Analizar las primarias del oficialismo nos obliga a responder por qué ganó Jeannette Jara, líder del “socialismo antidemocrático.” La respuesta es sencilla y se funda en dos rasgos psíquicos: la soberbia y la estulticia. Soberbias fueron las élites al pensar que la ministra de Seguridad del gobierno de Boric tenía alguna chance. Estultos, quienes apoyaron una reforma de pensiones que cumple con el anhelo mejor atesorado por los sepultureros del neoliberalismo. En la práctica, las platitas repartidas y el sistema debilitado coronaron a la ministra del Trabajo. El problema para los chilenos es que una comunista liderará la oposición en el próximo gobierno, lo que significa que no habrá orden ni paz social. Además, oímos a Lautaro Carmona hablar de nueva Constitución, aunque, una rápida mirada al proyecto político de Jara basta para saber que sería prácticamente innecesaria si es que llegara a La Moneda. Ello pues su programa es una copia fiel del primer texto y de los 12 bordes del segundo texto, ampliamente rechazados por la ciudadanía. ¿Por qué estamos hablando nuevamente de lo mismo?
Porque los medios y opinólogos, académicos y políticos se negaron a hacer un aprendizaje y asumir el veredicto de la ciudadanía. Se hicieron los lesos y siguieron promoviendo y aprobando leyes de género, permisología, derechos colectivos, más ministerios y un largo etcétera de todo lo que se rechazó en dos ocasiones. De ahí que no podamos extrañarnos del éxito democrático de un partido antidemocrático. Si no nos tomamos la democracia en serio, no nos podemos quejar. Le hicieron un golpe de Estado al gobierno de Sebastián Piñera, cambiaron las reglas del primer proceso constituyente sobre la marcha, no respetaron el rechazo del primer texto, violaron el artículo 142 y abrieron otro proceso sin consultar a la ciudadanía. Para rematar, los consejeros que fueron electos por estar en contra del proceso terminaron estando a favor y ahora se avanza un acuerdo que consagra la plurinacionalidad y los derechos colectivos también rechazados. Es esta la “cocina” que ha alimentado los estómagos de los enemigos de la democracia, puesto que la han vaciado de su médula ósea, cual es el principio de representatividad. De ahí que no pueda extrañarnos el triunfo de Jara cuyo liderazgo será, qué duda cabe, extremadamente negativo para la democracia. No solo porque con las dos patitas en la calle retomarán la violencia que abrazan como medio para avanzar sus propósitos totalitarios, sino porque, en la práctica, el PC liquidó al Socialismo Democrático y al Frente Amplio. Este último perdió prácticamente el 90% de la votación que obtuvo en las primarias pasadas. En suma, estamos ante un escenario de polarización muy peligroso que solo un gobierno dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que respecta al orden y la seguridad podrá enfrentar, siempre y cuando cuente con el apoyo de la ciudadanía.
¿Por qué opción se inclinará la mayoría en las próximas elecciones?
No es fácil aventurar una respuesta. Cuando me enteré de que Jara competiría contra Tohá supe que ganaría. Era tan obvio que solo la soberbia de la casta podía nublar los cielos del desierto. ¿Qué sucederá en adelante? Me parece que surgirán dos corrientes centrales. Una, la de los políticos y empresarios que apostarán por reforzar a Evelyn Matthei con la esperanza de que el centro político se vuelque en masa y la apoye para evitar que salga electo un candidato más a la derecha. De esta forma, se articularía un piso de apoyo lo suficientemente relevante como para darle gobernabilidad al país. De ahí que no será extraño ver a la candidata, en las próximas semanas, conversando con Amarillos o Demócratas, incluso con la DC y, por qué no, el PPD. Y no exagero.
¿Imagina usted al socialismo democrático apoyando a una comunista aliada de Cuba y Venezuela? Yo no. Por soberbios se metieron en el traje que confeccionaron, primero Michelle Bachelet y luego Guido Girardi. El problema para nuestra democracia es que terminaron desfondándose y ahora el interlocutor del próximo gobierno será un partido totalitario. La pregunta es si un gobierno de centro, aunque salga electo con amplia mayoría, será capaz de resistir a los embates de la violencia política. Creo que no. Me parece que poner las fichas en que el diálogo y los acuerdos evitarán la tragedia es, nuevamente, estulticia.
La segunda corriente es la del ciudadano de a pie, apolítico, que detesta el comunismo y entiende que a los enemigos de la democracia solo cabe aplicarles el imperio de la ley. Hablamos de ese 79% que votó en contra de la participación de los políticos en la segunda papeleta del plebiscito de entrada. Son los que ya no caminan tranquilos por las calles, no duermen por las noches, mueren en las colas de los hospitales y no llegan a fin de mes. Esos ciudadanos no quieren ni acuerdos ni diálogos, sino a un Bukele chileno que sea, como ellos, anticasta. ¿Quién encarna mejor esa figura? Lo sabremos cuando veamos a los candidatos de derecha debatir. En el intertanto sería sano para nuestra democracia que se recuperen los quórums constitucionales, se condene con pena de cárcel la violencia política, se recupere a la educación de las garras comunistas, se legisle para que gobernantes y parlamentarios se hagan el test de droga (el de pelo) y se termine de una vez con la amenaza a la refundación de la república. Imagino que éstos podrían ser mínimos comunes para una alianza de derecha, pero sospecho que la tentación por ver renacer a la Concertación será más fuerte y que, combinada a la soberbia y a la estulticia, se intentará revivir al muerto de los 30 años creando, involuntariamente, las condiciones de posibilidad y éxito del próximo golpe de Estado.

