Han sido días intensos los de las últimas semanas en la macrozona sur. Los atentados no se han detenido y han mostrado gran violencia en algunos casos. En medio de esta situación, que está lejos de solucionarse, el gobierno lanzó el pasado miércoles 21 de junio la denominada Comisión para la Paz y el Entendimiento, iniciativa que según lo enunciado por el Presidente Gabriel Boric en noviembre pasado, buscará a través de su labor aportar a la solución en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La instancia quedó a cargo del comisionado presidencial Víctor Ramos, e integrada por 8 personalidades de diferentes ámbitos, entre quienes se cuentan el senador Francisco Huenchumilla, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia Alfredo Moreno, la senadora Carmen Gloria Aravena, la diputada Emilia Nuyado, el ex convencional constituyente Adolfo Millabur, Gloria Callupe en representación del Gobierno Regional del Biobío, Juan Pablo Leonelli Lepín en representación del Gobierno Regional de La Araucanía, además del presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Sebastián Naveillan.
Las sesiones presenciales de los comisionados aún no comienzan. Y se espera que este hito pueda ocurrir el jueves 13 o el jueves 20 de julio; al mismo tiempo que se continúa a la espera de la promulgación del decreto presidencial que regulará su labor.
En el sur no parece haber una total conformidad con la constitución de esta comisión, generando opiniones divergentes sobre lo que logrará realmente y lo que se espera de ella. Y es que a lo largo de las últimas décadas se han visto aparecer y desaparecer mesas, consejos y otras instancias que se han instaurado en diferentes gobiernos y que no han logrado controlar la problemática de violencia y conflicto presente desde el Biobío al sur.
Si bien se han entregado miles de hectáreas y recursos para la agricultura, riego, vivienda y emprendimiento, la violencia no cesa. Estos son parte de los argumentos que frecuentemente se escuchan en las conversaciones de las regiones en la Macrozona Sur respecto del conflicto de seguridad que se vive. Sin embargo, también se ha comenzado a señalar que hoy existe una disposición transversal de las fuerzas políticas en torno a la búsqueda de soluciones, lo que abre un espacio a las oportunidades, pero también a los riesgos, según algunos actores.
En especial, cuando la comisión tiene hasta finales de 2024 para entregar resultados y cuando aún existe la duda de si se abrirá o no el tema de las “tierras ancestrales”, generando expectativas que para muchos son imposibles de satisfacer. En consecuencia, el espacio llamado a buscar soluciones para que haya paz en la Macrozona Sur no concita una sola mirada: hay esperanzas y también críticas.
La Comisión: una oportunidad para avanzar
El presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Sebastián Naveillan, tiene una visión esperanzadora y positiva. El integrante de la comisión en representación del gremio agrícola destaca la particularidad del momento que hoy se ha dado que, a su juicio, genera un ambiente propicio para avanzar en el puede ser el principal escollo: la Ley Indígena.
“El pie en que partimos creo que es muy bueno, en el sentido de que hay un gran acuerdo transversal de todos los partidos políticos de que al menos hay un problema en La Araucanía. Y ahí viene el trabajo nuestro como comisión, de poder ver las posibles soluciones a este problema que es la Ley Indígena, que ha causado tanto daño al mundo mapuche como al no mapuche, en La Araucanía y también en sus regiones colindantes”, dice.
Asimismo, el dirigente agrícola señala que actualmente el trabajo de la comisión está en una etapa muy inicial, a la espera de resolver temas de índole administrativo para su funcionamiento. Sin embargo, ya se comienzan a perfilar los caminos por los cuales debiese avanzar el trabajo. “Hoy día en la comisión estamos terminando de armar todo el tema administrativo y ver cómo van a ser las sesiones, además de la planificación correspondiente y esperamos prontamente poder partir con la primera sesión. Como primera instancia lo ideal es poder ver de manera inmediata lo que es el tema de los títulos de merced, que se haga un informe y entregue un insumo para poder partir con una base”, explica Naveillan.
