La industria de la construcción en Chile aporta cerca del 8% del PIB nacional, por lo que la quiebra de varias empresas constructoras no solo impacta a los dueños de estas. Al mismo tiempo, se estima que la baja de inversión en la industria será de entre un 4% y 5% para el 2023. Sin duda esto afectará a la economía nacional y son miles de personas que se verán precarizadas: trabajadores directos e indirectos, subcontratos, proveedores de materiales y por supuesto, la sociedad, con proyectos inconclusos que no podrán ser puestos en servicio en el corto plazo.

El precio del acero subió de $300/kilo (prepandemia) a $900/kilo actualmente. Los contratos públicos se trabajan en pesos chilenos, a diferencia de los contratos privados, que al ser en UF absorben de alguna manera los efectos de la inflación. Esta alza de precios afecta la salud financiera de las empresas constructoras, en particular aquellas que mantienen contratos públicos, por lo que impacta también a cualquier iniciativa del Ejecutivo para mitigar la tasa de desempleo del rubro, que ya para inicios de año era de 12,8%, muy por sobre el promedio nacional, que alcanzó un 7,5%.

Mientras tanto, sigue aumentando el déficit habitacional y de infraestructura, las comunidades aisladas por falta de puentes y carreteras y miles de familias sin vivienda digna. A ello se suma el problema de tener que volver a licitar proyectos inconclusos y abandonados, que además generan focos de delincuencia, vandalismo, basurales e incertidumbre en esas comunidades que están a la espera de soluciones.

Entonces, ¿cómo podemos salir de esta situación? Diversos expertos afirman que la burocracia administrativa es unos de los factores relevantes en el escenario que vivimos hoy. Las autoridades afirman que no hay razones para atribuir este efecto dominó a incumplimientos por parte del Estado (mandante en estos proyectos), pero lo cierto es que las empresas constructoras están presentando problemas para cumplir sus compromisos. 

Por lo tanto, resulta fundamental que se ajusten presupuestos y se aumente la productividad de la industria, pero también que los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, principales actores de la inversión pública, puedan implementar políticas que vayan en la dirección de revisar e incorporar las externalidades que hoy están afectando a la construcción, tal como ocurre en otras industrias, como el transporte, por mencionar una.

Probablemente es cierto que el Estado ha cumplido a cabalidad con pagos y contratos, pero también es real el incremento de precios en materiales y externalidades negativas que han afectado a las empresas constructoras y la ejecución de sus proyectos, los cambios de regulaciones y revocación de permisos, con casos muy conocidos. 

Hemos visto también cómo se han eliminado los anticipos en un gran número de proyectos licitados en la plataforma pública, y estos deben ser parte de los elementos que se deben revisar para generar una solución estructural de la industria. 

Como sociedad debemos esperar una alianza entre lo público y lo privado no solo para terminar con las obras semiconstruidas, sino también para contar con condiciones regulatorias claras y relativamente permanentes que se hagan cargo de externalidades o fuerza mayor, siempre considerando el sentido de responsabilidad social y entorno sustentable, por cierto.

No se debe perder de vista que al final del día, lo más importante es que estas situaciones profundizan los problemas de vivienda e infraestructura en Chile y que, de no encontrar solución pronta, afectan a cada habitante de este país, directa o indirectamente.

*Carmen Paz Muñoz es Directora de la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

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