«Las condiciones de posibilidad y éxito del próximo golpe de Estado» se ven altamente favorecidas por algunos factores tales como los siguientes:
Considerando que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas tienen enormes e imprudentes restricciones legales para hacer uso de la fuerza y que solo pueden usar sus armas letales en caso de estar en riesgo la vida de personas, debido a que el Poder Judicial ha derogado en la práctica, por no aplicarlas, las normas del Código de Justicia Militar que eximen de responsabilidad penal a militares y carabineros en ciertos casos de uso de sus armas —y a que los carabineros no emplean sus armas letales ni siquiera en defensa propia, como lo vimos durante los luctuosos sucesos de octubre del año 2019— tales fuerzas carecen de capacidades disuasivas o represivas y, cuales espantajos, cumplen un papel meramente decorativo; incapaces para controlar el orden público o para resguardar debidamente instalaciones de la infraestructura crítica u otra clase de bienes públicos o privados. Y no solo eso, los manifestantes “pacíficos”, violentos y cobardes se burlan de ellos y los agreden impunemente.
El economista y académico Óscar Landerretche, al ser consultado a comienzos de junio de 2025 sobre qué lo haría creer en un cambio genuino de parte del Frente Amplio y del presidente Boric, en radio Infinita declaró: «Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias».
Al respecto cabe formular las siguientes preguntas:
¿Qué haremos cuando el Partido Comunista y las fuerzas más extremas de la izquierda intenten desestabilizar al país por medio de la violencia; por una asonada revolucionaria como ocurrió en el año 2019 que formó parte del proceso insurreccional en curso?
¿Qué haremos en circunstancias que, por una parte, las autoridades de gobierno inhibidas por el “discurso de los derechos humanos” —que considera violatoria de tales derechos cualquier uso de la fuerza destinado a reprimir la delincuencia, el vandalismo, la guerrilla, el terrorismo o la insurrección revolucionaria— no se atreven a usar la violencia física legítima del Estado a fin de cumplir su primerísima obligación que es la mantención del orden y la seguridad pública y promover el bien común; y, por otra, una fuerza pública cuyos miembros no se atreverán a actuar con el rigor propio de su profesión o, peor aún, que se insubordinarán y se negarán a salir a la calle por temor a ser acusados por el INDH u otras entidades de derechos humanos por “abuso de la fuerza” o por “violación de derechos humanos” y porque no serían juzgados por tribunales militares sino que por fiscales y jueces ordinarios que desconocen las características de las profesiones militar y policial y que no les aplicarán las eximentes de responsabilidad criminal establecidas en el Código de Justicia Militar (artículos 208, 410, 411 y 412), con lo que se expondrían a ser condenados a aberrantes, injustas y severas penas de prisión como ocurrió con el capitán de carabineros Patricio Maturana Ojeda, cuya sentencia condenatoria es una canallada que clama al cielo?
Aparte de la aplicación de la violencia física legítima del Estado ¿qué otra forma eficaz existe para enfrentar y reprimir o controlar a “manifestantes” o grupos armados radicalizados y extremadamente violentos que, sin Dios ni ley, no atienden razones y están dispuestos a destruirlo y a quemarlo todo?
Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) que están siendo discutidas en el Congreso son tan extremada e imprudentemente restrictivas —e, incluso, absurdas— que son verdaderas Reglas de No Uso de la Fuerza (RNUF) y que dejan a los militares, prácticamente, sin capacidades disuasivas o represivas; dejándole vía libre a quienes “quieren meterle inestabilidad al país” y promoviendo la anarquía, el caos, la disolución social y la violencia revolucionaria; y a quienes cometen actos vandálicos, guerrilleros, terroristas o subversivos y están llevando a cabo un proceso insurreccional para tomarse el poder.
Los textos de los proyectos de ley que se han conocido constituyen una verdadera renuncia del Estado a ejercer la violencia física legítima, de la cual tiene el monopolio, a fin de cumplir su función esencial como promotor del bien común, que es la conservación del orden público y así proteger los derechos humanos de los ciudadanos que desean vivir en paz y tranquilidad.
Sin el respaldo de la fuerza —la espada en la imagen tradicional de la justicia— no hay interés defendido ni objetivo alcanzable ni, en suma, política posible.
En pocas palabras, podríamos decir que las posibilidades de éxito del proceso insurreccional en curso se ven favorecidas por las absurdas restricciones para el uso de la fuerza y la inaplicación por los tribunales civiles de las normas eximentes de responsabilidad criminal establecidas en el Código de Justicia Militar, lo que hace que las Fuerzas Armadas y Carabineros estén incapacitados para cumplir sus misiones constitucionales en el ámbito interno en tiempo de paz; es decir, para controlar el orden y la seguridad públicas y para resguardar debidamente instalaciones de la infraestructura crítica u otra clase de bienes públicos o privados; así como para enfrentar una nueva asonada revolucionaria o intento de golpe de Estado; lo que significa que Chile está prácticamente indefenso ante tales amenazas.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política