La idea la propuso el contralor Jorge Bermúdez y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, manifestó un día después que el gobierno la compartía: Que el Presidente de la República dictara Decretos con Fuerza de Ley como una fórmula para que el Ejecutivo tuviera en sus manos la regulación de la transitoriedad hacia la nueva Constitución, de ganar el Apruebo.
«Sobre dónde reside el poder, nosotros lo que vemos aquí claramente es que para poder generar las adecuaciones, y tal como lo decía el contralor el día de ayer, hay algunas potestades que se podrían delegar en el Ejecutivo», dijo Jackson el pasado 19 de mayo en Antofagasta, cuando acudió a la Comisión de Normas Transitorias a exponer las recomendaciones del Ejecutivo para el posible paso a una nueva Carta Magna.
Un día antes el contralor había asistido a esa misma comisión a plantear la idea: «Respecto de la administración del Estado podría explorarse la dictación y la habilitación al Presidente de la República, para que dicte decretos con fuerza de ley adecuatorios, como una especie de normativa nueva que a lo mejor podría ayudar a este periodo. Esto ayudaría a que esas normas que inciden en la administración del Estado puedan dictarse en un periodo muy acotado y superando algunas de las dificultades de la ley».
Para quienes conoce a Bermúdez y el proceso constitucional ven en esta jugada del contralor la entrega de un «comodín» al gobierno que lidera el Presidente Gabriel Boric para, eventualmente, implementar un nuevo texto constitucional, algo que conlleva una gran cantidad de problemas prácticos.
¿Por qué lanzar ese salvavidas que ha sido criticado transversalmente? Incluso el editorial de este lunes de El Mercurio se refirió a este mecanismo como una «fórmula que repugna a los principios de una democracia fundada en la división de poderes».
Quienes conocen al contralor destacan los vínculos que lo unen con el FA. «Es una persona que ideológicamente está muy cerca a las convicciones del Frente Amplio», señala sobre Bermúdez una ex autoridad del gobierno anterior.
«Su círculo está integrado por miembros de esa coalición», asevera una persona cercana a la Contraloría. De hecho, el jefe de la División Jurídica de la Contraloría es Camilo Mirosevic Verdugo, hermano del diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, colectividad que hasta diciembre del 2020 era parte del FA, pero que se mantienen dentro del oficialismo.
Otra figura clave de su entorno es Alejandro Valenzuela Marín, abogado asesor del contralor quien además, habría sido su ayudante en Derecho Administrativo en la Universidad Católica de Valparaíso. Y muchos lo catalogan como el puente con otros miembros del FA.
Precisamente la PUCV es reconocida como una de las «canteras» de frenteamplistas. Y es en ese plantel donde se formó Bermúdez y donde ha ejercido como profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental.
Fue en esa universidad donde le hizo clases al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp cuando este era parte de la Juventud Socialista y cuando dejó las filas del PS para ser uno de los fundadores del Movimiento Izquierda Autónoma junto con Boric.
Un abogado de la plaza destaca que «es conocido en el ambiente su simpatía por Sharp, de hecho el contralor lo ha recibido en muchas audiencias». Un caso emblemático ocurrió en octubre de 2020 cuando el alcalde optó por «saltarse» la Contraloría regional para hablar en Santiago directamente con Bermúdez. El caso se trataba de irregularidades detectadas por el ente contralor en dos establecimientos educacionales de la comuna.
Meses antes, el edil tuiteó «alabando» el trabajo de Contraloría en su comuna.
Los vínculos del contralor con la Convención
Jackson (RD) no ha sido el único que desde las filas de la coalición del Frente Amplio ha salido a respaldar la propuesta de Bermúdez sobre los Decretos con Fuerza de Ley. Tampoco sería la primera vez que desde esta coalición se muestran en sintonía con el contralor.
El convencional Jaime Bassa (independiente-Convergencia Social) también apoyó los planteamientos de Bermúdez. «Me parece que puede ser una alternativa razonable. No lo veo como algo extraordinario». dijo el exvicepresidente del órgano constituyente en entrevista en Cooperativa.
Además, a cargo de la Secretaría Técnica de la Convención se desempeña Rodrigo Bermúdez Soto, hermano del contralor, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre sus funciones ha destacado la elaboración del cronograma de funcionamiento de la Convención.
En cuanto al contralor, este ha mostrado expresamente su agrado con respecto al tratamiento que la institución a su cargo ha recibido en el proyecto de Carta Magna. «Para ser totalmente transparente, yo como contralor y la Contraloría como institución está muy satisfecha de la manera en que ha sido recogida la Contraloría en el futuro texto», dijo.
Esta información fue retuiteada por el mismo Presidente Gabriel Boric.
La postura de la Contraloría contrasta con lo ocurrido con Poderes del Estado como el Legislativo y el Judicial, cuyos actuales miembros han manifestado preocupación debido al objetivo de implementar cambios drásticos como la desaparición del Senado y la puesta en marcha de Sistemas distintos de Justicia, entre otras aprensiones.
Mientras el Frente Amplio lo respalda, otros sectores han sido críticos
“Es preocupante que se pretenda legislar por decreto la implementación de la nueva Constitución. Las dictaduras legislan por decreto, las democracias lo hacen a través de representantes elegidos por el pueblo en el Congreso”.
En esos términos se refirió el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) a la idea del contralor de manejar la hipotética transición a una nueva Constitución mediante decretos dictados por el Ejecutivo.
Similar postura tomó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) al señalar que “no me gustan los atajos institucionales que son propios del autoritarismo». Y ha sido la tónica transversal entre legisladores y abogados.
