Si se quiere evitar que una minoría dañe a una gran mayoría, se debe regular a las empresas que dicen contar con capacidad para anticipar los movimientos de los mercados. Primero, porque es un engaño para quienes pagan por el servicio, aunque ello sea un contrato entre privados, y segundo porque es perjudicial para la enorme cantidad de ahorrantes pasivos del sistema.

¿Cuánto más tiene que suceder para que los ciudadanos con su voto, y los contribuyentes con sus recursos, entendamos que somos nosotros los poderosos, no los políticos, que son nuestros servidores?

Las encuestas señalan que un porcentaje mayoritario de los trabajadores quieren que el incremento del ahorro previsional propuesto en la reforma de pensiones que duerme en el Congreso vaya completamente a su cuenta individual. No quieren reparto y no quieren que sea el Estado el que la administre. ¿Será esta la razón por lo que ninguno de los políticos ha siquiera mencionado la posibilidad de que sean los propios trabajadores los que decidan quién les administre sus ahorros previsionales?

El estallido social y el posterior desenfreno de vandalismo y saqueo, más el Coronavirus, han dejado al descubierto las reales intenciones de un sector político ligado a la izquierda, que es el de hacerse con el poder por cualquier vía. En efecto, si es necesario apoderarse del ahorro de los trabajadores o sacrificar la independencia del Banco Central para poder financiar a un fisco controlado por ellos, y aunque ello desate la inflación que tanto daño hace a los más vulnerables, da lo mismo.

Del mismo modo que sangrar a un enfermo en el medioevo era una conducta aceptable y recomendable, pero conducente a una muerte segura, las soluciones económicas de ciertos políticos para sobrellevar esta crisis actual terminarían con la economía destrozada, como es el caso de algunos países vecinos.

No es trivial, además de inusual, que el Banco Central en su último IPOM haga una mención explicita al mundo político para su cooperación en reformas legales que requieren de urgente aplicación.

El “estallido social” les ha costado a los contribuyentes -no a los políticos que lo celebraban, por supuesto- una fortuna. Entre nuevos planes sociales sin financiamiento, más la destrucción de activos diversos (metro, supermercados, etc.), estamos hablando fácil de US$20.000. ¿Se imaginan lo que se podría haber hecho con esos recursos para enfrentar el doloroso impacto del “coronavirus”?

Lo crucial antes de tomar una decisión es evaluar si el problema de fondo se resuelve con una nueva constitución, y segundo es si quienes manejan el proceso, los políticos, son los calificados para hacerlo. El problema chileno no es que el chancho esté mal pelado, sino que nosotros, los contribuyentes, le estamos dando afrecho al chancho equivocado.

El problema de fondo es que todos los cambios propuestos para aplacar el descontento social no han sido suficientes para detener el creciente deterioro en el orden público y muchas de las proposiciones han sido boicoteadas por parte importante de la oposición.

El aumento de las pensiones básicas debe ser a costa de impuestos generales, no de cargo de los trabajadores, porque es social y económicamente injusto, atenta contra el crecimiento y los salarios de los que pretende proteger, e incentiva la informalidad laboral. La contribución del empleador para engrosar la pensión de sus trabajadores debe ir mayoritariamente a cuentas individuales, y deben ser éstos quienes decidan dónde y quién les administre sus ahorros.

Muchos parlamentarios de todo el espectro político han renunciado a discutir con la razón, privilegiando la emoción y el eslogan simplista; mal pronóstico tiene un país donde gran parte de su clase política hace alardes de su ignorancia.

Nadie ha dicho nada sobre el saqueo a los contribuyentes por parte del mundo político que apoya las barricadas, las quemas y toda suerte de actos vandálicos. ¿Cómo se definiría la extracción involuntaria de parte del fruto de nuestro esfuerzo, a través de impuestos y contribuciones, mediante intimidaciones como las multas o remate de bienes? ¿Cómo se definiría que el que cobra, sin posibilidad de competencia, para brindarnos protección y garantizar nuestro derecho a vivir en paz, no haga un intento serio para brindar dicho servicio?