La última encuesta CEP confirma lo que la calle ya sabe: las personas ponen primero la delincuencia, los asaltos y robos, la salud, la educación, el narcotráfico, las pensiones y el empleo, en ese orden. Quienes deberían resolver esas urgencias, en democracia, son los tres poderes del Estado, siempre que sean independientes, probos y comprometidos. Pero esas mismas personas creen que las mejores instituciones del país son la PDI, Carabineros, las Universidades y las Fuerzas Armadas, y que las peores son los partidos, el Parlamento, las redes sociales, los tribunales, el Ministerio Público, el gobierno y los sindicatos. Dicho de otro modo, los tres poderes están reprobados. La situación no es nueva, pero Chile no era así hace unos años.
El dilema, entonces, es serio. ¿Quién resuelve los problemas de la gente si la gente no cree, desconfía y no respeta a quienes debieran representarla? Lo inquietante es que la pregunta no parece inquietar a muchos de los aludidos, porque si lo hiciera, el esfuerzo por cambiar se notaría.
Hay muchas violencias, y casi ninguna se anuncia como tal. Por eso conviene nombrarlas.
La primera es silenciosa. La gente observa la tribuna de shows mediáticos que no pocos representantes de la clase política montan también en sus redes. Eso ya es una forma de violencia, porque las personas no los sienten ocupados de lo común. Atentos a su propia vitrina, a ganar una elección, a sembrar la siguiente, a denostar al adversario como método de crecimiento personal, dejan solos a los ciudadanos. Hay excepciones, por cierto, pero no alcanzan.
Está, después, la violencia de ridiculizar al que piensa distinto. Hace pocos días el Partido Socialista difundió un panfleto que mostraba al Presidente con nariz de Pinocho y la frase “Kast miente”. No es una broma más en un país que siempre tuvo humor político. Es la investidura puesta al servicio de la descalificación, y eso vale para cualquier gobierno. La propia presidenta del partido, Paulina Vodanovic, reconoció el error y frenó el reparto, lo que la honra, pero el daño a las formas ya estaba hecho. Denostar no es argumentar.
Conviene detenerse en lo que la violencia política es. Es el uso deliberado de la fuerza o del poder para imponer objetivos personales o derribar al adversario, y prospera en la polarización, la fragmentación y el declive democrático. Hannah Arendt advirtió algo que ilumina estos días: el poder y la violencia son opuestos, y donde uno gobierna de verdad, la otra sobra. La violencia irrumpe, justamente, cuando el poder legítimo flaquea. Buena parte de lo que vemos no es fuerza, sino la confesión de su ausencia.
No es sencillo, de todos modos, disociar la violencia de toda acción política. Esta funda gran parte de sus medios en la negociación y la persuasión, pero aparece también poblada de demostraciones de fuerza: incitaciones, presiones, amenazas, excesos verbales, intimidación por el número. Charles Tilly, estudiando la acción colectiva, mostró que el conflicto violento acompaña de manera rutinaria la lucha por el poder. Y Vincent Bevins ha descrito cómo las revueltas masivas pueden terminar fortaleciendo regímenes autoritarios en lugar de mejorar la democracia. La violencia política, cuando se normaliza, rara vez entrega lo que promete.
Estos días duele más que nunca la actitud amenazante. Darío Quiroga, exasesor de Jeannette Jara, refiriéndose al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, deslizó: “¿No querrá ser como Portales?… fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí”. Inaceptable. Que la frase circule como una burla, y que haya que explicar por qué, es grave, ya dice algo del umbral que cruzamos.
Lo mismo ocurre con nuestros jóvenes, sobre lo que escribí en “¿Para qué marchan los estudiantes?”. Egresar del Instituto Nacional fue un orgullo por décadas; hace bastante que es otra cosa. “Tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba”. “Están advertidos, va a correr sangre”. Son amenazas recibidas el jueves por funcionarios del liceo, hoy bajo investigación, atribuidas a represalias por la expulsión de estudiantes en aplicación de la ley Aula Segura. Donde debería aprenderse a convivir, se aprende a amedrentar.
