que se propuso de avanzar hacia una sociedad chilena más equilibrada, igualitaria, pacífica y desarrollada. Si dentro de esta opción el Apruebo pierde (el Rechazo saca más votos), entonces -según el acuerdo del 15-N- seguirá rigiendo la Constitución actual (la de 1980 según algunos, o del 2005 según otros). Mucho me temo que las consecuencias políticas, sociales y económicas de darse este resultado serían tan malas como de ganar el Apruebo. Violencia asegurada. Por lo tanto, se hace evidente que es necesario hacer algo AHORA para corregir el curso que llevamos. El próximo plebiscito no es solución.

A mi juicio, el movimiento Amarillos por Chile, encabezado por Cristián Warnken y otros, es quien mejor está comprendiendo esto y ha planteado hacer algo AHORA para que el proceso de establecer una nueva Constitución termine bien. Por eso crece con tanta fuerza, que ya tiene más de 30.000 adherentes.

Está claro entonces que hay que hacer algo AHORA. El segundo dilema es, entonces, ¿qué hacer? Mario Waisbluth, otro destacado vocero de Amarillos por Chile, ha escrito un valioso artículo donde señala cuatro opciones sobre qué hacer: 

  1. Que una fracción mayoritaria del Senado o del Congreso anuncie, antes del plebiscito de salida, su disponibilidad para, en caso de Apruebo o de Rechazo por igual, se convoque a una nueva etapa del proceso constitucional, sea retomando ellos mismos la potestad constituyente, o convocando a una nueva Convención.
  2. Que exista en el próximo plebiscito una papeleta adicional a la de Apruebo/Rechazo, preguntando por opciones precisas en el caso del Rechazo. 
  3. Que el Congreso apruebe por 2/3 prorrogar el plazo de trabajo de la Convención, pero a cambio de condiciones, ya sea en materia de contenidos específicos o en composición de convencionales. 
  4. Introducir una enmienda ahora al proceso constitucional, diciendo que la aprobación final no será por 50% + 1 de los votos, sino por 4/7 o 2/3, para asegurar que el Apruebo lo dé democráticamente una mayoría importante del país. 

Otros han planteado volver al proyecto de nueva constitución de Bachelet.

Por mi parte, me inclino fuertemente por la opción de conseguir que el Congreso determine que para aprobar el texto de Constitución emanado de la actual Convención o cualquier otro texto debe obtener más de dos tercios de los votos a favor en el plebiscito de salida. Considero que exigir los dos tercios es la única forma de que podamos considerar a la nueva Constitución como una “casa para todos”, haciéndola más aceptable para quienes estén en desacuerdo. 

Pero el otro problema del actual camino es que no hay una alternativa conocida al Rechazo o No apruebo. Por lo tanto, esto se presta para aprobar algo malo ante la ausencia de alternativa o el miedo de otra peor “cualquier cosa”. 

Para establecer un camino que obligue a converger, propongo establecer también AHORA un procedimiento para revisar o reescribir el texto que no obtuvo los dos tercios. Que lo haga una nueva Convención compuesta por la mitad de los convencionales actuales y la otra mitad de parlamentarios, y con la mitad del tiempo para entregar su nuevo texto: 4 a 6 meses. Si el segundo texto no se Aprueba, se escoge una tercera Convención conformada por la mitad de los miembros de la 2ª Convención y la otra mitad profesores de derecho constitucional escogidos por las universidades públicas, quienes deben entregar un texto en la mitad del plazo anterior: dos meses.

Así, respetando el trabajo que ha hecho la actual Convención, más el aporte del nuevo congreso y de académicos especialistas, lleguemos a una buena Constitución que nos vuelva a unir como nación y sociedad en breve plazo.

*Ernesto Tironi es economista.

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1 comentario

  1. Ernesto, me parece algo ingenua su propuesta.
    La CC dominada por la ultraizquierda llegó donde está por la misma ingenuidad con que se redactó la modificación constitucional que dió cabida al proceso en que estamos, especialmente en cuanto a la fórmula que posibilitó que llegaran a la CC personas que no representan a nadie. Que se haya aprobado un texto que les acomoda a ellos, les da exactamente lo mismo que no sea «la casa de todos» esos son eslóganes, como nos tiene acostumbrados, aunque no por eso inmunes a ellos. No será tan fácil que se allanen a un cambio en las reglas del juego ahora que el extremismo de izquierda (indigenismo, feminismo, y todos los «ismos» que se les ocurran para dividirnos entre buenos y malos) tiene tan avanzados sus objetivos.
    Por otra parte, generar un nuevo proceso constituyente con la mitad de los actuales convencionales (¿habría que elegirlos por sorteo?) y luego otro en caso de no «cuajar» el trabajo anterior, sería someter al país a interminables tensiones.
    La violencia callejera y la de la araucanía están garantizadas ya que estamos siendo gobernados por quienes la han propiciado y defendido, así como la ausencia del estado de derecho, esto último – hay que decirlo – con la ferviente colaboración del gobierno anterior.

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