Hoy se requiere construir una narrativa distinta, una que sin desconocer las dificultades actuales, sea capaz de ofrecer una perspectiva positiva y realista sobre el futuro. No se trata de optimismo ingenuo, sino de una visión fundada en decisiones responsables que aborden los desequilibrios heredados y sienten las bases de un desarrollo más sólido. Las medidas que se adopten en el presente en materia fiscal, económica o social deben ser comprendidas como parte de un proceso que busca resultados concretos en el mediano plazo.
Persistir en un relato exclusivamente negativo tiene un costo evidente. No sólo limita la confianza, sino que también restringe la capacidad de acción. Cuando la percepción dominante es que todo está mal o que nada funciona, se debilitan los incentivos para invertir, innovar o emprender. En cambio, una narrativa que reconozca avances, identifique oportunidades y proyecte crecimiento permite ampliar el campo de posibilidades para el país.
Este enfoque no puede sostenerse únicamente en declaraciones. Debe traducirse en políticas públicas consistentes, focalizadas y evaluables. El crecimiento económico, por ejemplo, no es un fin en sí mismo, sino el medio que permite generar los recursos necesarios para financiar políticas sociales eficaces. Allí donde el mercado no llega o no resuelve adecuadamente, el Estado tiene un rol insustituible, pero ese rol debe ejercerse con precisión, orientando los esfuerzos hacia grupos específicos y midiendo permanentemente sus resultados.
En este sentido la clave está en la coherencia. Las distintas medidas que impulse el Estado deben ser percibidas como parte de un mismo camino. Cuando las políticas apuntan en direcciones contradictorias o carecen de continuidad, la ciudadanía pierde confianza. Por el contrario, cuando existe claridad de propósito y consistencia en la acción, se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas.
Nada de esto es ajeno al esfuerzo que se exige a la sociedad. Es evidente que el país enfrenta restricciones y que avanzar implica costos en el corto plazo. Pero ese esfuerzo sólo es sostenible si va acompañado de una expectativa razonable de mejora. Las personas están dispuestas a asumir sacrificios cuando perciben que existe un rumbo claro y que los resultados llegarán.
En este punto, la dimensión social es tan relevante como la económica. El desarrollo no puede medirse únicamente en cifras de crecimiento o inversión. También se expresa en la calidad de vida, en la seguridad cotidiana y en la capacidad de reconocerse como parte de un proyecto común. La cohesión social no surge espontáneamente, se construye a partir de políticas, instituciones y también de símbolos que permitan a las personas sentirse parte de algo más amplio que sus intereses individuales.
Chile necesita, por tanto, avanzar en ambas dimensiones crecimiento y cohesión. No son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Un país que crece sin cohesión se fragmenta, uno que busca cohesión sin crecimiento se estanca. El desafío está en equilibrar ambas variables bajo una identidad compartida que dé sentido al esfuerzo colectivo.
Construir ese relato no es una tarea comunicacional, es una tarea política en el sentido más profundo. Implica definir hacia dónde queremos ir como sociedad y cómo organizamos nuestros recursos para lograrlo. Si somos capaces de hacerlo, el país no sólo dejará atrás la lógica de la lamentación, sino que podrá proyectarse con mayor confianza hacia el futuro.
