El rugido de las motos y las llamativas mochilas de colores -de aplicaciones de reparto como Rappi, Uber, PedidosYa o DiDi- han llenado las calles del país. Casi como un imán han servido para incentivar a una serie de migrantes a trabajar a través de ellas. Tal ha sido el fenómeno que casi un cuarto de los venezolanos ha decidido ingresar al mercado laboral chileno de la mano del delivery y más de la mitad de los repartidores son extranjeros.
Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional a Migrantes -un trabajo realizado en colaboración entre el Servicio Nacional de Migraciones, el Banco Mundial y el Centro de Encuestas UC y Estudios Longitudinales- a la que El Líbero tuvo acceso, las facilidades que otorga la modalidad de trabajo, los bajos requisitos, la vulnerabilidad del sistema y la simplicidad del registro captaría el interés de los extranjeros que persiguen una mejor situación financiera en el país. Según las cifras del estudio, la estabilidad económica es la principal razón por la que eligen Chile para migrar, respuesta que entregó en torno al 40% de los venezolanos, haitianos y bolivianos; y cerca del 30% de los colombianos y peruanos.
Fuentes ligadas a esta investigación comentan fuera de micrófono a El Líbero que siendo socio repartidor “un extranjero puede fácilmente en estas aplicaciones hacerse hasta 1.000 dólares al mes y el mismo estudio muestra que el envío de remesas, por ejemplo, por parte de los venezolanos en promedio es cerca de $110.000”.
La encuesta, que buscaba reunir datos actualizados sobre la población migrante residente en Chile, contactó a 3.153 personas que llegaron al país desde 2016. Allí quedó en evidencia que el 23,8% de los venezolanos trabaja precisamente en plataformas digitales –vía aplicación móvil o plataforma web–. En el mismo rubro se desempeña un 10,8% de los colombianos, un 10,4% de los peruanos, y en menor medida bolivianos (6,1%) y haitianos (5,5%).
“La proporción de extranjeros que trabaja en aplicaciones web es considerablemente más alta que los nacionales. Cerca del 25% de los ciudadanos venezolanos encuestados trabaja en estas aplicaciones, y considerando que son más de 450 mil, es fundamental ver el cumplimiento de la normativa laboral, sus permisos de trabajo y el resguardo de sus derechos laborales. Hay que recordar que, según la nueva ley de migraciones, la reincidencia de trabajar sin permiso de trabajo es causal de expulsión”, apunta una minuta enviada por el Registro Nacional de Migración a una serie de ministerios del gobierno anterior, a la que este medio tuvo acceso.
A su vez, un estudio realizado por la Mutual de Seguridad en junio de 2021 -que buscaba caracterizar el perfil de los prestadores de servicio de plataformas digitales- concluyó que los repartidores son mayoritariamente hombres (87%), que el 77% tiene entre 25 y 45 años y que el 56% del total son extranjeros y el 43% chilenos. En la misma proporción, un 43% son de nacionalidad venezolana, 4,4% colombiana, 3,5% peruana, 1,9% haitiana y en menor medida están argentinos, bolivianos y ecuatorianos.
El tema ha trascendido al Poder Legislativo debido al auge y consenso de que podría ser la puerta de entrada de los migrantes al trabajo en el país, lo que podría prestarse para irregularidades. Desde ahí han presentado dos mociones que buscan regular el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales. El primer proyecto fue ingresado por cuatro diputados en marzo de 2019 y se mantiene en su segundo trámite en el Senado. El segundo, que buscaba aumentar las garantías para los trabajadores, ya fue aprobado por la Cámara Alta y es Ley desde el 11 de marzo de este año.
Durante esa discusión el sociólogo Giorgio Boccardo afirmó que “la flexibilidad de la jornada laboral descansa en la existencia de un mercado juvenil con dificultades para insertarse en otros tipos de trabajo, de gente desempleada y de fuerza migrante cuya primera puerta de entrada en el mercado laboral es esta”.
En la misma línea, como invitada a la discusión del proyecto que aún no ve la luz, Carmen Espinoza, presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de Chile, aseguró que “en Chile, la mayoría de los trabajadores de plataformas como Uber, Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats o Cornershop son migrantes y no tienen contrato de ningún tipo, cobertura de salud, jefatura clara o visible y, en ocasiones, ni documentos”.
Mariana Alcérreca, gerenta de Asuntos Corporativos de Mutual de Seguridad, valora la aprobación de la Ley, ya que confirma que “la no necesidad de formalizarse generaba un incentivo” para los extranjeros, quienes han tenido la oportunidad de ingresar a este mercado laboral.“Hay muchas plataformas que ya exigían un número de Rut aunque fuera provisorio, pero hay otras que no, que no exigen nada, entonces eso efectivamente debería terminarse”, asegura Alcérreca. Sin embargo, la legislación aprobada no regulará el ingreso a las aplicaciones, sino las condiciones laborales.
