La Contraloría puso la lupa en varios municipios por sus desproporcionados gastos en celebraciones, que superaron ampliamente los recursos destinados a la asistencia social. En algunos casos se trata de municipalidades cuyos gastos ya habían sido objetados previamente por el ente fiscalizador, hay otros que involucran a alcaldes que en el pasado enfrentaron procesos judiciales por delitos como cohecho o fraude al fisco y algunos se han visto involucrados en polémicas por abusos o por golpear a concejales de su propia comuna.
Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, es quien ha enfrentado acusaciones de abuso; Juan Carlos Díaz de Talca, fue formalizado por el delito de cohecho cometido por empleado público, aunque posteriormente la Fiscalía decidió no perseverar con la investigación. Asimismo, Orlando Vargas de Arica, fue absuelto de un delito frustrado de fraude al fisco, mientras que José Bartolo de Huara fue formalizado por el presunto “acarreo” de sus estudiantes para que votaran por él en las elecciones de 2016; y Tatiana Vásquez Barrientos de Río Verde debió pedir disculpas públicas después de golpear a una concejala de su comuna.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22 presenta un análisis del gasto municipal en celebraciones, conmemoraciones y festividades durante 2024 y 2025. El informe revisó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades y concluyó que los municipios del país desembolsaron más de $31.034 millones en este tipo de actividades, en múltiples casos superando lo destinado a asistencia social directa a personas naturales.
En 2024, los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en fiestas y el destinado a ayuda social. En 2025, la situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica. Además, comunas como Río Verde ($981.871), Camarones ($198.915) y Laguna Blanca ($154.081) lideran el gasto per cápita en celebraciones, superando con creces el promedio nacional de $9.064 por habitante.
No es la primera vez que Contraloría objeta el manejo de los recursos en varias de estas comunas. De los municipios cuestionados en el CIC N°22, al menos cuatro tienen antecedentes directos con el ente fiscalizador en materia de recursos públicos.
En Talca, la Contraloría Regional del Maule detectó en 2016 que el entonces administrador municipal, hoy alcalde, Juan Carlos Díaz, cobró horas extraordinarias en días inexistentes, y en 2018 instó al Concejo a iniciar su destitución por haber firmado contratos pese a tener vínculos con la empresa prestadora de servicios. En Zapallar –que figura en el informe como una de las comunas con más gasto en celebraciones per cápita ($24.857)–, la Contraloría Regional de Valparaíso abrió en 2018 un juicio de cuentas por $97 millones en honorarios con servicios mal acreditados y montos desproporcionados, y en 2020 objetó los gastos del Día del Funcionario.
En San Gregorio –también incluida en el documento por el gasto per cápita asociado a celebraciones ($37.637)–, el organismo fiscalizador identificó en 2024 irregularidades en la licitación de los servicios de mantenimiento del generador eléctrico de la comuna; descuadre en varias cuentas corrientes del municipio; inexistencia de un registro de bienes; carencia de un procedimiento de mantención de vehículos municipales; retraso en el pago de 12 facturas a 30 días; y la realización de contrataciones vía trato directo; y les otorgó un plazo de 60 días para subsanarlas. En tanto, en Laguna Blanca, una auditoría de Contraloría de 2024 detectó deficiencias en el control interno de la información financiera, aunque el alcalde Fernando Ojeda atribuyó los problemas a la administración anterior.
Talca: El alcalde que cobró horas en días inexistentes
Talca aparece entre los municipios que durante el año 2024 presentaron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el gasto en asistencia social a personas naturales.
Su alcalde, Juan Carlos Díaz Avendaño (RN), lleva años en la mira de Contraloría. En 2016, cuando se desempeñaba como administrador municipal de Talca, la Contraloría Regional del Maule detectó que había registrado como trabajados los días 30 y 31 de febrero de ese año –fechas que no existen en el calendario– para cobrar horas extraordinarias. «Se observó que el funcionario don Juan Carlos Díaz Avendaño estampó la entrada y salida de la jornada laboral en fechas que no existen, lo cual denota una debilidad de control», consignó el informe.
En paralelo, ese mismo año fue formalizado por cohecho junto al entonces alcalde Juan Castro. El fiscal jefe de Talca decidió no perseverar en el procedimiento en 2018, por falta de antecedentes suficientes para sostener una acusación.
