Después de doce meses, la Convención Constituyente ha llegado a su fin. La ceremonia de clausura tendrá lugar este lunes 4 de julio de 2022, sin la asistencia de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Fue un año intenso, donde se mezclaron las esperanzas y los temores de la misma manera que se proyectan hoy de cara al plebiscito de salida.

La primera presidenta del órgano, Elisa Loncón, planteó en su discurso inaugural un objetivo clave y sin ambigüedades, aunque excediera los límites de su mandato: la refundación de Chile. En este sentido, es preciso reconocer la transparencia de muchos dirigentes y convencionales, que no ocultaron durante todo el proceso la necesidad de dar vuelta al sistema político nacional, así como también las bases económicas, la convivencia social y la comprensión de la nación.

Hoy se puede decir que Chile tiene un nuevo texto constitucional, pero en realidad se trata de una propuesta. El próximo 4 de septiembre el resultado puede ser tanto un triunfo del Apruebo como del Rechazo. De hecho, diferentes encuestas han mostrado desde hace algunas semanas una disminución de las personas que apoyan la carta fundamental de la Convención, en tanto se advierte un crecimiento de quienes se manifiestan desilusionados por el proceso o, derechamente manifiestan que votarán en contra de la propuesta. 

Tras la revolución de octubre, el proceso constituyente apareció como una fórmula para detener la violencia e ingobernabilidad en que se encontraba Chile. La elección de mayo de 2021 reflejó el cambio más drástico en la composición de un órgano representativo nacional desde 1989. Asimismo, en el origen hubo innovaciones importantes, algunas que no se alejaron mucho de la democracia (como el carácter paritario de la Convención) y otras que la alteraron clara y decisivamente (como fue el caso de los escaños reservados).

¿Qué se puede concluir, como una especie de balance, de lo realizado por la Convención en estos doce meses? ¿Cómo se apreciará históricamente este momento político? ¿Fue exitosa en su trabajo, o debe considerarse un proceso fallido? Si bien todavía no se puede realizar un análisis concluyente –considerando que es necesario esperar el plebiscito de salida–, sí se pueden realizar algunas consideraciones preliminares, a la luz de la experiencia constituyente y de las proyecciones futuras.

En un plano, el trabajo de la Convención puede considerarse un éxito: logró hacer una nueva constitución en un tiempo relativamente breve y con normas aprobadas por dos tercios de los miembros del órgano. Por otro lado, desde el punto de vista político pudo instalarse como uno de los focos principales de la actividad nacional en los últimos meses. Adicionalmente, concitó la atención y el respaldo de parte importante de la ciudadanía durante todo este tiempo, si bien con una tendencia declinante. Por último, todavía es posible pensar en el triunfo del Apruebo el próximo 4 de septiembre. 

En cuanto al tema de fondo, la propuesta de la Convención no solo pone fin a la Constitución de Pinochet o de Ricardo Lagos, de 1980 o de 2005. Lo anterior parece obvio, pero la verdad es mucho más profunda: en la práctica, la carta es profundamente original, no solo reformista, sino incluso revolucionaria, que termina en realidad con casi dos siglos de historia constitucional. Se trataba de una tradición con logros y problemas, pero que había permitido perfeccionar la democracia chilena y consolidar una estabilidad relativa, por cierto mayor a la de otros países del continente. Pero las cosas han cambiado.

Por lo mismo, ya no existe un Estado y una nación, sino que la propuesta contempla muchas naciones dentro de un Estado “plurinacional”. El Senado–concebido como un lugar de encuentro y de mirada de Estado desde 1990– desaparecerá, en un sistema político que será original en este ámbito después de doscientos años. Asimismo, el Poder Judicial dejará de existir, dando paso a una fórmula original y compleja políticamente. Como contrapartida, se crearán múltiples instituciones nacionales y regionales, para dar vida a una institucionalidad con escasas raíces históricas, pero con una notable creatividad constituyente y latinoamericanista. El texto contiene un catálogo amplio de derechos personales y sociales, pero con ambigüedades que serán resueltas por la ley o el paso del tiempo.

Como contrapartida, la Convención ha experimentado un doble fracaso durante sus labores: por el trabajo realizado y por la finalidad perseguida al iniciarse el proceso. En el primer caso, es evidente que la institución perdió fuerza y confianza ciudadana, se vio enredada en polémicas inútiles y actitudes negativas de algunos convencionales. Sin embargo, hay algo todavía más grave, como ha sido cierto fanatismo o intolerancia presente en la mayoría ocasional que se estableció en la Convención, que logró imponer sus términos y artículos de acuerdo a la fórmula prevista, pero que no estuvo abierta a razonables propuestas de la minoría, en diversos temas de la mayor importancia (libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres en la educación; derecho a la vida y objeción de conciencia en el aborto y otros).

El segundo tema fue la incapacidad de lograr un objetivo que se instaló en noviembre de 2019, como una de las razones que hacían necesaria una nueva carta fundamental. Si la Constitución vigente dividía a Chile, era necesario comenzar un proceso que diera vida a “la casa de todos”, es decir, una constitución que no solo tuviera su origen en democracia, sino que todos pudieran sentirse integrados a ella, la respetaran y tuvieran hacia ella una fidelidad que ni la carta de Pinochet ni la de Lagos habían logrado generar. Después de un año, la situación es muy distinta, y la razón es principal es que el órgano encargado elaboró un texto –como por lo demás se había hecho en el pasado– de los vencedores contra los vencidos, radicalizada en su contenido y muy distante de las mayorías que existen en la realidad política nacional. 

El problema, fundamentalmente, es que hoy se cierra el trabajo de la Convención y se inicia la campaña del plebiscito de salida, en un ambiente cargado de división y descalificaciones. El debate republicano que se supone existiría sobre la carta fundamental ha derivado en ataques recíprocos, fake news y explicaciones a medias. Parece como si las demás personas no tuvieran derecho a sostener una postura por razones nobles o por ideas que han abrazado libremente, fuera de consideraciones espurias o interesadas. La propuesta de la Convención, que partió con un sólido 78% de ciudadanos que manifestó anhelar un cambio constitucional, concluye con posiciones divididas y lejanas a la casa común. ¿Se puede considerar un fracaso? Ciertamente, en muchos ámbitos, aunque resta por conocer el resultado final del plebiscito del 4 de septiembre, porque de triunfar el Apruebo significaría también la victoria casi irreversible de la revolución de octubre de 2019 y un avance decisivo hacia una transformación radical de Chile.

Han terminado doce meses históricos, dentro de un contexto revolucionario mayor y de múltiples desafíos nacionales que hemos dejado en segundo plano. Cuando haya pasado la vorágine normativa y la obsesión constituyente, seguramente tendremos tiempo para volver a concentrarnos en algunos temas fundamentales de los cuales, efectivamente, depende el progreso de Chile. Entre ellos, me parece, se encuentran la disolución social, la erosión de la convivencia, una anomia creciente y la crisis que afecta a muy diversos ámbitos del desarrollo nacional, temas que deberán reclamar nuestro pensamiento y acción, antes que sea demasiado tarde, si ya no lo es.

*Alejandro San Francisco es académico de la Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Publica.

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