Además, asegura que una de las temáticas que se buscará instalar fuertemente es el de la reparación no sólo en temas de tierra, sino que avanzar también en la problemática de las víctimas de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur. “Yo creo que hoy día tenemos una muy mala política pública que es la Ley Indígena, donde se requiere hacer modificaciones para actualizarla a los tiempos de hoy. Estas actualizaciones tienen que venir con diferentes compensaciones para el mundo mapuche, pero sin soslayar a las víctimas que ha dejado este conflicto en La Araucanía”, afirma el comisionado.
Tierras: un camino equivocado
La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco–SOFO no participa de la comisión, siendo uno de los actores de mayor relevancia en el escenario regional en La Araucanía y el sur de Chile. Sin embargo, estuvieron igualmente representados en la ceremonia de lanzamiento, pese a señalar que el camino que se está tomando para buscar resolver el conflicto no es el adecuado.
Andreas Köbrich, secretario ejecutivo de SOFO, estuvo el 21 de junio en La Moneda más bien como asistente, pero también en una muestra de apertura al diálogo si se abren las vías para ello.
Köbrich señala que la posición de la SOFO respecto de la comisión es clara, quedando reflejada en una carta enviada por el presidente del organismo, Roberto Heisse, a un medio de circulación nacional a comienzos de junio, donde señalaba textualmente: “La Comisión para la Paz y el Entendimiento anunciada por el Presidente Boric tiene un titular ambicioso, y nada más. Todo el resto está ‘en construcción’. Desde el sector agrícola sentimos mucha desconfianza de esta iniciativa que consideramos mal enfocada, improvisada, liviana, sin objetivo, sin mandato, sin método”.
El secretario ejecutivo de SOFO explica que esta declaración refleja el sentir del organismo, aprobada por el directorio completo, pues consideran que la entrega de tierras no sería el camino para solucionar el conflicto que se vive producto de la violencia. Es más, reafirma que La Araucanía no tiene un conflicto de tierras, sino más bien una deuda del Estado que debe analizar cómo resolver de una manera eficaz.
“El conflicto no está en el tema de tierras. Las propiedades están súper, habiendo sido adquiridas legítimamente según el derecho de la República de Chile, no anterior, ni basándose en documentos anteriores”, reafirma Köbrich. Para la agrupación, además, durante las últimas décadas ya se habrían entregado más de 250 mil hectáreas de terreno a comunidades y sin embargo, las acciones de violencia no se han visto disminuidas ni menos cesado desde el Biobío al sur.
Asimismo, desde la SOFO señalan que las víctimas son las grandes ausentes hoy en esta comisión, habiendo tenido un lugar más que preponderante en este camino para la búsqueda de soluciones, pero que hoy no se encuentran completamente representadas.
Esto queda de manifiesto en la declaración entregada por el Roberto Heisse a nombre del organismo, quien señaló: “Lo hemos dicho innumerables veces: si existe alguna deuda, es del Estado. Y antes que todo eso están las víctimas, que no tienen ningún lugar en la anunciada comisión. Frente a este escenario, no nos podemos sumar a una apuesta mal enfocada y desequilibrada entre sus pretensiones y sus herramientas. Como agricultores estaremos siempre dispuestos a dialogar y a colaborar en la búsqueda de soluciones, siempre y cuando exista una real voluntad para enfrentar el problema”.
Valorable, pero faltan actores
Una mirada mezclada entre lo positivo y la desazón es la que tiene Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, a quién consultamos si fue contactado en alguna oportunidad para ser parte de la instancia de diálogo.
“Nunca me contactaron, nunca nada al respecto”, explica Apraiz. A pesar de esto, el representante de las víctimas valora la articulación de la mesa y el perfil de quienes hoy la componen. Sin embargo, para él la nómina no está completa como para llegar a un acuerdo definitivo, puesto que actores clave hoy no están sentados ahí.