Sin embargo, en 2018 la propia Contraloría Regional del Maule instó al Concejo Municipal a iniciar un proceso de destitución en su contra por «notable abandono de deberes», tras un sumario administrativo que estableció que, cuando ejerció como alcalde subrogante en 2014, no se había abstenido de firmar un anexo de contrato de servicios de aseo pese a tener vínculos con la empresa prestadora, Sociedad de Transportes CTS Limitada. El representante legal de esa firma era también socio de otra sociedad con la que Díaz había suscrito una promesa de compraventa de un inmueble de su propiedad. A raíz de esto se dispuso un sumario administrativo en 2015, que fue aprobado en 2017.
Al ser un cargo de elección popular, Contraloría no puede ordenar directamente la destitución de un alcalde. Solo puede señalarle al Concejo los hechos que la ameritarían. No obstante, en el Concejo Municipal de Talca no se lograron juntar los votos para iniciar un proceso en el Tribunal Electoral del Maule.
Díaz fue reelecto en octubre de 2024 (es alcalde de la comuna desde 2016). Y este año asumirá como vicepresidente en la nueva directiva nacional de Renovación Nacional, encabezada por Andrea Balladares.
Alto Hospicio: el alcalde salpicado por denuncias de abuso
Alto Hospicio registró una diferencia superior a $90 millones entre gasto en celebraciones y asistencia social tanto en 2024 como en 2025. Su alcalde es el demócrata cristiano Patricio Ferreira Rivera.
En noviembre de 2025, Ferreira fue detenido tras la denuncia de una presunta violación interpuesta por una habitante de un campamento de la comuna. La agresión sexual habría ocurrido al interior de la sede comunal. Quien confirmó la detención fue Trinidad Steinert, entonces fiscal regional de Tarapacá y hoy ministra de Seguridad. Sin embargo, Steinert declaró en su momento que el Ministerio Público no estaba en condiciones de formalizar al imputado de inmediato. El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Estuvo detenido 22 horas y luego fue liberado sin ser formalizado. Días después se supo que la exfuncionaria Paula Astudillo, quien trabajó en la municipalidad como encargada de fomento productivo, también presentó una denuncia por abuso a mediados de 2025.
Ferreira es parte del sector más de izquierda de la DC. En 2021 integró la lista ganadora de las elecciones internas encabezada por Felipe Delpin, la misma que llevaba a Yasna Provoste como tercera vicepresidenta, y asumió como vicepresidente de la colectividad. Desde esa posición, en 2022 fue uno de los firmantes de la «carta abierta a la militancia» que llamó a combatir el miedo ante el plebiscito constitucional, alineándose con el Apruebo para el primer proceso constitucional. Ese mismo año también suscribió el documento «Más Allá del Plebiscito» impulsado por el Instituto Desafíos de la Democracia, que buscaba establecer principios comunes independientemente del resultado del 4 de septiembre.
En marzo de 2023 protagonizó una polémica tras declarar en CNN que las maras estaban instaladas en Alto Hospicio, «en las tomas particularmente», y que el Tren de Aragua también operaba en la comuna. La declaración fue refutada tanto por el Gobierno como por la Fiscalía.
Río Verde: la alcaldesa que debió pedir disculpas públicas por golpear a una concejal
Río Verde es una de las comunas más pequeñas de Chile: apenas 102 habitantes según el CIC N°22, que la sitúa como la municipalidad con mayor gasto per cápita en celebraciones del país, con $981.871 por persona. Una cifra que contrasta con el tamaño del municipio, pero que no es el único dato llamativo asociado a su alcaldesa, Tatiana Vásquez Barrientos, quien ganó la elección de 2024 como independiente, pero antes dirigió el municipio por más de 20 con el respaldo de la UDI.
En noviembre de 2015, durante una sesión del Concejo Municipal en que se votaba el presupuesto de educación y salud, Vásquez golpeó con el antebrazo en el rostro a la concejala Maritza Rivas López, militante de RN. Fue la primera vez en años que el Concejo rechazaba los presupuestos municipales, y según la afectada, la alcaldesa ya venía tensa por otro flanco: el cobro de la devolución de viáticos mal pagados, de acuerdo con las reseñas de la prensa de entonces.
