El resultado del plebiscito constituyente fue tan claro como contundente: con 13 millones de sufragios, más del 60% expresó su Rechazo a la propuesta de constitución hecha por la Convención. Si la tendencia pudo no ser sorpresiva, sí lo fue la magnitud: fue una derrota lapidaria para la refundación que planteó el órgano desde sus comienzos, y un golpe duro para la revolución de octubre de 2019, aunque todavía no es posible saber cómo concluirá este proceso.

En parte esto se debe a la posición mayoritaria manifestada por los partidos oficialistas y opositores, en el sentido de continuar el proceso constituyente, eventualmente con una nueva Convención, en una forma todavía no definida en su totalidad, pero que debería descartar desde ya los errores, absurdos e injusticias del proceso que ha terminado. Por otra parte, el presidente Gabriel Boric ha realizado un ajuste ministerial que –si bien insuficiente y tardío– muestra los efectos de los duros primeros seis meses de gobierno y del resultado del domingo 4 de septiembre. En cualquier caso, no se advierte una rectificación de fondo, ni en el programa ni en las prioridades, en lo que suelen coincidir el Ejecutivo y la oposición de centroderecha.

¿Qué hacer en este nuevo escenario político? Se trata de una pregunta obvia, para lo cual parece existir una respuesta clara de los partidos: es necesario iniciar un proceso constituyente nuevo. Si bien el tema de la discordia constitucional debe ser resuelto en Chile, en un tema que no admite frivolidades ni torpezas, sino que debe enfrentarse con determinación, incluso después del fracaso de la Convención que, se suponía, se había creado para resolver ese problema. Sin perjuicio de ello, es necesario que en la definición de las prioridades, cada cosa ocupe el lugar que le corresponde, entre otras cosas porque los problemas de Chile son muchos, y la dinámica constituyente ha pospuesto muchos de ellos o los ha relegado a un penoso olvido.

La principal urgencia de Chile –desde hace bastante rato– es de carácter social, y tiene múltiples dimensiones. Los desafíos son muchos y con un pequeño esfuerzo podríamos hacer una lista relativamente larga de prioridades sociales, aunque no fuera acabada ni precisa. Las noticias recientes o de los últimos años muestran algunos datos lamentables, que no nos pueden dejar indiferentes. En julio de 2019 –solo tres meses antes del estallido de la revolución de octubre– se constató la existencia de más de medio millón de “ninis” en Chile, es decir, jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan (lo que representa un gran desafío para el mundo educacional, el empresarial y para el gobierno). El presidente Boric señaló en su discurso del 1 de junio de este año que hay 89 mil familias viviendo en campamentos, cifra muy superior a la que existía en el Bicentenario o hace un par de años. Además, hoy en Chile existe más miseria que el 2020 y también hay niveles mayores de pobreza, lo que no va a solucionar ningún calmante populista ni promesas vacías de derechos futuros. Y así podríamos seguir agregando temas que duelen e interpelan, pero que deben tener respuestas distintas a la indolencia o la demagogia.

Por ello, como punto de partida, es preciso lograr un gran pacto cívico social, que ponga como gran prioridad enfrentar los problemas que afectan a nuestros compatriotas, con objetivos claros y medibles. De esta manera, aunque se discutan derechos futuros, no se desatenderá la calidad de vida presente; aunque se anuncie la creación de un sistema de seguridad social supuestamente mejor, no se dejará de lado la discusión de las reformas pendientes sobre pensiones; aunque se prometa salud para todos, no se abandonarán a la muerte a miles de pacientes en las listas de espera; los anuncios de una educación de calidad dejarán de ser letra muerta, para pasar a ser una prioridad; en vez de discutir el derecho a la vivienda –con o sin propiedad sobre ella– dejaremos de ver el inorgánico y penoso aumento de los campamentos. A esto se suman problemas como la violencia, la falta de áreas verdes, el abandono, la descomposición de la familia, la falta de natalidad. En otras palabras, debemos ocuparnos de la vida real y actual, y no de quimeras o buenas intenciones.

Un pacto cívico social puede contribuir por varias razones. Primero, porque permitirá convocar a diferentes actores, inteligencias y voluntades, a una tarea nacional y patriótica: al gobierno y a la oposición, debería contar con el liderazgo y compromiso de la CPC y de las organizaciones de trabajadores; puede sumar a las universidades, los medios de comunicación y otras instituciones sociales; exige la presencia de las regiones y los municipios, entre otras organizaciones sociales y políticas. Segundo, porque permite fijar los problemas sociales como prioridad y no solo saber que existen y crecen, pero no son atendidos como corresponde. Tercero, porque contribuiría a fijar prioridades, metas de corto plazo, tareas impostergables, lo que permitiría enfrentar de manera práctica al populismo y a la indolencia que a veces se instalan en la sociedad. Finalmente, porque un pacto cívico social puede ser un modo de reencontrarnos como sociedad, después de años de polarización y violencia, de mirarnos como enemigos y de no respetar las posiciones diversas: Chile requiere una tarea común, y derrotar la pobreza y la superación de otros problemas puede ser una gran oportunidad de unión y de progreso social.

Chile ha mostrado en diferentes momentos de su historia, incluso en horas de incertidumbre y adversidad, una capacidad para resistir y levantarse, para ponerse de pie y salir adelante. Hoy, nuevamente, existe la posibilidad de enfrentar el futuro con esperanzas y la genuina convicción de que es posible, necesario y viable que la gente viva mejor, aproveche las posibilidades del desarrollo, perciba el progreso social en su propia vida, como ocurrió en el pasado reciente, que a veces parece oscurecido u olvidado. Un pensador británico sostenía que la mediocridad “es estar cerca de lo grande y no darse cuenta”. Chile no tiene derecho a ser mediocre, sino que tiene la obligación de la solidaridad, una vocación por el progreso de todos y la certeza de que los errores históricos se pagan caros y se sufren de forma dramática.

*Alejandro San Francisco es académico Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Pública.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta