A medida que el traspaso de las escuelas municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) está llegando a comunas más grandes, ha quedado en evidencia un nuevo problema: la posible transferencia de inmuebles que nada tienen que ver con fines educacionales hacia el gobierno central.
Se trata de al menos un teatro municipal, un hogar de niñas, una clínica dental, una posta rural, una sala cuna y jardín infantil, una biblioteca, terrenos, juntas de vecinos y hasta una iglesia pentecostal.
¿Qué pasó? La norma que fija el traspaso de los inmuebles donde funcionaban establecimientos educacionales hasta 2014 “por el solo ministerio de la ley”, incluyó en los hechos, todo lo que estaba bajo el mismo rol de esa propiedad y algunas municipalidades, como La Serena, no notaron que eso les acarrearía problemas hasta que recibieron una orden para desalojar el Hogar Femenino de Niñas del Liceo Gabriela Mistral.
Otras comunas recurrieron a Contraloría, la que determinó que en estos casos se pueden subdividir los inmuebles de uso educacional de los que no lo son, con el fin de traspasar sólo las escuelas y liceos hacia los SLEP.
Sin embargo, hay casos, como el de Punta Arenas, donde pese a haberse hecho la separación de roles, igualmente el SLEP inscribió las propiedades bajo su nombre en el Conservador de Bienes Raíces (ver abajo).
Esta situación tiene en alerta a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que ha pedido auditar este proceso a la Dirección de Educación Pública (DEP), entidad que tiene a cargo los SLEP.
Mientras, otras municipalidades, como Ñuñoa, están afinando una ofensiva judicial, pues hay otro tema sobre la mesa: no todas las escuelas de las municipalidades fueron estatales en un comienzo, sino que algunas fueron compradas o mejoradas con recursos de la comuna o traspasadas a título oneroso, por lo que cederlas gratuitamente a los SLEP les representa un importante daño patrimonial.
Desde la DEP aseguraron a El Líbero que estas situaciones sólo pueden detectarlas en periodo de traspaso y que tienen “apertura de criterio” para regularizar y subdividir los inmuebles una vez concluido el proceso (ver abajo).
Los casos de La Serena, La Reina, Algarrobo, Quilpué y Vallenar
El 30 de diciembre de 2025 la Corporación Municipal de La Serena, que administra la educación comunal -la Corporación Gabriel González Videla- se percató de la magnitud del problema de la manera más abrupta: al recibir una carta de desalojo para que abandonaran el Hogar de Niñas del Liceo Gabriela Mistral (en la foto), edificio que es monumento histórico y donde alojan y estudian alumnas vulnerables o de zonas rurales de la Región de Coquimbo.
Este hito reveló que el traspaso automático al SLEP Elqui no estaba distinguiendo entre los recintos pedagógicos y otras dependencias con fines sociales o culturales. Marcelo Gutiérrez, secretario general de la corporación, cuenta a El Líbero que interpusieron un recurso de protección que fue acogido en enero por la Corte de Apelaciones y que frenó el traspaso. Las partes ya presentaron sus argumentos y se está a la espera de sentencia. La postura de la corporación y del municipio, es que el lugar no tiene un uso exclusivamente educativo, sino que también social y comunitario.
Lo mismo les ocurre con otros dos inmuebles en disputa: el Teatro Municipal y una clínica dental aledaña al colegio Javiera Carrera. La corporación hizo presentaciones en Contraloría por estos casos, pues según explica Gutiérrez, temen una “latente y posible irrupción del SLEP en los mismos términos del hogar”. De momento, el SLEP no ha inscrito los inmuebles a su nombre, pero sólo “porque no han tramitado la resolución del Ministerio de Educación que debería dar pie a todo esto”.
En La Reina, el Jardín Infantil y Sala Cuna El Avellano comparte el mismo rol con otras instalaciones comunitarias, como el Gimnasio Dragones, un centro de rehabilitación, un Centro Comunitario de Salud Familiar (Cescosf), canchas de fútbol y de tenis.
