Luego de las críticas al Gobierno por su falta de prescindencia en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre -tras los dichos de las autoridades, que sostuvieron que «no serán neutrales»-, esta semana el contralor Jorge Bermúdez se reunió con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, y luego apuró un instructivo -que regularmente se emite cuando se aproximan elecciones- en el que se establecieron los límites que deberán cumplir los funcionarios públicos, de cara al referéndum.

En un nuevo Especial Mirada Líbero, el ex contralor y presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendozaabordó este tema.

Es muy difícil la neutralidad, porque este gobierno en su mensaje, en sus propuestas y en su programa, ha dicho que quiere una nueva Constitución y que apoya a la Convención Constitucional”, sostuvo Mendoza, quien explicó además que, “la neutralidad que propone el dictamen de Contraloría es una neutralidad hipócrita”.

En la conversación, el ex contralor dijo que el instructivo de Jorge Bermúdez contiene un párrafo -al final del documento- que establece que «no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el que el Estado, a través de los organismo relacionados con comunicación, tales como ministerios de la Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia. Lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad».

Con este acápite, advirtió: «Se abre una puerta enorme para promover lo que significa la nueva Constitución (…). La neutralidad es lúcida, que no agrede a la otra opción, pero si es una neutralidad informativa no va a poder ser reprochada, aunque llegue una lluvia de denuncias».

«Sin duda que el Estado de Derecho está siendo, al menos, tensionado»

Sobre la inquietud de un grupo de 280 abogados -exministros de la Concertación, litigantes penales y civiles, expertos, etc.-, quienes publicaron un inserto en la prensa preocupados por el desarrollo de la Convención Constitucional, y la respuesta que hicieron otros 500 abogados -exministros, jueces, fiscales, académicos, etc.-, quienes respondieron en una carta, cuestionando los argumentos expresados y acusando a sus autores de emitir «críticas vagas y generales”, el presidente del Colegio de Abogados dijo: «Nos enfrentamos a una disyuntiva compleja, que atraviesa al mundo del ejercicio profesional. Sin duda que el Estado de Derecho está siendo, al menos, tensionado desde las definiciones constitucionales«.

De todas formas señaló que rescataba «el lenguaje de ambas propuestas, en un clima de diálogo y respeto, porque me preocupa que ha estado apareciendo un lenguaje violento, tanto adentro como fuera de la Convención».

Agregó que «como presidente, en algún minuto me invitaron a firmar ambas declaraciones, y preferí restarme, porque aunque tengo mi opción y preferencia, en el liderazgo de la presidencia del Colegio uno tiene que mantener el espacio para que los colegiados puedan manifestarse como lo estimen conveniente».

«Vamos a tener una especie de equeco constitucional de organismos autónomos»

Respecto al rumbo que ha tomado la Convención Constitucional, afirmó que «no dejo de reconocer que una nueva Constitución puede cortar las relaciones familiares con la historia constitucional chilena, y puede haber una nueva aparición tradicional chilena que se va a forzar con el tiempo. Esa experiencia necesitaba más de acompañamiento y de sapiencia«.

Agregó: «Estoy esperando que empiece la Comisión de Armonización, que si termina teniendo el mismo canon que ha tenido la Convención, vamos a tener una Constitución de muy difícil interpretación, arraigo y cumplimiento en las predicciones y ofertas constitucionales».

«Encuentro riesgosa esta nueva Constitución, nos pusieron frente a una dicotomía entre subsidiariedad y solidaridad. Eso explicaría un montón de tendencias expansivas para el funcionamiento y rol del Estado. Creo que esa es una falsa dicotomía. Y lo que más me preocupa es que si el sistema falló fue porque el Estado, de alguna u otra manera, no fue debidamente atendido para que fueran de mejor calidad las prestaciones que asistía, pero nadie toma los problemas de gestión en esta Constitución».

Afirmó: «Tengo una opinión muy desarrollada respecto que la Constitución del 80, con sus mejoras. Es una buena Constitución, y me preocupa que no estemos dispuestos a reconocer sus cosas buenas, y estemos encandilados con las cosas comunes de sistemas jurídicos que han colapsado en la región».

Y apuntó: «Hoy vamos a tener una especie de equeco constitucional de organismos autónomos. Estamos generando un conjunto insular de instituciones que no tienen debidos resguardos de coordinación para el correcto funcionamiento de la institucionalidad».

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