En 1973 se estrenó “La Grande Bouffe”, película dirigida por el italiano Marco Ferreri que a nosotros llegó con otro nombre en español, aunque en Chile y en esos años siempre la conocimos como “la gran bufa”. La película tenía el mérito de reunir a los que entonces eran quizás los cuatro actores más populares de Europa: Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi y Michel Piccoli. Ganó el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes y originó en todas partes una gran polémica debido a su argumento: cuatro amigos, todos exitosos pero mortalmente aburridos, deciden suicidarse comiendo. Y aunque en algún momento y a petición, cómo no, de Marcello, invitan a unas prostitutas para agregar la lujuria a sus excesos, finalmente es la grotesca ingesta de deliciosos platillos elaborados por uno de ellos la que los lleva a realizar con éxito su propósito: mueren de tanto comer. 

Desde luego la idea originó toda clase de interpretaciones, pero hoy lo que más llama la atención, o por lo menos me la llama a mí, es la interrogante implícita de la que es portadora: ¿pueden los seres humanos llevar conscientemente sus excesos hasta provocarse la muerte? Y me imagino que no va a extrañar a nadie que asocie esa reflexión al proyecto de Constitución que nos ha ofrecido la Convención Constitucional al concluir sus trabajos. Se podrá recordar a Nicholas Cage intentando matarse de tanto beber en “Living Las Vegas”, pero… ¿una Convención Constitucional? Desgraciadamente hay que aceptar que sí, que la Convención decidió llevar las cosas al extremo y el objeto de esos excesos, la llamada “política identitaria”, fue incorporada con gula en el texto propuesto. ¿Podrán ellos llevar a la muerte el proyecto, esto es, a la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre? Si nos atenemos a las encuestas, la respuesta parece ser también sí. 

La división de una sociedad

¿De dónde vino, pues, esa política identitaria capaz de convertirse en -para seguir recordando buenas películas- el oscuro objeto de deseo de los convencionales y llevarlos probablemente a ocasionar la muerte de su propio proyecto?

Las demandas y la política identitaria dividen a la sociedad en grupos de interés en función de la identidad de género, el origen étnico, la orientación sexual o de alguna forma de vida en particular, como la defensa de la naturaleza, el veganismo u ocupar la bicicleta como medio preferido de transporte. Quienes la abrazan asumen que la identidad arrogada es su principal atributo -en la mayoría de las ocasiones el único- y que poseerlo confiere una suerte de superioridad moral sobre los demás. Esto último no es para nada trivial porque obliga a quienes detentan tal superioridad a actuar como evangelistas en tierra de paganos, tratando de convencer a quien se les cruce por delante de la verdad de la que ellos son portadores. Y, si encuentran resistencia, a declarar enemigos a esos contumaces escépticos y a cubrirlos de los más ácidos calificativos: “intolerantes”, “racistas”, “machistas”, “homófobos”, “transfóbicos”, “sexistas”, “destructores de la naturaleza”, “fascistas” y otros epítetos que no podrían ser reproducidos aquí. Y no se trata sólo del oprobio de recibir tales adjetivos por vía de los medios sociales de comunicación, sino que, en muchos casos, de verdaderos linchamientos mediáticos cuyos efectos destructores sobre la vida social y laboral de los afectados puede prolongarse por años. La supuesta autoridad moral, además, frecuentemente autoriza a los indignados por la osadía de algunos de pensar diferente a la práctica de una violencia que en Chile se expresa en “funas” y otros ataques que pueden llegar a la agresión física con un ánimo que bien podría calificarse como homicida.

Palabras nuevas

La importante gravitación adquirida por la demanda identitaria ha inundado las revistas académicas y las columnas de opinión de neologismos tales como “performativo”, “interseccionalidad” o “igualdad substantiva”, propias del léxico identitario, cuya ignorancia puede también hacer merecedor al ignorante de los epítetos anteriores. La palabra “interseccionalidad”, por ejemplo, cuyo significado es ignorado por la abrumadora mayoría de chilenas y chilenos, aparece en el proyecto de texto constitucional tantas o más veces que la expresión “trabajadores”, que sin duda es conocida por todos. Y más abrumadora aún parece ser la presencia del “lenguaje inclusivo”, que ha llevado a fines de abril recién pasado al ministro de Educación Marco Antonio Ávila a declarar el apoyo de su ministerio a “las y los establecimientos” y, en mayo, al subsecretario de salud Cristóbal Cuadrado, a afirmar que “las y los medicamentos son fundamentales para poder garantizar el acceso a la salud”.