Hay, además, una violencia que se disfraza de derecho. Quienes dejaron de pagar el CAE no aceptan que se les cobre, aunque es razonable que quien tiene un buen sueldo deje de cargar a los demás con esa deuda. No cumplir la ley también es una forma de violencia cívica, porque una regla sin sanción no es una regla, es una sugerencia, y una norma que no obliga a algunos termina por no proteger a nadie. Y personeros del gobierno anterior, incluido el ex Presidente que anunció la condonación del CAE, hoy se manifiestan contra esos cobros. Un ex mandatario que ataca al gobernante en ejercicio comete asimismo un acto de violencia, porque revela que no ha hecho una reflexión profunda de su propia gestión. Es más cómodo culpar a la derecha de que el FES no saliera, pese a sus serios problemas, que reconocer el desequilibrio fiscal que dejaron.
Porque eso, en el fondo, es lo más violento: la corrupción, el tráfico de influencias, el mal manejo del presupuesto nacional y municipal, la ineficiencia del Estado. Todo ello toca dineros que podrían resolverle la vida a mucha gente. El gobierno anterior se fue tras los temas identitarios, dejó lejos a las personas y perdió el tiempo en el proceso constituyente mientras ingresaba y se consolidaba el crimen organizado.
Hay también una violencia que nace del abandono. Cuando la política se retira de los territorios, el vacío no queda vacío: lo llena otro poder. Decenas de alcaldes de la Región Metropolitana gobiernan amedrentados por el crimen organizado, algunos con chaleco antibalas. Eso no es un dato policial, es la confesión de que el poder legítimo se replegó. Volvemos a Arendt: donde el Estado retrocede, avanzan los que mandan por el miedo.
Está, por último, la violencia de las formas institucionales. Las acusaciones constitucionales están gastadas en Chile, y basta mirar los dos gobiernos anteriores. La oportunidad importa: si se negocian leyes relevantes, las acusaciones debieran esperar, porque aunque tengan razón, la política actual vive del canje, si apoyas la acusación, no apoyo la ley. Es otro hecho violento ante una ciudadanía que quiere ver a sus políticos construyendo futuro. Siendo una herramienta valiosa de la democracia, por eso mismo no debe abusarse de ella.
La CEP ratifica lo que sabemos hace años: la mayor desaprobación recae sobre los partidos y el Parlamento. ¿No les importa? A esa indiferencia se suma la falta de autocrítica, esa que daría algún consuelo al ciudadano. Decir “me equivoqué”, “lo siento”, “por eso perdimos”. Falta la virtud de la honestidad y el respeto democrático por el otro.
Porque perder una elección significa que quien gobernó no cumplió y que el deterioro se acentuó. Los indicadores muestran el aumento del desempleo, sobre todo el femenino, y un grave problema fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo lo certificó: tres años seguidos de metas incumplidas y, en 2025, el mayor desvío estructural que se recuerde en un año sin crisis. Las platas no alcanzan. No hubo terremotos, ni pandemia, ni una guerra. Sólo mala gestión y malos cálculos.
Se ha escrito mucho sobre el pesimismo de estos días. Chile sigue siendo un gran país y necesita un optimismo colectivo, pero el deterioro de los últimos doce años y la violencia política van erosionando esa posibilidad.
Desde Sócrates, la virtud se entendió como virtud pública: el ser humano bueno es el buen ciudadano. Los griegos sabían que una democracia real, y no solo formal, exige ciudadanos formados, porque nadie nace sabiendo ejercer la ciudadanía. Nadie dialoga, juzga, escucha ni consensúa de manera espontánea; todo eso hay que entrenarlo. Frente a tantas violencias, esa es quizá la única respuesta que no es violenta: rehacer, con paciencia, el lazo cívico que nos permite seguir siendo un nosotros. No es tarea de un gobierno. Es tarea de todos.
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