La terrible pandemia otorga el prolongado lapso de tiempo que permitirá rediseñar el disparatado proceso constitucional que, de haberse intentado en la forma y plazos con que fue programado, habría conducido ciertamente al colapso final de la democracia chilena.

Las manifestaciones no tienen por objeto ni una nueva constitución, ni una agenda social, ni uno que otro regalo populachero. Su propósito es arrastrar a Chile a una revolución populista “a la venezolana”, destituir al Presidente Piñera y demostrar que Chile no es gobernable para un presidente supuestamente derechista.

Quien escribe estas reflexiones fue un votante del señor Piñera, y por lo tanto ellas le son penosas. Por eso es que se atreve a plantear un consejo, cual es el de asumir que el Presidente le debe una explicación a su pueblo de por qué optó por dejar en la indefensión a la mayoría ciudadana cuando enfrentó el “estallido social”.

La incultura conduce rápidamente a la creación de mitos y Chile está demostrando una increíble capacidad para mitificar su propia historia. El ser humano mitifica todo lo que no entiende y, con nuestro actual nivel cultural, eso es casi todo (…) Por lo señalado es que lo mejor y más noble que podemos hacer es un gigantesco esfuerzo por mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, de manera que no sigamos siendo un criadero de bárbaros ignorantes.

Si es incómodo el escenario para los partidos políticos democráticos, lo es mucho más para los de extrema izquierda –el PC y el Frente Amplio– que llevan 40 años exorcizando la que llaman “Constitución de Pinochet” y, por tanto, no tienen postura que justifique su rechazo al proceso constituyente que se ha abierto. Nunca se pusieron en el caso de que ese proceso lo pavimentaría un gobierno de derecha, y ahora enfrentan una situación en que, si fracasa, habrán validado la “Constitución de Pinochet” y, si triunfa, los hará legitimantes de la “Constitución de Piñera”.

Tres circunstancias explican por qué predecir un desastre del proceso constitucionalista alcanza la categoría de certeza. Primero, porque el clima de polarización social que rodea este proceso nunca ha sido tan alto ni tan enconado. Luego, porque la vara marcada por la actual constitución es demasiado alta. Y finalmente, porque cada vez que se escuchan ideas para incorporar a la futura constitución se adquiere la convicción de que no parece haber nadie que si quiera entienda lo que es una constitución.

Redactar una constitución es algo tan trascendente, complejo y técnico, que tirar la tarea a la calle es de una ligereza e irresponsabilidad indignas de cualquier gobierno y parlamento serios.

Puede ser un buen argumento para una película, pero no para el diseño de un sistema democrático que cumpla con la elemental tarea de defenderse a sí mismo y de defender a quienes creen en él.

Pensar que el país está en condiciones sociales, políticas, económicas y culturales para procrear colectivamente una constitución con pies y cabeza a tres o cuatro meses de haber protagonizado una autodestrucción que no tiene parangones en la historia de los países presuntamente civilizados, es un acto de locura que solo podría encontrar alguna lógica si es que fue anunciado con el solo propósito de restaurar la tranquilidad pública.

La agresión sexual, la pederastia y la corrupción son delitos graves y especialmente lesivos socialmente, de modo que su denuncia no solo no debe ser coartada, sino rigurosamente promovida. ¿Cómo entonces se puede lograr eliminar el uso de la denuncia mentirosa e irresponsable sin entorpecer el curso de la denuncia justificada?

¿Por qué comenzó el estado chileno a abdicar de su soberanía? La respuesta es fácil y evidente: porque su clase política en masa cayó en la trampa de ser incapaz de precisar la frontera entre respeto a los derechos humanos y la legítima represión de la delincuencia, del narcotráfico, y la subversión violentista organizada.

La «mayoría silenciosa» tiene hoy más que justificadas razones para estimar que su contrato social ha sido flagrantemente incumplido por el estado y que eso le otorga todo el derecho a buscar una forma compatible con sus valores para ejercer su cuota de desobediencia civil como antesala de medidas más drásticas.