Con las políticas identitarias ha ocurrido lo que el periodista y ensayista británico Douglas Murray ha descrito como procesos que “…empezaron como campañas legítimas de defensa de los derechos humanos” y por eso pudieron llegar tan lejos, pero “En un momento dado… todas descarrilaron. No satisfechos con ser iguales, sus partidarios decidieron arrogarse una posición insostenible como mejores. Algunos afirman que su objetivo consiste sencillamente en ocupar una posición ‘mejor’ durante cierto tiempo para compensar un desequilibrio histórico”, pero “hasta el momento nadie ha explicado cuánto tiempo tiene que durar esta corrección ni quién tiene derecho a darla por terminada” (La Masa Enfurecida. Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura, Ediciones Península, Barcelona, 2020).  

Derechos ya presentes

Lo cierto es que buena parte de los derechos exigidos por la mayoría de los grupos identitarios han sido ya conquistados. Hoy, por ejemplo, la conciencia acerca del derecho de las mujeres a la igualdad con los hombres en todos los terrenos se ha impuesto cultural y políticamente en todo el mundo occidental. Se trata de derechos que se encuentran consagrados en Constituciones y leyes, están establecidos como obligación en instituciones públicas y privadas y han quedado consagrados en decisiones de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Sin embargo, grupos de defensores de esos derechos, representados en la Convención Constitucional, han “pasado de largo” en el reclamo. Así, si bien en el artículo 6 propuesto sostienen, en su primer inciso, que “El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva…”, algo en lo que sin duda existe un consenso absolutamente mayoritario en nuestro país y concitaría la aprobación en cualquier evento, agregan en un segundo inciso que “Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”. Es decir, establece que la paridad sólo será válida para las mujeres, pues los hombres pueden ser perfectamente minoría sin que la paridad sea considerada rota. 

12 «naciones»

Aunque, en esto de los excesos, quienes demostraron una gula digna de la Grande Bouffe fueron quienes dicen representar a los pueblos originarios. En un país en que existe ya consenso en reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y en resarcir legalmente robos y abusos cometidos en su contra a lo largo de la historia, los convencionales se pasaron de largo para imaginar un país constituido por doce naciones (once de pueblos originarios y la última, de los “chilenos”), que dota a quienes se declaren miembros de esas naciones de territorios autónomos política, financiera y administrativamente con la sola condición de que tales territorios sean solicitados formalmente por un grupo o comunidad (lo que significa que podrían ser cientos o incluso miles, de Arica a Magallanes, con plenos derechos sobre áreas en las que puedan estar situadas actualmente actividades agrícolas, industriales o mineras e incluso pueblos o ciudades). A esas naciones indígenas se les reconoce el derecho a tener sus propios sistemas judiciales (es decir, habría doce sistemas judiciales en el país si se incluye el “chileno”) con la ventaja de que, si uno de sus miembros debiera ser juzgado por el sistema “chileno”, los jueces tendrían la obligación de considerar su cultura y tradiciones como atenuantes de delito. Además, tendrían escaños reservados en todos los órganos de poder del Estado, aunque no habría participación de “chilenos” en sus órganos de poder en virtud de que a ellos se les reconoce “autonomía” y “libre determinación”. 

¿Cuál es el origen de este país “indígena” imaginado por los convencionales? Proviene de la variante latinoamericana de la política identitaria, definida como “socialismo comunitario” por su  autor y principal impulsor, el boliviano Álvaro García Linera, ex vicepresidente de su país y teórico oficial de Evo Morales. Su aporte radicó en agregar a los indígenas a las identidades originales y en conferirles el rol de liderazgo de las rebeliones sociales que éstas protagonizan en América Latina. Sintetizó en cierto modo su visión al declarar en una entrevista concedida en 2006: “… las estructuras materiales de las rebeliones sociales desde el 2000 son las pequeñas economías familiares, tanto en el campo como en la ciudad”. Y agregó: “La experiencia que estamos viviendo en Bolivia replantea todo el debate sobre la lucha por el poder… ¿Qué es un gobierno de los movimientos sociales? ¿Es posible? ¿Cómo se operará la relación entre lo político y lo social?” (“Entrevista con Alvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia”, consultada el 28 de junio de 2022 en  Lecturas, En conexión con el blog Argumentos, www.gonzalomartner.blospot.com).

El proyecto de Constitución chilena no es el mayor éxito del “socialismo comunitario” de García Linera. En realidad la proposición de los convencionales chilenos no es más que la imitación del texto de la Constitución de Bolivia que, en su artículo 1, establece: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional, Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Y en su artículo 290: “La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas…”. 