La «Rappi-da» forma de registrarse
En este escenario, la rigurosidad del proceso para unirse a las aplicaciones de reparto surge como uno de los principales cuestionamientos. Rappi, una de las aplicaciones más utilizadas –según precisa la misma empresa en su página web– es, al mismo tiempo, la empresa que solicita menos requisitos para ser miembro de su plataforma.
Un teléfono Android –ya que la aplicación no está disponible para cuentas IOS– y ser mayor de edad son los únicos requerimientos para la inscripción sencilla de bicicletas. En caso de moto o auto, solo se agrega la solicitud de licencia de conducir.
Y es que las aplicaciones son una fuente de oportunidades para los migrantes que llegan al país. Al ingresar al blog Soy Rappi –creado por la misma aplicación– se pueden observar una serie de beneficios y facilidades para extranjeros.
La App entrega créditos a sus socios colaboradores para que puedan fácilmente adquirir una moto o una bicicleta. A través del mismo blog, la aplicación naranja ofrece el beneficio “Migrante” a través del cual, consiguiendo $300 mil en pedidos durante una semana, se puede acceder al beneficio.
Una meta que no sería compleja de alcanzar considerando que según fuentes cercanas al Servicio Nacional de Migración, en promedio un repartidor podría ganar aproximadamente mil dólares al mes.
Otra facilidad que permite la aplicación es que no es necesario tener acceso a una cuenta bancaria, basta con crear una cuenta a través de otra aplicación: MACH, una plataforma que permite, sin comisiones, de forma gratuita y virtual acceder a una tarjeta Visa, desde la cual se pueden hacer transferencias y pagos internacionales.
El Líbero contactó, a través de correo electrónico, en reiteradas ocasiones a la aplicación de reparto para conocer en detalle los requisitos que solicitan para ser socio de la App, los beneficios y saber la situación laboral de sus colaboradores, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta de Rappi.
Al ser consultados sobre los documentos solicitados, las apps contactadas –PedidosYa, Didi y Uber– sostienen que cuentan con un proceso de inscripción que solicita una serie de documentos. Carnet de identidad, licencia de conducir, certificado de antecedentes personales y del conductor, son parte de los requisitos para hacerse miembro. El problema no estaría en los requisitos solicitados por dichas empresas, sino en la vulnerabilidad de la inscripción.
Los documentos solicitados varían dependiendo de cómo se desplazará el socio conductor. Y es que un 45% de ellos utilizan bicicleta, para lo cual Uber solicita carnet de identidad, certificado de antecedentes, y tener al menos 18 años de edad. Un 27% lo hace a través de motocicleta, lo que requiere tener licencia de conducir Clase C, permiso de circulación, certificado de antecedentes y tener más de 18 años.
Ahora bien, para la inscripción de un conductor con automóvil, en el caso de Uber necesitará licencia de conducir, permiso de Circulación, certificado de antecedentes y ser mayor de 18 años. Mientras que en DiDi se le solicitará a la personas ser mayor de 21 años, incluir el carnet de identidad vigente en Chile –en caso de extranjeros, certificado de permanencia definitiva o en trámite, si su cédula de identidad no está vigente– licencia, foto de perfil, certificado de antecedentes, permiso de circulación y contar con un auto de cuatro puertas del año 2008 en adelante.
“Las condiciones en las que los socios conductores emprenden con nuestra plataforma se basan en la libertad y la flexibilidad. De esta manera, quienes manejan con DiDi pueden conectarse en el lugar y horarios que estimen conveniente, así como también fijar sus propias metas”, apuntan desde la aplicación de movilización china.
PedidosYa es otra de las aplicaciones más populares en este rubro. Desde la empresa de las mochilas rojas aseguran que para comenzar a prestar servicios como repartidores en la aplicación, las personas solo deben contar con carnet de identidad, licencia de conducir, permiso de circulación, certificado de antecedentes personales y del conductor.
En el caso de los requisitos exigidos por el supermercado online JOKR –que realiza despacho de pedidos bajo una modalidad similar– la oferta de trabajo exige experiencia como mensajero en vehículos de micro movilidad y ser propietario de uno de ellos, ya sea bicicletas eléctricas o motocicletas. En el caso de los motorizados, solicitan una licencia Case C vigente. El carnet de identidad también es un requisito y, en caso de ser extranjero, pueden presentar una Visa que, tal como especifican, puede estar en tramitación, pero no estar sujeta a contrato o perfil de estudiante.
