Como se observa con claridad en el debate público, en los medios de prensa y en las redes sociales, la cuestión constituyente aparece casi monopólica en la preocupación de las autoridades políticas de gobierno y de oposición. Nada indica que las cosas vayan a cambiar en el corto plazo, e incluso más: si llega a triunfar el Rechazo, el Presidente de la República ha señalado que será necesario convocar a una nueva Convención –según su propia interpretación de la carta vigente–, en un proceso que replicaría el que ha vivido Chile desde fines de 2020.

A esta altura parece evidente que el país sigue teniendo una discordia constitucional, si bien aparece borrosa la verdadera razón que la produce. Durante mucho tiempo se argumentó que la Constitución de 1980 padecía un problema de ilegitimidad de origen, aunque la revolución de octubre mostró la real dimensión del asunto: la Convención constituyente también promovió una transformación radical en el contenido, que no solo es contraria a la letra de la carta vigente, sino que se aparta en muchos sentidos de la tradición constitucional chilena de dos siglos. Por otra parte, sigue siendo bastante probable que la propuesta de la Convención sea rechazada por la ciudadanía, lo que manifestaría la persistencia de la discordia, a pesar de la realización de un proceso “democrático” y con otras virtudes de origen.

El problema fundamental de la obsesión constituyente chilena no es la negación de que exista una grave dificultad al respecto, ni tampoco las diferencias legítimas que puedan existir sobre el tema. El drama de Chile es la invisibilización, e incluso la indolencia sobre los graves problemas sociales que aquejan a la sociedad, especialmente a los sectores de menores recursos.

Estas carencias y grietas son diversas y graves, se han mantenido durante mucho tiempo y algunas incluso se han agravado. Por ello urge redefinir las prioridades y situar la cuestión social del siglo XXI en el primer lugar de las preocupaciones y las políticas públicas, así como de la acción del sector privado y la sociedad civil. ¿De qué problemas hablamos? Ciertamente los asuntos son múltiples, pero se pueden destacar algunos de ellos, a modo de ejemplo.

Desde hace muchos años Chile enfrenta un serio problema de vivienda, con consecuencias de hacinamiento, carencia de servicios básicos y falta de espacios públicos adecuados. Si para el Bicentenario había unas 26 mil familias que vivían en campamentos, las cifras se han ido ampliando con el paso del tiempo: en 2018 eran 40 mil y en su discurso del 1 de junio del presente año, el presidente Gabriel Boric recordó una noticia dolorosa: “Hoy, más de 81 mil familias viven en campamentos en nuestro país, en condiciones inseguras e inciertas, cifra que ha aumentado de manera sostenida desde 2014”. A esto se suma el encarecimiento en los créditos hipotecarios y el déficit en la construcción que se aprecia en el último tiempo.

En otro plano, en julio de 2019 –tres meses antes del comienzo del estallido revolucionario– la prensa informaba una triste noticia: en Chile había 528.754 “ninis”, es decir, personas entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan. Dos años antes, una nota similar explicaba que uno de cada cinco jóvenes se encontraba en esa misma situación, que es 6 puntos porcentuales superior al promedio de la OCDE (El Mercurio, 13 de septiembre de 2017). En un país de menos de 20 millones de habitantes, la cifra de “ninis” resulta escandalosa y penosa, abre el camino a la delincuencia o la droga, muestra falta de oportunidades e impide que muchos contribuyan con su trabajo al desarrollo nacional.

Otro tema relevante es la pobreza, que ha experimentado una curva negativa en los últimos años. Entre 2017 y 2020 la extrema pobreza subió del 2,3% al 4,3%, en tanto la pobreza lo hizo desde el 8,6% al 10,8%, lo que significa poco menos de un millón y más de dos millones de personas respectivamente. Se ha dicho que la causa de esta situación sería coyuntural –especialmente por las consecuencias de la pandemia– pero es evidente que hay otras razones: si durante décadas el crecimiento económico fue el principal motor de promoción social, junto a políticas públicas adecuadas, hoy esos dos ámbitos muestran estancamiento y decadencia. Paralelamente, la pobreza dejó de ser una prioridad –en el discurso y en la acción–, en circunstancias que resulta obvio que no es posible abandonar esta lucha cuando todavía quedan muchas batallas por ganar.

Otro aspecto que podríamos mencionar es el abandono en que sufren muchos niños, las malas condiciones de vida de numerosas personas en sus últimos años de vida, la falta de atención adecuada en la salud –especialmente en urgencias y operaciones postergadas–, la crisis en la natalidad y en la población, una educación sin la calidad adecuada y una delincuencia desatada, con crecientes niveles de violencia.

Una revisión detallada nos mostraría una serie de otros problemas en diversos ámbitos de la vida social. ¿Qué hacer? ¡Cómo enfrentar los problemas sociales? ¿Son realmente relevantes o conviene mantenerlos relegados en un segundo plano, detrás de otros que resultarían prioritarios?

Frente a los problemas sociales del siglo XXI, y específicamente de esta tercera década, me parece que se pueden cometer dos errores fundamentales de análisis. El primero es desconocer los inmensos avances que ha experimentado Chile en las últimas décadas, tanto en el desarrollo económico como en el progreso social, visible en cada uno de los ámbitos mencionados, que han sido notables, sostenidos y con resultados palpables. El segundo es permanecer en la indolencia, mirar al costado, relegar estos problemas al segundo o tercer plano, no comprender la urgencia que tiene cada uno de los temas que permite mejorar las condiciones de vida de las personas.

Felizmente Chile ha mejorado, y ya no es un país con pobreza generalizada, una desnutrición que afectaba a cerca de la mitad de los niños, donde se multiplicaban las poblaciones callampa, con esperanza de vida muy limitada y en la cual la inmensa mayoría de los chilenos ni siquiera terminaba la enseñanza secundaria. Es verdad, las cosas han cambiado y mejorado en forma consideraba en el último medio siglo en diversas áreas. Sin embargo, lamentablemente estamos en momento poco feliz de la lucha contra la pobreza y de numerosos otros problemas sociales que todavía nos acompañan.

Quizá, al menos en parte, esto se debe a una incorrecta comprensión del problema de fondo: mejorar las condiciones de vida de la población, facilitar que cada persona viva mejor no es un asunto estadístico, económico, ni siquiera político. Es un dilema, y un compromiso, de carácter fundamentalmente moral y se refiere a cómo comprendemos el desarrollo de una sociedad mejor, las claves del progreso y el futuro de Chile.

Detener la marcha o hacer más lenta la tarea son formas incorrectas de enfrentar la realidad; esconder los problemas sociales siempre será una decisión políticamente torpe. Por el contrario, priorizar la cuestión social del siglo XXI, nos llevará en la dirección correcta y necesaria. En la política y en la vida hay ciertos deberes ineludibles: para gobernantes y gobernados, no cabe duda que este es uno de ellos.

*Alejandro San Francisco es académico de la Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Publica.

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