Casi todos los movimientos u organizaciones que en el mundo, y por cierto también en Chile, practican una política identitaria, acaban por definirse como anticapitalistas o, más frecuentemente, como enemigos del neocapitalismo que es la forma que asume entre ellos la crítica al capitalismo en general. ¿Existe algún marco teórico que respalde ese anticapitalismo? Para Álvaro García Linera la cosa está clara: el tema se remonta a Marx. Por ello se preocupó de reunir textos -algunos prácticamente desconocidos- de Marx, que exonerarían de culpa a los marxistas que practiquen una política identitaria o que la apoyen, como el Partido Comunista de Chile, puesto que demostrarían que Marx ya habría entregado la visión oficialmente “marxista” sobre la materia. En mayo de 2015, en ocasión de la presentación de esos textos en un libro que tituló Karl Marx, Escritos sobre la comunidad ancestral, expresó:  “Son una rareza bibliográfica, por ello decidimos presentarlos a las nuevas generaciones para que les ayuden a superar las trabas, las lecturas deterministas, facilistas, mutiladas del marxismo con las que nos alimentamos muchos de nosotros entre los años 50 hasta los 80… Los textos compilados intentan ser un aporte no solo para una revisión crítica de la forma de pensar de los marxistas, sino que es un intento de devolver la fuerza vital del pensamiento marxista para entender el mundo agrario, para entender las identidades y para entender la fuerza de lo comunitario” (ver cable de agencia ANF, fechado en La Paz, 14 de mayo de 2015). 

Inspiración marxista

La mayoría de los analistas, sin embargo, sostienen que quienes sentaron los cimientos de la política identitaria fueron el argentino Ernesto Laclau, fallecido en 2014, y su pareja, la belga Chantal Mouffe. Estos autores, que se definieron a sí mismos como postmarxistas, no rompieron con el marxismo pero cuestionaron algunas de sus categorías clásicas. En su artículo Socialist strategy: where next (“Marxism today”, enero de 1981), admitieron que el marxismo era cuestionado por la aparición de “nuevas contradicciones» y que la noción de lucha de clases necesitaba ser modificada. Concretamente se preguntaban hasta qué punto se había vuelto necesario modificar la noción lucha de clases si se quería abordar los nuevos sujetos políticos y mencionaban como tales a las mujeres, las minorías nacionales, raciales y sexuales cuyo carácter era netamente anticapitalista, admitían, pero cuya identidad no estaba construida en torno a “intereses de clase” específicos. El enemigo de estos sujetos políticos, explicaban, no se define por la explotación, sino por poseer cierto poder, un poder que no emana de su lugar en las relaciones de producción, sino que es el resultado de la forma de organización característica de la sociedad actual que no es sólo capitalista sino también sexista, patriarcal y racista. 

Esas definiciones explican mucho de la inspiración de los convencionales constitucionales que dominaron la elaboración del proyecto constitucional. Se trata de la sustitución de la relación “explotador-explotado”, que daba lugar a la lucha de clases según el marxismo clásico, por la relación “dominante-subordinado” o, en la versión que ha hecho fortuna en Chile “elite-subordinado”. En esta última versión, la elite puede estar compuesta por individuos que no calcen en la definición de explotador o burgués, pero tengan “poder”, situación en la que cabe un amplio rango de individuos que van desde los comunicadores sociales hasta los políticos en general, mientras que entre los subordinados caben todos los grupos identitarios, sin importar que entre ellos haya quienes lleven una vida acomodada o aún puedan ser considerados ricos.

Lo cierto es que el proyecto constitucional elaborado por la Convención Constitucional ha terminado por convertirse en una gran bufa y que sus excesos probablemente sean determinantes de su posible muerte institucional en septiembre próximo. Es de esperar que ello ocurra porque,  una sociedad en la que ese texto sea el marco de la vida en común, con privilegios y preferencias que pretenden reemplazar a exclusiones y postergaciones del pasado, no va a ser una sociedad inclusiva y democrática. En ella sólo habrán cambiado las víctimas. Como sostiene Douglas Murray, una sociedad con esos desequilibrios sólo promete “…un futuro cada vez más atomizado y lleno de rabia y violencia… un futuro en el cual la posibilidad de retroceder en materia de derechos -incluidos los buenos- es más verosímil cada día. Un futuro en el que el racismo se combate con el racismo y en el que la marginación por motivos de género se combate con marginación por motivos de género.” 

*Álvaro Briones es economista y escritor. Ex embajador socialista.

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