Impresiona ver cómo las fuerzas políticas democráticas —oficialistas y de oposición, en toda su gama— reaccionan tardía o desaprensivamente frente al trágico curso de los hechos, parecido a lo ocurrido en nuestra sociedad en los dos años previos al quiebre democrático del 11-S de 1973.

Habiéndose cumplido un mes desde el inicio de la crisis política del 18-O, hay dos avances importantes para una perspectiva de salida de la actual situación. Por un lado, comienza a producirse un diagnóstico convergente de la crisis. Por el otro, con el acuerdo político de la madrugada del 15-N se crea la posibilidad de un cauce institucional para salir de ella, sorteándose así, al menos momentáneamente, el riesgo de una ruptura violenta del orden democrático.

Incluso las esmirriadas fuerzas democráticas se hallan atrapadas por la narrativa dominante, sin reparar que a su alrededor ha ido creándose una situación de insurrección popular. Inmediatamente después de desatada la violencia del 18-O, no reaccionaron coherentemente frente al asalto a la polis, en defensa del orden democrático. Hasta ahora no logran un compromiso público para frenar el uso de la violencia con fines políticos. En cambio, solo aplauden la protesta pacífica a cuya sombra se crean las condiciones para el despliegue de las tácticas violentas.

El desenlace de la protesta social que se inició en Chile hace ya más de dos semanas no se avizora aún, menos todavía los resultados que puede producir. Por el momento caminamos por la cornisa. La visión global del fenómeno no indica cuál será la salida, pero entrega elementos para anticipar posibilidades, riesgos y fracaso.

De nuestra propia crisis y del vendaval que trajo consigo no saldremos sin un ajuste mutuo de las comunidades imaginadas que cada uno guarda para sí como un valor apreciado; es decir, la idea de país y el sentimiento de nación con los cuales nos identificamos y en que nos gustaría vivir.

El retroceso de la democracia obedece a razones que no son puramente coyunturales. Más bien, se sitúa en el plano de la larga duración de los historiadores. Tiene que ver con la hipercomplejidad de las sociedades contemporáneas, los vertiginosos cambios tecnológicos y culturales, la continua creación destructiva que desenencadena el capitalismo schumpeteriano, la globalización de los mercados, la rápida pérdida de soberanía de los Estados nacionales y las radicales diferencias en el acceso al poder, la influencia y el status.

¿Qué  pasa con el fenómeno de lo  p.c. en las universidades chilenas? El intento de acallar a una estudiante de derecha por quienes discrepan de su pensamiento y dichos, ¿representa una manifestación de lo p.c.?

El estatus de esta desmadejada alianza es de por sí fantasmagórico: no tiene existencia legal ni política, solo un pasado común; no se halla respaldada por un pacto; carece de un programa; incluso su nombre no es propio, sino que le ha sido impuesto por los medios de comunicación.

La manifestación de una suerte de populismo virtual a nivel del espacio público —donde todo vale, pues sería expresión de los auténticos sentimientos de las masas— crea a ratos una atmósfera asfixiante de irracionalismo político y transforma la deliberación en un vulgar intercambio de denuestos. Crea la imagen de que la comunicación se democratiza cuando en realidad se degrada, convirtiéndose en una explosión de minúsculas batallas y gesticulaciones verbales que proyectan solo un espejismo de participación popular en la conversación de la polis. En este enrarecido ambiente, la democracia se debilita.

A pocos meses de comenzar el próximo, nuevo, ciclo electoral, resulta necesario atender a los síntomas de un clima que, de no modificarse, continuará acercándonos al populismo.

Sin duda, un grave problema del gobierno Piñera, que ahora lo hace aparecer descentrado, sin foco, confundido y confuso, es que no ha habido, precisamente, un eje; o sea, “una persona o cosa considerada como el centro de algo, y en torno a la cual gira lo demás”.

Tendremos la ocasión de escuchar los ruidos de una riña en vez de asistir a una confrontación de ideas, proyectos y visiones educacionales. Si el interés auténtico de la oposición es deliberar sobre el estado actual y futuro de nuestra educación, tiene a su disposición el mecanismo constitucional de la interpelación.