“Creo que cualquier instancia en la que podamos buscar algún punto de encuentro para terminar con el clima de violencia que existe es positivo. Me parece que las personas que fueron elegidas para este tema son personas absolutamente capaces de llegar a un buen puerto con esta comisión. El problema que nosotros vemos y que veo en lo personal, es que por parte del pueblo mapuche, de los líderes que han abrazado las armas ¿quién va a ser la persona que de una u otra manera va a validar las conclusiones a que llegue esta comisión? Creo que ese es el punto crítico, porque insisto, aquí obviamente se va a tener que ceder de todas las partes, pero las personas que están en este momento abrazando las armas ¿estarán dispuestas a ceder?”, manifiesta Apraiz, sembrando una razonable duda respecto al cumplimiento final del objetivo que debiese tener esta comisión.
A respecto ahonda aún más, señalando que la agenda de estos grupos radicales culpables de la violencia y los actos terroristas, no tendría necesariamente su finalidad exclusiva en el tema de tierras, sino en el desarrollo de actividades ilícitas. “Nosotros vemos o entendemos que en este tema de violencia sin duda el tema de las tierras es importante, pero hoy lo más relevante es lo que esto esconde, que es el narcotráfico, el narcoterrorismo y para las personas que están en esa campaña va a ser difícil que logren deponer las armas en función de hectáreas más o hectáreas menos”, explica el presidente de la asociación de víctimas, reforzando que este no sería exclusivamente un tema de tierras, sino también de negocios ilícitos que reportan grandes sumas de dinero a estas organizaciones y sus integrantes.
También ha habido críticas por la falta de representación de actores de otras regiones, como Los Ríos.
La Comisión y el peligro de revivir temas ya zanjados
Un nombre que sonó fuertemente en la antesala de la instalación de la comisión es el del ex ministro de agricultura, ex intendente de La Araucanía y ex convencional constituyente Luis Mayol, quien confiesa haber sostenido conversaciones con quienes trabajaron en la constitución de la instancia de diálogo, con el fin de entregar su visión y aportar con su experiencia a la búsqueda de caminos y soluciones.
El abogado dice compartir también el análisis de que la Ley Indígena sería parte de los temas que conforman la problemática, pero que de no abordarse de la manera correcta, podrían incluso agravar el conflicto. “Una de ellas por ejemplo, es la disposición que permite la creación, formación o nacimiento de nuevas comunidades, que son derivadas de las comunidades ancestrales, y eso ha significado un quiebre incluso cultural, porque de aproximadamente 1.800 comunidades ancestrales, hay 600 o más derivadas de aquellas, y que son personas que, si bien es cierto, tienen algún tipo de vínculo familiar, no están relacionados con La Araucanía, y más que comunidades son casi juntas de vecinos. Eso mismo ha hecho que se multiplique la demanda por tierra y las superficies. Ya se han entregado alrededor de 280.000 hectáreas, y yo me acuerdo que al principio la ley indígena, en unas comisiones que por ahí tuvo el Presidente Lagos, se hablaba de 35 o 50 mil hectáreas. Entonces, por eso creo que hay que hacer modificaciones en la Ley Indígena de todas maneras”, explica Mayol.
Sin embargo, el ex convencional constituyente por La Araucanía también observa algunas amenazas, principalmente inspiradas en la composición de la comisión. “Creo que hay personas que conocen el tema, muy bien inspiradas, que quieren lograr una solución. Hay otros que me merecen algunas dudas”, señala Mayol, haciendo alusión a la posibilidad de que algunos de los temas que fueron objeto de debate en la pasada convención constitucional y fuertemente rechazados en el pasado plebiscito, hoy quieran reaparecer entre las cenizas de la mano de ciertos actores.
“Tengo el temor por algunos integrantes que estuvieron en la Convención y que lideraron una serie de iniciativas que fueron ampliamente rechazadas por la ciudadanía como la plurinacionalidad, la doble jurisdicción, la autonomía territorial indígena vayan a resucitar de nuevo estos temas. Y también hay personas por las cuales tengo aprecio, como el Senador Huenchumilla, pero que lleva 30 años integrando comisiones y en realidad se ha avanzado muy poco. Entonces, no ha sido una contribución muy importante a la solución de los problemas” manifiesta Mayol.