Ver la impunidad ante la violencia intolerante en una universidad, y además estatal y financiada en gran parte por nuestros impuestos, es sencillamente inaceptable.

La celebración del sábado 5 de octubre vuelve a dejar claro que, más allá del golpe militar (46 años) y del plebiscito (31 años), nada aglutina a los partidos de oposición. Los años pasan y continúan mirando hacia atrás, a los años de dictadura y recuperación de la democracia.

Ya lo había dicho Joseph Ramos, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productividad: “Los migrantes contribuyen mucho más al país de lo que al país le cuesta”. Y el informe de política monetaria de junio del Banco Central estableció su efecto positivo sobre el crecimiento tendencial y la productividad, dado que tienen mayor nivel educacional promedio que los chilenos y llegan a empleos de menor calificación.

Es un hecho que la campaña de Bachelet II, a pesar de ser la más millonaria en la historia de Chile, quedó con deudas. Y es este saldo el que contribuye a financiar la multinacional brasilera y también, en Chile, Ripley, como afirmo en mi libro «Michelle Bachelet 2014-2018: Detrás de la derrota».

Convengamos una cosa: Chile no se despegó de América Latina porque nuestros políticos legislaran mejor. Lo hizo porque tomó una serie de medidas estructurales (como abrir la economía y darle autonomía al Banco Central) y porque hasta el segundo gobierno de Bachelet procuró equilibrar la política con la técnica en comisiones expertas que analizaban primero los temas y formulaban propuestas que luego tomaba el legislativo.

La rudeza del diplomático asiático, instando al diputado UDI a “trabajar más por el pueblo de su distrito”, no es más que una muestra de su poder dentro de una nación que le disputa el protagonismo mundial en los negocios, las comunicaciones y el transporte a Estados Unidos.

Estamos mal cuando importan más las opiniones disparatadas de un político o tuitero que lo que responde la sociedad civil en una encuesta seria, donde participan voluntariamente y con sus rut. Estamos mal cuando creemos que en las redes sociales está la representación de esa sociedad.

Con tanta disonancia, La Moneda puso en riesgo la agenda legislativa en la que está al debe, logró unir a la oposición y hubo DC que se mostraron dispuestos a considerar la acusación contra la ministra Cubillos. Al otro lado, la música no sonó mejor.

Seguramente, muchos estarían dispuestos a reconocer con su almohada que prefieren que las cifras en Chile continúen empeorando con tal de regresar a La Moneda. Aunque sea a costa de que retrocedan los mismos que en el discurso dicen querer beneficiar. En realidad esa no es política, es politiquería.

Lo preocupante es el giro encabezado por el mismo Presidente, convirtiendo la política en un tablero de ajedrez comunicacional. En vez de ordenar sus filas, La Moneda resolvió el jueves introducir una indicación a su propio proyecto para reducir a 41 horas promedio semanal la actual jornada de 45 horas. La reducción será obligatoria y para todos, pero gradual… e incluirá la flexibilidad horaria en que el gobierno basaba su discurso de adaptabilidad.

Los derechos humanos son patrimonio del mal llamado progresismo. Y esa “superioridad moral” que les permite su apropiación volvió a quedar al descubierto esta semana cuando desde la izquierda calificaron de “políticamente reprochable” que fuera electo el abogado DC Sergio Miccocomo director del INDH en vez de reelegir por un nuevo período a Consuelo Contreras.

Aunque no existe jurisprudencia respecto a cuentas personales, cuando se usan intitucionalmente, la obligación de no bloquear usuarios debiera ser la misma. De otro modo, todas las autoridades podrían recurrir al artilugio para operar en twitter y ello redunda en menos democracia, no en más.