“Tenemos más de un caso que nos podría generar un daño patrimonial, por ello, ya comenzamos los estudios de título de las propiedades para poder reducir el daño que tendremos con la expropiación de los terrenos”, reconoce a El Líbero el alcalde de esa comuna y presidente de la Amuch, José Manuel Palacios.
En la Región de Valparaíso, Algarrobo y Quilpué tienen situaciones similares. La escuela rural San José (Algarrobo) comparte su emplazamiento con una posta rural y una junta de vecinos y en ese caso, la municipalidad no puede subdividir las propiedades, pues el Plan Regulador Interregional del Borde Costero Sur no permite hacer divisiones de menos de cinco hectáreas.
Mientras, en el rol de la propiedad del Liceo Gronemeyer, de Quilpué, está también la construcción inconclusa del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM). El liceo fue comprado por la municipalidad en 1988 y el CIAM se comenzó a construir en mayo de 2021 con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Sin embargo la alcaldesa anterior (Valeria Melipillán, FA) suspendió la construcción luego de que, tras denuncias por materias de seguridad de la construcción, notaran que como el terreno era de uso educacional, no se podría subdividir posteriormente con la entrada en vigencia del SLEP. El problema es que ya se habían gastado más de $1000 millones en la construcción.
En 2022, el entonces alcalde de Vallenar denunció que el SLEP de Huasco inscribió el estadio municipal como de su propiedad, al estar asociado a una escuela. En ese entonces el edil Armando Flores logró hacer anotaciones al margen de la escritura (en la foto) para dar cuenta de que el traspaso sólo era del colegio y no del estadio.
Consultada la municipalidad, informaron que se encuentra pendiente el plano de la subdivisión y la materialización de ese proceso, pero que el Conservador de Bienes Raíces les certificó que el traspaso al SLEP será sólo de la escuela.
Alcalde de Ñuñoa acusa sesgo ideológico: «Es una expropiación disfrazada»
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind), explica que hace meses viene estudiando este tema con otras municipalidades y que en el caso de la suya, se enfrentó a un problema práctico: el inventario de los establecimientos educacionales que se traspasarían al SLEP Manquehue desde Ñuñoa, se confeccionó durante la administración de la alcaldesa Emilia Ríos (FA), “y se hizo sin ningún reparo, se le entregó al ministerio (el inventario) de todas las propiedades, sin hacer ningún ejercicio práctico para hacer subdivisiones ni nada y hay una pérdida patrimonial gigante. Hay un caso evidente, de Las Amapolas, donde se iría un Cecosf y una junta de vecinos, pero hay otros casos igual de graves como colegios que fueron comprados con patrimonio municipal, no del Ministerio de Educación, que ha sido la excusa del ministro (Nicolás) Cataldo”.
A su juicio, el que los inmuebles que se compraron con el dinero de los vecinos de Ñuñoa pasen al SLEP sin recibir una compensación a cambio, es una «expropiación disfrazada», por lo que la municipalidad ha conversado con destacados juristas para solicitar la inaplicabilidad de la ley, argumentando que el traspaso automático representa una pérdida de cerca del 25% al 30% del patrimonio municipal, uno que por ley los alcaldes deben proteger.
Para el edil, la entrega de estos activos es inaceptable porque «no hay ninguna explicación razonable para que el Estado pueda expropiar bienes municipales sin que haya una compensación económica por esa expropiación». Sichel enfatiza que, a diferencia de otras comunas, en Ñuñoa las propiedades fueron compradas con recursos propios generados por los vecinos mediante patentes y contribuciones, y no con fondos del presupuesto nacional: «Es plata que se invirtió de los vecinos y que se la lleva el Estado a cambio de nada; es como si te quitaran tu casa y el Estado no te pagara nada«.
