El debate sobre la modernización de la institucionalidad ambiental en Chile ha cobrado un nuevo impulso con la coexistencia de dos iniciativas legislativas clave que buscan redefinir el rol del Comité de Ministros y reducir la carga política en la toma de decisiones. El proyecto de ley (Boletín 16552-12), centrado en la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social (Boletín 18.216-05), plantean una reingeniería indispensable para dotar de mayor eficiencia y certeza jurídica a los procesos de inversión en el país.
El Boletín 16.552-12 introduce ajustes relevantes en la gobernanza del sistema ambiental, mientras que el Boletín 18.216-05 se orienta principalmente a perfeccionar su funcionamiento sobre la base de la institucionalidad vigente.
Respecto al Boletín 16.552-12, uno de los cambios más estructurales es la eliminación de las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Al suprimir estas instancias regionales integradas por autoridades políticas, la calificación inicial de los proyectos se radica exclusivamente en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), buscando que las decisiones respondan estrictamente a criterios técnicos. En este esquema, el Comité de Ministros se configura como la instancia única de reclamación administrativa, lo que permitiría uniformar la interpretación de la normativa ambiental a nivel nacional y reducir la influencia de factores coyunturales.
Complementariamente, el Boletín 18.216-05 introduce medidas profundas para acotar las potestades revisoras del Estado y brindar estabilidad a los titulares de proyectos. Entre sus propuestas destaca la reducción del plazo de invalidación administrativa de dos años a solo seis meses, estableciendo además que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables ya no podrán ser invalidadas por vía administrativa, sino únicamente a través de recursos ambientales especiales. Asimismo, este proyecto busca fortalecer al SEA como rector técnico, otorgándole la facultad de controlar que los organismos sectoriales no excedan sus competencias ni impongan exigencias improcedentes.
La integración de ambas reformas permitiría abordar las deficiencias históricas en la gestión de plazos y la incertidumbre jurídica a través de una suerte de «doble candado» contra la discrecionalidad. Mientras el Boletín 16.552-12 actúa como un ordenador de la casa institucional al centralizar la decisión técnica, el Boletín 18.216-05 opera como un protector del acto administrativo, introduciendo un régimen de evaluación abreviada y límites claros para las medidas cautelares que paralizan proyectos. Esta arquitectura conjunta permite que el Comité de Ministros deje de ser percibido como un espacio de bloqueo para transformarse en un garante de la técnica y la legalidad.
Esta centralización debe, sin embargo, complementarse con una adecuada consideración de las particularidades territoriales, asegurando que el desarrollo económico y la protección del patrimonio natural converjan en una misma trayectoria de progreso. Recientes decisiones del Comité han mostrado que, cuando la instancia ministerial actúa con una mirada de país, puede impulsar carteras de inversión estratégicas en regiones, desde minería no metálica hasta obras de resiliencia hídrica con un nivel adecuado de resguardo ambiental. Contar con tiempos acotados y reglas claras no es solo una mejora administrativa; es una condición básica para la justicia ambiental y la competitividad del país.
Avanzar hacia un desarrollo sostenible exige simplificar lo redundante y fortalecer lo esencial. Reducir espacios de discrecionalidades “políticas ideológicas”, que no velan por el bien común del país y acotar los tiempos de decisión no implica debilitar la exigencia ambiental; por el contrario, permite concentrar capacidades en evaluaciones más rigurosas y decisiones más consistentes.
Chile requiere una institucionalidad ambiental que genere confianza. El desafío del Comité de Ministros es consolidarse como garante de la técnica y la legalidad, pero también del futuro de Chile, asegurando que desarrollo económico y protección del patrimonio natural converjan en una misma trayectoria de progreso.
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