Otro episodio reciente que generó crítica fue sobre el instructivo para los funcionarios públicos ante el proceso del plebiscito. En este caso fue el excontralor Ramiro Mendoza quien levantó la voz. El actual presidente del Colegio de Abogados señaló: “La neutralidad que propone el dictamen de Contraloría es una neutralidad hipócrita”, dijo Mendoza en El Líbero.
Ya desde hace tres años lo vinculaban con el Frente Amplio
Los dichos sobre Bermúdez por supuestos vínculos con el Frente Amplio no son nuevo. Ya en enero de 2019 se había planteado una controversia en este sentido por parte de algunos diputados y senadores de la UDI, que aseguraron que su accionar desde la Contraloría era sesgado y afirmaron que era cercano a la mencionada coalición.
«El contralor Bermúdez tiene un sesgo político, lo ha demostrado, dice que no, pero desde que lo empecé a fiscalizar se ha notado completamente. Porque ha salido el Frente Amplio en masa a defenderlo. No quiero pensar que el Contralor se esté transformando en un militante del Frente Amplio cuando sus actuaciones deberían ser totalmente imparciales», dijo en su momento el diputado Álvaro Carter.
Todo esto se generó debido a las auditorías que la Contraloría efectuó en ese momento a las municipalidades de Viña del Mar y La Florida, encabezadas por los ediles UDI Virginia Reginato y Rodolfo Carter.
Jacqueline Van Rysselberghe, exsenadora que para ese momento era presidenta de la UDI también denunció el supuesto sesgo de Bermúdez.
«El Contralor Bermúdez le hace mal a la Contraloría. Él ha tenido fallos que son arbitrarios y discriminatorios, así lo dijo la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, él está haciendo fallos que son políticos, no está haciendo su labor como corresponde. Hay un sesgo de izquierda en la forma de actuar del Contralor», dijo.
Ante este revuelo, el entonces diputado Pablo Vidal (RD), que formaba parte de la coalición del Frente Amplio, salió en defensa de Bermúdez.
«Me parece muy bien que los diputados cumplamos con nuestro rol fiscalizador. Aprovecho de preguntarte: ¿Cuántas acciones fiscalizadoras has desarrollado respecto a la gestión municipal de tu hermano @rodolfocarter en La Florida?», escribió a través de su cuenta en Twitter.
En junio de ese mismo año Bermúdez fue criticado por haber desvinculado de la institución a funcionarios que habían criticado algunas auditorías llevadas a cabo por la Contraloría a algunas municipalidades.
El entonces diputado de RD,Renato Garín, aseveró que no había «ningún reparo que hacerle» a Bermúdez: «La Contraloría está dando un ejemplo de cómo fiscalizar».
El “contralorito” que enemistó al contralor y la subcontralora
Una de las polémicas más mediáticas que protagonizó el contralor fue la fuerte pugna que sostuvo con la subcontralora Dorothy Pérez.
Bermúdez destituyó a Pérez, quien reclamó ante la justicia, y la Corte Suprema votó a su favor. El fallo decretó ilegal su destitución, y ordenó su reintegro a la Contraloría y a su cargo de subcontralora.
Tras ello, Jorge Bermúdez promovió un inédito cambio legal al estatuto administrativo, a través de un proyecto del Ejecutivo que fue aprobado en el Congreso.
Con ello buscaba designar de manera discrecional a su subrogante en el cargo, para que no fuera la subcontralora general; como ocurría desde la creación del organismo fiscalizador en 1927.
En esa pelea fratricida, hubo una tercera persona involucrada: César Leiva Rubio, el encargado de redes sociales de la Contraloría.
Leiva, publicista de profesión, creó el polémico personaje Contralorito, que fue duramente cuestionado por Dorothy Pérez en el recurso que presentó ante la justicia. Pero el profesional había sido contratado por el Contralor General, quien defendió su trabajo.
Las críticas de la subcontralora al contenido de “Contralorito”
Cesar Leiva trabajó en la Contraloría entre marzo de 2018 y enero de 2021, cuando renunció alegando fuertes hostigamientos en las redes sociales.
En su reclamo judicial, Pérez planteó su preocupación sobre el uso del lenguaje, contenido y “apresuramiento” de publicaciones que estaba realizando la Contraloría en redes sociales.
“Especialmente importante es el caso de las publicaciones hechas mediante la red social Twitter, parodiando imágenes de terceros con comentarios o publicaciones con un lenguaje inadecuado; o utilizando imágenes sujetas a la protección de la normativa sobre propiedad intelectual sin contar con las autorizaciones requeridas, haciéndolos propios o asociándolos a la imagen institucional”, sostenía el escrito judicial.
La subcontralora recomendó continuar usando la herramienta de redes sociales y “el valioso personaje institucional creado” (Contralorito); pero con otro foco y un lenguaje “adecuado”, según la defensa de la abogada.
César Leiva, el candidato a diputado y CM de Trabajo
En relación con su renuncia, Leiva dijo que “cada vez que subíamos algún resultado de auditoría, sobre todo, las relativas al Gobierno o Carabineros de Chile; empezaban a llegarme mensajes en Twitter o Instagram con insultos, asociando la figura del personaje, conmigo o muchas veces criticando el fondo del contenido (materia legal) con mi labor”.
Sin embargo, la plataforma pública que le entregó el personaje le permitió postular como diputado por el distrito 8 (Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil).
Leiva sacó una muy buena votación con más de 35 mil votos, pero como fue en lista independiente no logró el escaño.
Con el triunfo del gobierno de Boric, el publicista de la USACh fue contratado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dirige la comunista Jeannette Jara. Su sueldo bruto por hacerse cargo de las redes sociales es de $ 3.284.545.
La obvia ideología de Bermúdez es una demostración más de como la izquierda dura y no democrática ha minado todas las instituciones de la República.
Como dijo el Diputado Carter, Bermúdez le hace mal a la Contraloría.