A su juicio, todo el sistema de SLEP debe ser reformulado, para que “no sea blanco o negro”, pues a algunas comunas les conviene pasar tanto los inmuebles como la administración de la educación de sus escolares al Estado, pero a otras, como Ñuñoa, no, pues no sólo tiene colegios comprados con recursos propios, sino que tiene colegios municipales con excelentes resultados académicos. Desmantelar aquello que funciona bien por lo que califica como un «gustito ideológico» del gobierno, lo tilda de irresponsable: «Están experimentando con los hijos de otros para ver si de verdad funciona. Lo que tienen que hacer es dejar que lo que funciona bien siga funcionando bien y dedicar los recursos del SLEP a corregir aquellos colegios que tienen problemas». Sichel propone un sistema mixto donde puedan convivir los servicios locales con administraciones municipales de excelencia.
Punta Arenas: hicieron la subdivisión, pero el SLEP inscribió igual una iglesia y una junta de vecinos
Si bien Contraloría dispuso que las municipalidades que tengan inmuebles de uso no educacional en el rol de una escuela o liceo, pueden subdividirlo y traspasar sólo lo que corresponde a fines académicos, en la municipalidad de Punta Arenas siguieron esa directriz y tomaron esa prevención legal, pero aún así el SLEP Magallanes inscribió una iglesia y una junta de vecinos como de su propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.
El caso ocurre en el predio de la Escuela Especial Rotario Paul Harris. El municipio subdividió la propiedad original en dos: el Lote B (educativo) y el Lote A, este último destinado históricamente a la Junta de Vecinos N°26 Barrio Croata y a la Iglesia Pentecostal Doctrina y Espíritu. A pesar de que estas instituciones cuentan con comodatos vigentes y usos de culto ajenos a lo pedagógico, el 11 de marzo de 2025 el Conservador inscribió el lote de la iglesia y la sede vecinal a nombre del SLEP.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), denuncia que, tras un año de gestiones, se encuentran en un punto donde la «voluntad verbalizada no se ha reflejado en ningún tipo de acción concreta» por parte de las autoridades de educación y califica todo el proceso de traspaso al SLEP Magallanes como “traumático”.
Para el edil, la implementación de la ley ha estado marcada por arbitrariedades, donde «la certeza ha sido la excepción, la falta de respuesta a las diferentes preguntas es la regla«, dice a El Líbero. En ese sentido, Radonich critica que la Dirección de Educación Pública (DEP) no haya dictado las resoluciones modificatorias para subsanar estos errores de inscripción, manteniendo en un limbo jurídico bienes que pertenecen a Punta Arenas: «No vemos una actitud por parte de la DEP de entender que hay un problema y el silencio ha sido lamentablemente la regla», fustiga.
Además, tienen otros casos en riesgo. En el Liceo María Behety (foto de arriba) hay un Cesfam transitorio; en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, está la biblioteca municipal Gabriela Mistral y oficinas de salud y atención de niños; en la escuela Pedro Pablo Lemaitre hay un sitio baldío y en el liceo de niñas hay una casona donde funcionaba una escuela de arte municipal- “la Casa Azul»- que desde que pasó al SLEP el 31 de diciembre de 2023, dejó de funcionar.
Todas están subdivididas, pero la DEP aún no dicta las resoluciones con la individualización de las propiedades. El temor es que pase lo mismo que con la escuela Paul Harris, por lo que el alcalde solicitó en la Cámara de Diputados que se modifique la ley que regula el traspaso de los inmuebles.
Municipalidades piden que el proceso no siga avanzando y la DEP dice que tiene apertura para solucionar cada caso
Como presidente de la Amuch, el alcalde Palacios explica que “llevamos más de tres años solicitando formalmente una auditoría exhaustiva a los SLEP, no sólo en términos de calidad educativa, sino también respecto del daño patrimonial que han sufrido los municipios con su implementación. Creemos que una reforma de esta magnitud no puede seguir avanzando sin corregir fallas estructurales, sin escuchar a los municipios que enfrentamos las consecuencias directas de este modelo”.