Según contó Rivas, la alcaldesa levantó el puño con el objeto de pegarle, pero como la concejala estaba sentada a su lado, el golpe lo dio con el antebrazo. «Jamás en mi vida me imaginé que algo así podía ocurrir. Estamos entre gente medianamente inteligente, educada, ella es abogado», declaró Rivas tras el episodio. Esa misma noche, Vásquez fue detenida por lesiones leves.
El proceso penal concluyó en 2016 con un acuerdo reparatorio. En la audiencia de formalización, la alcaldesa leyó sus disculpas: «Señora Maritza Rivas López, yo personalmente le pido disculpas en esta audiencia, fueron circunstancias y actos que espero no se vuelvan a repetir, y se lo estoy manifestando de todo corazón». La concejala rechazó los $300.000 ofrecidos como compensación y pidió que fueran donados a la Fundación Amadown.
Arica: el alcalde que ha sido absuelto dos veces
Orlando Vargas Pizarro fue concejal, diputado por el distrito 1 entre 2010 y 2014, y hoy encabeza la municipalidad de Arica. A lo largo de esa trayectoria acumuló dos procesos penales. En ambos fue absuelto.
El primero llegó cuando aún era exdiputado. El Ministerio Público lo sindicó, junto al exalcalde subrogante Osvaldo Abdala Valenzuela y el exconcejal Emilio Ulloa Valenzuela, como autor del delito frustrado de fraude al fisco. En diciembre de 2018, fue absuelto con un veredicto unánime. El tribunal fue explícito en su razonamiento respecto de Vargas: el delito imputado era una figura especial que exige que el sujeto activo sea funcionario público que intervenga en razón de su cargo, condición que el tribunal estimó que no se cumplía en su caso. Los otros dos acusados también fueron absueltos, por insuficiencia de prueba.
El segundo proceso fue más reciente. En octubre de 2025, el Juzgado de Garantía de Arica lo absolvió como querellado por injurias y calumnias por medios de comunicación social, en un juicio oral simplificado. La magistrada Kathyuzka Drpic González fundamentó la absolución en que la prueba aportada por la parte querellante no alcanzó el estándar requerido para destruir la presunción de inocencia.
De acuerdo con el informe de Contraloría, tanto en 2024 como en 2025, Arica figura entre los municipios que presentaron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el gasto en asistencia social. En ambos años figura en el segundo lugar del ranking, siempre por detrás de Alto Hospicio.
Ante el CIC N°22, el alcalde de Arica señaló que desde el inicio de su administración redujo en casi $400 millones el gasto en celebraciones durante 2025 respecto a 2024. Pero admitió que una parte importante del presupuesto de eventos corresponde al Carnaval con la Fuerza del Sol, donde se invierten cerca de $600 millones; pero justificó que éste genera un retorno estimado de casi dos millones de dólares para la ciudad.
Huara: el alcalde que llegó por sorteo y fue formalizado por acarreo
José Bartolo Vinaya (independiente-UDI) ganó la alcaldía de Huara en 2016 por sorteo, luego de que el recuento de votos arrojara un empate exacto con el entonces alcalde Carlos Silva.
Cuatro años después, en 2020, fue formalizado por el Ministerio Público por «acarreo de votantes»: la Fiscalía acreditó que, aprovechando su cargo de profesor en la Universidad Santo Tomás sede Iquique, solicitó a sus alumnos que cambiaran su domicilio electoral a Huara –sin cumplir los requisitos legales– para votar por él en las elecciones de 2016.
La indagatoria tuvo su origen en una querella presentada por el entonces diputado Hugo Gutiérrez (PC). Según Gutiérrez, detuvieron a un hombre ebrio en un local de votación y éste exhibió un papel con el nombre del candidato y declaró que le habían pagado para votar. El exparlamentario también afirmó que Carabineros detuvo un bus y al interrogar al conductor dijo que acarreaba a los pasajeros para llevarlos a votar por Bartolo. Tras la formalización quedó con arraigo nacional y un plazo de investigación de 120 días.
Pese a todo ello, Bartolo fue reelecto en octubre de 2024 con 66,8% de los votos sin que exista –al menos en registros públicos accesibles– una condena o resolución judicial final documentada sobre la causa.
En otro episodio, la presentación de su cuenta pública en 2023 que se estaba transmitiendo en vivo fue interrumpida por la irrupción de videos pornográficos. «Hemos sido vandalizados, hackeados y hemos tenido problemas con nuestro sistema operativo», explicó el jefe comunal, quien anunció que realizaría la ceremonia de manera presencial.
