El pasado viernes 1 de agosto terminó la cuenta regresiva. Ese día comenzó oficialmente la implementación de la reforma previsional aprobada a inicios de 2025, la que constituye el ajuste más profundo al sistema de pensiones desde su creación en 1980.
Desde esa fecha, todos los trabajadores recibirán un aporte de 1% adicional en su remuneración, con cargo a su empleador, el que se divide en dos partes: 0,9% irá para financiar un seguro social para compensar las diferencias de expectativas de vida para la mujer y el 0,1% restante irá a la cuenta de capitalización individual.
“Por eso, a partir de este mes los trabajadores van a empezar a recibir 10,1 puntos en la cuenta individual”, explica el gerente de Planificación y Desarrollo de AFP Habitat, León Fernández de Castro, en conversación con Libre Mercado. “Los primeros aumentos de cotización en la cuenta individual son bastante tímidos”, agrega el ejecutivo. Por ejemplo, incluso en 2030, los cotizantes apenas va a haber aumentado su ahorro individual en 1,7 puntos porcentuales.
Por eso Fernández de Castro sostiene que, desde el punto de vista de la construcción de las pensiones autofinanciadas, la mayoría de las personas verá muy poco impacto en los próximos años, ya que recién en un plazo de entre 9 a 11 años se integrarán de manera completa los 4,5 puntos porcentuales adicionales de cotización.
Los fondos provenientes del 0,9% del seguro social serán administrados hasta fines de 2025 por la Tesorería General de la República, y a partir de 2026 pasará a manos del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), la institucionalidad creada específicamente en la reforma para la gestión de este seguro y del de invalidez y sobrevivencia (SIS).
Este seguro social debería recibir cerca de US$ 1.000 millones anuales provenientes de los aportes del empleador, y junto con otros aportes provenientes del Estado, generar una base de flujos para pagar la compensación de género para lo que fue creado.
Próximos hitos: PGU y fondos generacionales
La implementación de la reforma previsional vivirá en septiembre otro hito: el inicio del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), una de las políticas públicas más reconocidas en seguridad social, que fue creada durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera.
La PGU pasará a $250.000 para aquellos pensionados de 82 años o más. Y a partir de septiembre de 2026, se reajustará a este monto (en términos reales a esa fecha) para aquellos de 75 años o más. Un año más tarde (2027) llegará a ese nivel para los mayores de 65 años.
Y en abril de 2027, debutarán los fondos generacionales, el nuevo modelo que reemplazará a los multifondos, que regían desde septiembre de 2002.
La implementación de los fondos generacionales, que ya operan en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, México y Costa Rica, es uno de los ajustes más complejos y técnicos que tendrá la reforma, no sólo por el impacto en las futuras pensiones de los trabajadores, sino por los efectos colaterales que puede tener dentro del mercado de capitales.
Un elemento que no debe olvidarse es que los fondos de pensiones administran hoy cerca de US$ 200 mil millones, equivalente al 60% del PIB, y las AFP son los principales inversionistas institucionales del país.
Un aspecto crítico al momento de construir los fondos generacionales será la definición de los benchmarks, que son los puntos de referencia para la rentabilidad esperada de estos fondos.
Fernández de Castro argumenta que un riesgo que debe tenerse en cuenta es cuál será el nivel de rigidez que tendrán estos benchmarks. Como será la Superintendencia de Pensiones, la que definirá sus estructuras, y también los premios y castigos por ganarle o perder contra esas referencias, el ejecutivo explica que podría darse el caso que estas sean muy restrictivas y, por lo mismo, haya muy pocos incentivos para intentar hacer una gestión diferenciadora en inversiones, por miedo a perder contra el benchmark.
“Hay un riesgo de que la definición de benchmark sea excesivamente conservadora, porque depende de quién lo defina y cómo se defina. Entonces, será difícil querer asumir los riesgos (…) y finalmente, la tentación es ser excesivamente conservador. Y eso, para ciertas personas y generaciones, puede ser bastante costoso de cara a la pensión, en el sentido de que rentes menos de lo que podrías rentar”, afirma el gerente.
En este contexto, cobra especial relevancia la figura del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien acaba de ser ratificado por el gobierno. La autoridad cuenta con una extensa trayectoria, ya que ocupa el cargo desde 2016 y antes fue intendente de seguros en la desaparecida SVS desde 2003.
“Yo creo que, en la coyuntura técnica actual de diseño de esta reforma, es la persona más importante en los próximos años de cara no solo a la pensión, sino que al mercado de capitales y a lo que se logre con las rentabilidades de los fondos”, comenta el ejecutivo de Habitat. “No solo es un tema operativo y de regulación, sino también es un tema de visión de largo plazo”, agrega.
Para Fernández de Castro, es tan relevante la tarea de esta autoridad para el desarrollo del mercado en su conjunto, que apoya una idea impulsada por el mismo Macías, en el sentido de que la Superintendencia de Pensiones pase a ser una estructura colegiada, como el Banco Central o la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
“Eché de menos eso en la reforma. Que se dejara tanto peso en esa institucionalidad, pero sin tener resuelto el gobierno corporativo. Yo creo que ahí hay un desafío, que lo han planteado varios. Creo que es algo que hay que mirar”, concluye.