En Chile los problemas actuales son múltiples. La situación económica muestra una alta cesantía, bajo crecimiento, inflación todavía relativamente alta y dificultades de las personas para llegar a fin de mes. En materia social es muy grave tener un millón de desempleados, con todo lo que ello implica desde el punto de vista del desarrollo personal y para las posibilidades de sustento económico. A ello se suman otras tantas dificultades que hacen difícil la vida de muchos compatriotas. La seguridad sigue siendo un problema grave, si bien mejoran las cifras en diversos crímenes y el ingreso descontrolado a Chile ha disminuido radicalmente. A lo anterior se pueden añadir otros asuntos negativos, que mantienen a la sociedad preocupada y con justificados temores. No podemos omitir la sensación de tiempo perdido, los años de fracasos constitucionales, la frustración que sigue a la ilusión por los distintos gobiernos desde hace veinte años y tantas otras cosas más.
Los problemas no se acaban ahí. Gran parte de las dificultades de Chile están concentradas en la esfera política. Los enredos y contradicciones son múltiples: desde luego, la baja de popularidad del gobierno y la errores y fallas en el diseño y la conducción del proyecto del Presidente Kast; el Congreso Nacional y los partidos políticos tampoco tienen respaldo ciudadano, se entrampan en discusiones y muchas veces obstaculizan en vez de avanzar; se aprecia una clara primacía de las peleas pequeñas por sobre las políticas de Estado, a esta altura olvidadas en la historia. Hemos visto también un resurgimiento de las protestas, como suele ocurrir cuando hay gobiernos de derecha, lo que lleva aparejada una explosión de expectativas difíciles de cumplir (si no imposibles) y un ambiente que la mayoría de las veces niega la discusión y la deliberación democrática, para avanzar hacia posiciones radicalizadas y que rechazan la posibilidad de comprender las posiciones ajenas y, por ende, alejan los acuerdos.
No cabe duda de que parte de las dificultades provienen de lo que han sido estos primeros ocho meses del Presidente José Antonio Kast en La Moneda. El diseño político ha tenido fallas, algunos ministros han tenido numerosas complicaciones en el ejercicio de sus funciones, parece haber más capacidad técnica que política y donde todavía el Ejecutivo no logra encontrar el tono. Los errores no forzados han sido visibles y repetidos, lo que resta eficacia a la labor gubernativa, generando un escenario en que emergen otras fuerzas que quieren ocupar puestos de relevancia y disputar al Presidente de la República incluso sus prerrogativas.
En este esquema me parece que uno de los temas emergentes de la política actual es el surgimiento de un verdadero espíritu de fronda, con su sentido de grupo, rebelde, desobediente, con rasgos propios de quienes no están dispuestos a obedecer ni a subordinarse, mucho menos frente a un gobierno fuerte. Esta situación se aprecia tanto en las agrupaciones de gobierno como en la oposición, que en ocasiones hacen valer sus derechos y obligaciones, pero en otras pueden traspasar los límites, procurando obtener una influencia mayor. El tema, tratado por Alberto Edwards en su célebre libro La Fronda Aristocrática, tiende a desaparecer y a renacer en diferentes momentos de nuestra historia.
Los partidos que tienen participación en el gobierno, legítimamente, aspiran a una influencia mayor en la administración del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, es evidente que, desde un comienzo, el propio gobernante ha marcado el sello de su gestión, que ha implicado una consideración distinta de las agrupaciones, lo que se refleja en una subrepresentación de los partidos políticos en el gobierno, especialmente en tareas ministeriales. En el diseño original del Presidente de la República, resulta claro que los partidos tuvieron una posición subordinada y menor, frente a un esquema con una mayoría amplia de independientes. Llama la atención, sin duda, que algunas agrupaciones con trayectoria y con una importante votación y presencia parlamentaria –como son Renovación Nacional y la UDI, por ejemplo– tengan sólo un representante de sus filas en el gabinete, en tanto otros partidos claramente menores tengan también a uno de sus militantes en el ministerio, como son los casos del Partido Social Cristiano o de Demócratas. La explicación es que el diseño del gabinete no contempla la lógica de partidos, pero las decisiones tienen consecuencias.