Durante 2024, el municipio de Huara registró una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales.
Laguna Blanca: dos veces ante la Contraloría
Fernando Ojeda González (PS) llegó en 2021 a romper 26 años de hegemonía de la UDI en Laguna Blanca. En 2024, la Contraloría publicó los resultados de una auditoría a los estados financieros del municipio, que identificó deficiencias en el control interno de la información financiera correspondiente al período enero-junio de 2023. Desde la municipalidad respondieron que esas irregularidades «corresponden a la administración comunal» anterior, la del gremialista Ricardo Ritter. «Viene de un problema de la jefa de finanzas de la administración anterior y es un atraso de información. No hay malversación ni nada de eso», afirmó Ojeda en ese momento.
Ahora, ante el CIC N°22 –que sitúa a Laguna Blanca entre las cuatro comunas de la región con mayor gasto per cápita en celebraciones durante 2024-2025, con $154.081 por habitante– el alcalde salió a justificar los desembolsos. «Nos caracterizamos por organizar actividades de muy bajo costo. Estas van desde el lanzamiento de un libro por $500.000, hasta encuentros comunitarios en torno a la cocina chilota o jornadas deportivas por cerca de $6.000.000», señaló mediante declaración pública.
El municipio también destacó que su actividad más grande es el Festival de la Esquila, «un evento de naturaleza distinta, de carácter regional y motor de nuestra identidad». Y concluyó que «la ejecución financiera refleja un actuar responsable, equilibrando las urgencias sociales en salud y educación, con el sano derecho a la cohesión y esparcimiento de nuestra comunidad».
San Gregorio: irregularidades ya objetadas
La alcaldesa Jeannette Andrade Ruiz (DC) ya había sido puesta en el radar de Contraloría en enero de 2024, cuando el organismo publicó un informe con una serie de irregularidades: errores en licitaciones, descuadres en cuentas corrientes, inexistencia de un registro de bienes, contratos vía trato directo sin respaldo suficiente, y deudas impagas de TAG, entre otras.
El ente fiscalizador otorgó un plazo de 60 días hábiles para subsanar las observaciones. Desde la alcaldía respondieron que «no se ha actuado dolosamente ni de mala fe» y que «todas las observaciones fueron debidamente corregidas y justificadas». Andrade, que milita en la Democracia Cristiana, fue elegida en enero de 2026 como tercera vicepresidenta de la directiva regional de la DC en Magallanes.
Ollagüe: ya se habían detectado gastos excesivos en viáticos
Ollagüe es una de las comunas más remotas y pequeñas de Chile: alrededor de 256 residentes habituales, ubicada en la frontera con Bolivia en plena región de Antofagasta. Su alcalde, Jhean Ramírez, de ascendencia quechua, llegó al cargo en 2024 después de haberse desempeñado como concejal.
En marzo de 2026, Ramírez estuvo en las noticias ya que participó junto al diputado independiente Sebastián Videla en la excavación de una zanja en un paso fronterizo no habilitado en la Provincia de El Loa, utilizando maquinaria pesada con el objetivo de bloquear rutas clandestinas usadas por el crimen organizado para el tráfico de vehículos robados hacia Bolivia. La acción generó una reacción inmediata desde Santiago: la entonces ministra de Defensa, Adriana Delpiano, criticó: «No puede ser que cualquiera por su cuenta haga lo que le parezca hacer, porque eso no nos corresponde a ninguno de nosotros».
Ramírez, por su parte, se limitó a señalar que esperaba que «todo esto sea por un bien mayor».
La comuna apareció en el CIC por su gasto per cápita asociado a celebraciones ($35.100).
Antes, en octubre de 2025, una revisión interna detectó que el gasto en viáticos había superado los $120 millones en el año, cifra que el propio alcalde calificó como «elevada y excesiva», con lo cual Ramírez tomó la decisión de restringir los cometidos de servicio fuera de la comuna. «Simplemente, como la autoridad que hoy día me escogió el pueblo, tengo la atribución de decidir en qué reuniones son importantes para el bienestar de nuestra comuna y cuáles no», explicó, y anunció que se avanzaba en la elaboración de un reglamento interno de viáticos. Aclaró, eso sí, que el monto de 2025 era inferior al del año anterior y que no se estaban eliminando los viáticos, sino las reuniones que no justificaban el gasto.