Según fuentes cercanas al Servicio Nacional de Migraciones, el problema es que tras la solicitud de ingreso no hay un seguimiento. “Después de eso no hay nada. No hay seguimiento, no hay revisión de permisos de trabajo, no hay revisión de estatus migratorio, no hay contrato para que puedan después por ejemplo postular a una definitiva. Se genera un espacio de indefensión hacia los migrantes importante”, sostienen.
El engaño al sistema
Pese a los requisitos de las aplicaciones, El Líbero comprobó que a través de redes sociales los socios conductores vulneran fácilmente los requerimientos de las apps haciendo compra de perfiles, que cuentan con los requisitos solicitados por las plataformas.
Venta de cuentas evaluadas con cinco estrellas y falsificación de licencias de conducir para poder cumplir con los requisitos solicitados por las aplicaciones son las opciones más ofrecidas en estos grupos. Todas ellas cuentan con un gran interés por parte de los usuarios, quienes comentan y solicitan estos “servicios”.
Existen una serie de publicaciones a través de la cuenta de Facebook “Repartidores JUSTO Chile”, en la cual los colaboradores de las aplicaciones solicitan cuentas habilitadas para realizar repartos. Por $40 mil pesos una persona puede tener acceso a una cuenta de repartidor, sin tener los documentos solicitados, es decir, sin certificado de antecedentes, identificación, ni licencia de conducir.
El costo aumenta dependiendo de qué tipo de cuenta se esté ofreciendo, si se trata de una cuenta nueva creada solo con el propósito de venderla, tendrá un menor valor. En cambio, al tratarse de una cuenta antigua, con una cierta cantidad de viajes, estrellas o reconocimientos, el precio será mayor.
El grupo cuenta con 9.100 seguidores y es uno de los que tiene más interacciones entre los trabajadores de aplicaciones y quienes se interesan en hacer de estas una oportunidad laboral. Allí se ofrecen cuentas, mochilas para repartir los alimentos, motos, bicicletas, entre otros elementos que necesitará el conductor, pero además los socios repartidores se comparten consejos y advertencias propias de su labor.
La solicitud de las personas va más allá. También hay quienes piden licencias de conducir adulteradas para facilitar su ingreso a las aplicaciones. Para esta “oferta” también hay quienes solicitan enviar más información o saber el valor del documento.
Eso sí, este no es el único grupo de repartidores, también en Facebook existe otra colectividad cerrada con 49.600 miembros, denominada “Repartidores Pedidos Ya”. En este caso, para ser miembro hay que solicitar ingreso al administrador de la cuenta y comprometerse a cumplir con las reglas, una de ellas: «No se permite subir venta o arriendo de cuentas».
La urgente legislación
La tarea de establecer límites y condiciones a esta práctica laboral también ha mantenido ocupado al Congreso que, tal como se mencionó anteriormente, ha legislado sobre dos proyectos relacionados a esta materia. Hace dos semanas fue aprobada la moción que regula el trabajo en las aplicaciones digitales de reparto. La iniciativa, que incluyó un veto aditivo para modificar el Código del Trabajo, establece que los trabajadores de dichas empresas tendrán acceso a seguridad social, tal como lo reciben los trabajadores dependientes.
El senador David Sandoval (UDI), es uno de los cuatro parlamentarios patrocinantes de la iniciativa junto a Manuel José Ossandón (RN), la exparlamentaria Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS). Sobre el contenido de la ley, Sandoval cuenta que principalmente busca corregir la informalidad, establecer condiciones sobre qué es lo que debe contener el contrato de trabajo, especificar la naturaleza de los servicios, las condiciones en los que se debe prestar y la forma de cómo se establecen los resguardos básicos a este tipo de trabajadores donde también se considera el alto número de extranjeros. “Vemos a muchos migrantes sobre bicicletas, sobre bicimotos, motonetas y que evidentemente están en esa condición. Esta norma establece dentro de las condiciones finales unas tareas muy específicas», dice.
En esta línea, afirma que aunque la normativa “probablemente le signifique algunos costos adicionales” a las empresas, “atacará la informalidad en materia laboral y ayudará a terminar también con el uso irregular de inmigrantes que están además en condición irregular. Va a ser precisamente para procurar revertir esta situación”.
Sobre la misma regulación, el senador Manuel José Ossandón cuenta que es un proyecto complejo, pero que tiene por finalidad principal la regulación de los trabajadores de delivery que se encontraban en un vacío dentro de esta materia. Según comenta, “lo importante es que con esto se incorpora a dichos trabajadores a las reglas de la seguridad social y de accidentes del trabajo”.
Con menos éxito, la propuesta presentada por el Frente Amplio –Giorgio Jackson, Maite Orsini, Raúl Soto y Gael Yeomans– aún descansa en el Congreso. Dicha iniciativa, busca regular el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios y tuvo su último trámite el pasado 29 de abril de 2021.