De esta manera, los partidos y sus dirigencias, así como los parlamentarios, han procurado ser escuchados de distintos modos. Han ejercido sus influencias para la designación de seremis y otros cargos a nivel regional o nacional, así como ofrecen sus servicios a nivel gubernativo y manifiestan sus observaciones –muchas veces críticas– sobre el avance del gobierno. Hasta ahí todo bien, o más o menos bien. El problema, sin embargo, es más profundo: claramente los partidos, y en esto se puede incluir incluso al Republicano, muestran desconfianza hacia la marcha del gobierno, estiman que hay claros problemas en La Moneda, en el “segundo piso”, en el diseño del gabinete y en la conducción política del gobierno. Por lo mismo, piensan en la necesidad de hacer ajustes, modificar la composición del gabinete y “forzar” un giro importante, que el Presidente Kast resiste, porque no comparte esa forma tradicional de gobernar, rechaza la lógica transaccional con las fuerzas políticas y parece estar conforme con el trabajo de sus ministros y subsecretarios. En este último punto radica parte importante de la cuestión: ¿Cuál es el diagnóstico del Presidente Kast sobre el equipo de gobierno? ¿Ve los problemas que otros observan o sencillamente tiene una visión sustancialmente diferente? Con todo, es claro que los partidos no esperarán eternamente, la “fronda” está presente y busca gobernar con el Presidente de la República, que más bien estima que deben apoyarlo en el camino iniciado.
Quizá la expresión más extrema del espíritu de fronda es la que representan los partidos de la oposición, especialmente en su acción en el Congreso Nacional. No cabe duda que ellos siguen la tesis de que en Chile debe desarrollarse un parlamentarismo de facto, que debe enfrentar el poder del Presidente de la República y controlar la acción del Ejecutivo, reducir en la práctica sus prerrogativas y mover sus fichas en un sentido que modifique de hecho el régimen político. Para ello hay varias posibilidades de acción: las indicaciones excesivas a los proyectos de ley, la transformación de las acusaciones constitucionales en verdaderos juicios políticos, los intentos de transformar el presidencialismo chileno en un régimen distinto, el permanente obstruccionismo hacia la administración. Para ello la oposición encontrará eventualmente apoyos en personeros de derecha, dispuestos a acusar constitucionalmente a un ministro por razones políticas, porque su labor “no es viable” o por alguna otra razón no propiamente constitucional.
Como es obvio, estas acciones no son inéditas en la historia de Chile. Tuvieron presencia en la última parte del siglo XIX, durante el parlamentarismo chileno (también consuetudinario), en la era clásica de la democracia en las décadas centrales del siglo XX y en otros momentos hasta el presente. Lo sufrieron especialmente José Manuel Balmaceda, Arturo Alessandri y Salvador Allende, cuyas administraciones terminaron en sendas crisis institucionales. El propio gobernante socialista lamentó el comportamiento de los partidos de la Unidad Popular –con capacidad de decisión– hasta el último día de su gobierno: el Partido Socialista, que debía negar “la sal y el agua” al gobierno de Frei Montalva, en la práctica mantuvo esa misma orientación con su militante más relevante en el siglo XX. El obstruccionismo pareció instalarse en la fronda socialista y constituye una marca que se niega a desaparecer por completo. Desde la oposición, en el mismo gobierno de la Unidad Popular, el Congreso acusó constitucionalmente a numerosos ministros, aprovechando la mayoría conformada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional.
El tema no es de fácil solución y tiene aristas muy diversas. Una de ellas, que llegó para quedarse, es el espíritu de fronda, presente en los partidos y en el Congreso.