Consultada la Dirección de Educación Pública (DEP), dirigida por Rodrigo Egaña, reconocieron que el uso compartido de inmuebles entre escuelas y otras instituciones es una «práctica habitual» de los municipios, pero que como DEP sólo están en condiciones de conocer las dificultades en los traspasos una vez que se comenzó a hacer el proceso y que el conflicto ocurre porque “los municipios no realizan la regularización de terrenos con anterioridad al traspaso, por lo que estos trámites se arrastran hasta el traspaso, generando la necesidad de que los SLEP, en paralelo a su proceso de traspaso de servicio educativo, deban asumir también un rol de ordenamiento del patrimonio traspasado, para distinguir aquello que tiene un fin educacional, o susceptible de desarrollo estratégico del servicio, de aquellas porciones de inmuebles que tienen usos distintos y se pueden dar en comodato u otra fórmula que la ley disponga”.
Con todo, aseguran que tienen disposición para solucionar los inconvenientes con «apertura de criterio», especialmente en zonas rurales, y destacaron que el Ejecutivo ingresó una modificación legal para facilitar la subdivisión de inmuebles que hayan tenido un uso “indispensable para la comunidad” durante 12 meses previos al traspaso.
Respecto a casos críticos como el de Punta Arenas, la DEP sostiene que situaciones donde se inscriben lotes ya subdivididos constituyen una «excepción y no la regla» dentro de la jurisprudencia administrativa.
Años de demora para restituir el dinero de finiquitos a las municipalidades
Otro aspecto que preocupa a los municipios que ya traspasaron sus servicios a los SLEP, es que cuando lo concretaron, tuvieron que despedir personal del área educativa que no pasarían al servicio. Los finiquitos de esas personas los debía pagar cada comuna y posteriormente cada SLEP les restituiría ese dinero. El problema es que a algunas el reembolso no ha llegado, generando un forado presupuestario.
Elena Blackwood, secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), cuenta a El Líbero que el día del traspaso (el 31 de diciembre de 2023), ellos lo hicieron en orden y con todas las leyes sociales y finiquitos cancelados. Sin embargo, a más de dos años de ese hecho, el SLEP aún no les deposita los cerca de $1.000 millones que destinaron para finiquitos e incluso comenta que el SLEP ha tenido dificultades para pagar las imposiciones de los funcionarios.
“¿Cuál es la mejora?”, se pregunta afirmando que todo el proceso ha sido muy poco prolijo por parte del SLEP, uno que además cuenta con su director, Mario García, suspendido y con un sumario administrativo abierto desde abril de 2025 debido a una presunta mala gestión y promesas salariales inviables para los profesores. Pese a ello, hasta diciembre se le seguía pagando un sueldo de $7,7 millones mensuales.
Sobre la millonaria deuda por indemnizaciones de personal finiquitado, la DEP informó que el retraso no es una omisión voluntaria, sino que responde a los tiempos de la Contraloría General de la República.
Según explican, el requerimiento de modificación presupuestaria para el reembolso se envió en el segundo semestre de 2025 -igualmente dos años después del pago- y hoy se encuentra en trámite de toma de razón, paso previo obligatorio para cursar los pagos pendientes.
Pero no son los únicos. En mayo pasado el diputado Bernardo Berger (Ind) y el alcalde de Corral, Claudio González, se reunieron telemáticamente con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para pedirle que se agilizara la restitución del dinero de los finiquitos. Pese a que salieron optimistas de la cita, pues el ministerio le encomendó al seremi acompañar el proceso, el equipo del diputado informó a este medio que “dicho apoyo no se concretó y el acompañamiento fue infructuoso, prácticamente nulo”, por lo que en octubre le reiteraron el problema al equipo del ministro, el cual les respondió “que ciertos documentos no serían aceptados por supuesta pérdida de vigencia, aun cuando habían sido enviados dentro de los plazos correspondientes” y eran de fácil subsanación.
A raíz de ello, desde la oficina del diputado dijeron tener “serias dudas respecto de la capacidad de gestión de la actual administración”, por lo que esperan retomar el proceso con el próximo gobierno.
Actualmente son más de 10 las municipalidades que han manifestado en la prensa local su preocupación sobre la poca certeza respecto a los reembolsos.
«No es un tema sexy para la opinión pública, pero claramente para la municipalidad es un problema», dice Radonich, quien pide con urgencia una reforma donde se cumpla el traspaso «sin detrimento de la ciudad, ni de la municipalidad, ni menos del patrimonio».