La Corte de Apelaciones de Concepción, revocando la decisión del Juez de Garantía de Cañete, decretó el lunes 13 arresto domiciliario preventivo total contra dos miembros de nuestra Armada, por representar un peligro para la sociedad.
¿A qué se debe tal decisión? A hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2021, cuando un contingente de la Armada, que fue en apoyo de Carabineros asediados desde la mañana por 15 terroristas, se vio enfrentado a un violento ataque con armamento de grueso calibre, que impactó en los vehículos Mowag en que se transportaban. En la mañana la defensa fue con disuasivos químicos y elementos no letales, pero como el ataque continuó en la tarde de ese mismo día, se respondió legítimamente en defensa propia, haciendo uso del armamento de servicio, resultando muerto un comunero mapuche. Por esta razón el Ministerio Público los imputó por el delito de homicidio.
Este caso no ha estado exento de roces entre la Armada y la Fiscalía. De hecho, el 22 de abril de este año, el capitán de fragata Jorge Alcoholado, con conocimiento de la Institución, ingresó una querella en el Juzgado de Garantía de Concepción en contra del fiscal Vigeras, acusándolo de amenazas y vejámenes verbales, luego de que el sargento primero Milton Cabellos declarara como testigo presencial del hecho en la fiscalía local de Concepción, donde, en presencia del Fiscal, sufriera presión por parte de la PDI “para que hablara y no ocultara información”, haciéndolo sentir en todo momento apremiado y atacado, dice el documento.
La pregunta que tenemos que hacernos es quién es el verdadero peligro para la sociedad. Para la Corte de Concepción lo son dos infantes de marina que están imputados por homicidio por actuar en defensa propia. Pero las condenas contra los terroristas, los ladrones de maderas, los usurpadores, los que marcan los terrenos a tomarse, los narcos que actúan impunemente y los responsables de los cientos de atentados y criminales asesinatos que vienen ocurriendo hace años brillan por su ausencia. Esos no son para la justicia un peligro para la sociedad, lo que resulta inaceptable.
Me pregunto, después de este fallo, cómo actuarán los efectivos de las FFAA y Carabineros que están hoy en la Araucanía bajo un nuevo Estado de Emergencia -pero solo acotado- si son víctimas de un ataque armado. ¿Se defenderán usando su armamento, de acuerdo con las RUF, o se abstendrán de hacerlo, pensando en las consecuencias personales que los podrían afectar si actúan y muere un atacante?
Ese temor a las consecuencias personales le costó la vida al Carabinero David Florido Cisternas, quien no estuvo dispuesto por esas razones a usar su arma de servicio para detener a su asesino, como lo expresara clara y sentidamente su padre en la iglesia donde fuera velado.
Y Héctor Llaitul, quien llamó a alzarse en armas contra el Estado, se paseó por Santiago y en una reunión en Lo Hermida el viernes 10 de junio, con más de 100 personas, se jactó de la violencia política que durante 20 años ha empleado la CAM, sin que obviamente le pasara nada, pues sus amenazas son solo dichos para el Gobierno y es de imaginar que no se le considera un peligro para la sociedad.
Pareciera ser que estamos en el mundo al revés. Los terroristas que actúan en la Macrozona Sur, los que se rebelan contra el Estado, los que disparan contra las FFAA y Carabineros y atentan contra sus vidas gozan de impunidad y beneficios carcelarios; contra ellos el Estado no se querella. En cambio, los que están defendiendo a las víctimas de esos ataques, como los dos infantes de Marina que están en arresto domiciliario total, son declarados peligro para la sociedad e imputados por homicidio.
El verdadero peligro para la sociedad es la indolencia del Estado que no enfrenta con toda la legítima fuerza que la Constitución y la leyes le otorgan para combatir el terrorismo y crimen organizado que actúa impunemente en la Macrozona Sur.
*Jaime Jankelevich es bioquímico y consultor.