Señor Director,

En tiempos en que los convencionales realizan sahumerios, marchas y rogativas antes de la llegada al ex Congreso Nacional para la entrega de la nueva propuesta constitucional y el presidente de la República le quita protagonismo a la plurinacionalidad, nace un movimiento formado por ciudadanos comunes, diversos, preocupados por el futuro de nuestro país.

Chile es uno solo quiere cambios, pero cambios que nos unan, que nos permitan seguir creciendo, aprendiendo y enriqueciéndonos de nuestra diversidad. Nos preocupa que la propuesta constitucional no vaya por el camino de la unión, poniendo en riesgo la estabilidad democrática. Queremos una nueva Constitución, pero que quiera unir a los chilenos, no dividirlos. Y que nos represente de forma transversal a todos y a cada uno. Por eso, somos un movimiento abierto donde todos son bienvenidos y que no excluye a nadie. 

En cuanto a los temas particulares de la agricultura, vemos con preocupación cómo tres aspectos llenan de incertidumbre el agro nacional: agua, seguridad alimentaria y plurinacionalidad.

Respecto del agua podemos decir que los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) constituidos con anterioridad a la elaboración de la propuesta de nueva Constitución e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) se derogarán de forma inmediata de aprobarse el texto, por lo que cambian a ser Autorizaciones de Uso de Aguas (AUA). Estas autorizaciones serán temporales (con tiempo de duración) y se podrán extinguir y revocar anticipadamente, en conformidad a la ley que regulará esta materia. Además, estas AUA estarán sujetas, para su permanencia, a criterios de conservación, interés público, protección de la naturaleza y beneficio colectivo. Así, no habrá dominio sobre las AUA, al no existir dominio no serán transables, por lo que no se podrán vender, arrendar o hipotecar (en el caso de financiamiento).

Las juntas de vigilancia, comunidades de aguas y organizaciones de usuarios dejarán de ser los entes que administran las aguas superficiales y subterráneas. Todas estas administraciones serán hechas por los consejos de cuencas que dependerán de los gobernadores regionales, por lo que serán puestos políticos y no técnicos.

En relación a la seguridad alimentaria, si esta Constitución se aprueba el Gobierno deberá asegurar la soberanía y seguridad alimentaria, lo que podría determinar que se imponga a los agricultores lo que deben o no cultivar.

El derecho a las tierras indígenas va contra el derecho de propiedad en todo el territorio nacional, ya que el Estado deberá establecer y promover instrumentos jurídicos para la restitución de tierras a los pueblos. Esto, además de poner en riesgo la propiedad, no define qué pueblo originario será el propietario (si existe más de uno), ni quién determina cuáles son territorios indígenas, los que se tendrán que delimitar por un nuevo organismo estatal. Esto incluso puede afectar a los más de 87.000 asignatarios de la Reforma Agraria.

El 93% de los agricultores de Chile es propietario de menos de 12 hectáreas de riego (pequeños agricultores). Poniéndose en su lugar y con la incertidumbre respecto de si tendrá agua, si será propietario de la tierra y si se le obligará a sembrar algo en particular, ¿usted se atrevería a invertir en agricultura?

Por una mejor agricultura y ruralidad, rechazamos esta propuesta.

Juan Pablo Avendaño, ingeniero agrónomo

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