Antes era más sencillo. Los gobiernos de la Concertación tenían sus conocidas “dos almas”: la del reformismo social y la de la disciplina modernizadora, que coexistían en una tensión más o menos controlada. Durante los dos gobiernos de Piñera, los analistas veían un alma tecnocrática-gerencial —la del pendrive 24×7— en constante conflicto con el alma política de una coalición que nunca terminó de comprender su propósito. En ambos casos, la metáfora de un alma dividida era valiosa por su claridad: sabíamos qué fuerzas estaban involucradas, aunque no siempre cuál acabaría prevaleciendo.
Indefinición contingente
El gobierno de Kast es distinto. Después de tres meses en el poder, lo que vemos no es una lucha de ideas, sino una variedad de impulsos divergentes que aún no han alcanzado un equilibrio. No se trata de una tensión gestionada, sino de una falta de definición estratégica que la realidad va mostrando semana tras semana. La cuestión ya no es quién domina, sino si el gobierno realmente sabe qué quiere ser. De momento, la respuesta es que no lo tiene claro. A continuación, analizamos las principales tensiones.
La emergencia permanente y su contrario
La primera y más visible indefinición es la que existe entre mantener un clima de exasperación perpetua —el sustrato emocional del “gobierno de emergencia”— y conducir desde una normalidad más sostenible.
El primer polo tiene su historia: los seis decretos de la primera noche, el shock del bencinazo, la retórica del “Estado en quiebra”, la tramitación extra rápida del proyecto misceláneo, la acusación constitucional contra el exministro Grau —atrabiliaria en su contenido y en su forma—, el escándalo de los niños haitianos que incendió los noticiarios durante 48 horas para desvanecerse con el primer soplido de verificación policial, y la guerrilla comunicacional cotidiana contra Boric y el pasado gobierno. Todo esto apunta a un gobierno que necesita el estado de alarma como oxígeno; que no puede gobernar sin un enemigo visible ni un tablero que tiemble.
El segundo polo también ha dado señales. Veamos. El intento de elevar a los ministros Alvarado y García Ruminot como cabezas de un (contra) estilo dialogante y transaccional. El llamado a la “unidad de todos” en el discurso del 1 de junio. El pronunciamiento del nuevo ministro de Seguridad de que le bastaba con la política de seguridad diseñadas bajo la administración anterior. La convocatoria a las y los alcaldes opositores a La Moneda para escucharlos, aunque fuese sin oírlos, como dijo alguien tras la sesión. La actitud abierta al diálogo de algunos dirigentes y parlamentarios de RN y Evópoli. La incipiente voz reflexiva de uno u otro columnista en el foro ciudadano.
Ambos polos permanecen sin resolverse, lo que refleja un problema en el diseño del gobierno, no una virtud de la complejidad. Un gobierno de emergencia que crea nuevas crisis cada semana termina desgastándose a sí mismo. Los escándalos fabricados —como los relacionados con la fiscalidad, los haitianos, los ‘parásitos’ y los ‘inciviles’— son un capital que se deprecia rápidamente: el ‘pánico moral’ de hoy requiere uno mayor mañana. Según argumento en otro análisis referido a la lógica social de los escándalos, estos se alimentan a sí mismos —su dinámica interna impulsa la escalada— pero cada ciclo deja un sedimento de cinismo que daña la credibilidad de quienes los generan. La industria del escándalo tiene costos crecientes y rendimientos decrecientes. Algunos en el gobierno parecen consciente de ello; por eso intentan administrar períodos de moderación, aunque no logra mantenerse en ellos.
La Ley Miscelánea y el arte de la rigidez negociada
La segunda indefinición es más técnica en su superficie y más reveladora en su fondo: si conversar con apertura real o imponer con dureza, aunque sea por un voto.
La tramitación de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, conocida como la miscelánea por su variedad de temas, actúa como un valioso laboratorio. Voces del oficialismo han mostrado disposición a considerar propuestas de la oposición. El ministro Alvarado, con su experiencia en política, ha demostrado signos de flexibilidad táctica en varias ocasiones. Sin embargo, el ministro Quiroz se mantiene firme en su propuesta inicial con una obstinación que confunde el rigor técnico con la intransigencia política. Solo parece estar dispuesto a ceder en algunos artículos, como el relacionado con el crédito al empleo, que su propio sector criticó duramente. El exministro Briones, una figura influyente desde el oficialismo, expresó claramente que ese crédito “no solo es caro” sino que, además, no ha visto “un análisis costo-beneficio que sea serio, en un país como Chile donde no se puede legislar por intuiciones; hay que demostrarlo”.
La incoherencia de esta situación es principalmente estructural, no ocasional. El cuadro de poder que describí en abril —el Presidente algo retraído, Hacienda con autoridad y visibilidad, el segundo piso con voluntarismo, y el eje Interior-Segpres maniobrando en los márgenes— refleja en la negociación legislativa las mismas fracturas internas que se evidencian en la gestión cotidiana. Cuando Hacienda sigue un camino y la conducción política otro, la oposición tiene pocas razones para negociar, ya sea de buena fe o por interés estratégico: sabe que quienes dicen estar dispuestos no siempre tienen la autoridad para tomar decisiones definitivas. Además, los opositores enfrentan sus propias ambigüedades y se conducen con poca destreza táctica.
Seguridad versus economía: el duelo de los liderazgos
La tercera indefinición es posiblemente la más relevante desde un punto de vista politológico, ya que afecta la organización del proyecto político gubernamental.
Un análisis reciente del CEP sobre la primera Cuenta Pública del Presidente (1 de junio) revela que el gobierno de Kast desafía la tradición, desplazando los temas económicos e institucionales del centro del discurso presidencial y colocando, por primera vez en la política chilena reciente, la seguridad en la posición más prioritaria: con un 27% del peso del discurso. Este dato muestra cómo un partido doctrinario —como el Republicano— interpreta su misión, no solo gestionando el crecimiento, sino priorizando el orden arriba de todo. Pero ¿es realmente así?
En algunos momentos, especialmente cuando el discurso securitario muestra límites o choca con hechos criminales graves, es la economía la que toma el control del relato. La austeridad fiscal, la desregulación en favor de las empresas, la reducción tributaria, la estabilidad impositiva y el discurso del ministro Quiroz como representante del Ejecutivo, desplazan la seguridad al segundo plano y revelan que el ‘gobierno de emergencia’ en realidad es un plan de liberalización económica acelerada.
Se ha mencionado, no sin razón, que cada uno de estos ejes apoya uno de los liderazgos fuertes del gobierno, lo que inevitablemente opaca al resto del gabinete, especialmente a los dos ministros políticos de La Moneda. Esto no es casualidad: es el resultado de tener un Poder Ejecutivo con dos centros de gravedad que compiten en lugar de complementarse.
El triángulo de las ideologías en pugna
No obstante, la ambigüedad más profunda —y que menos se discute— es la relacionada con el ethos del gobierno, el núcleo de sus valores que también están en conflicto.
Hace unos meses, en esta misma columna, mencioné que la ideología del gobierno de Kast combina al menos cuatro elementos: el gremialismo guzmaniano con su desconfianza hacia los partidos, la doctrina de seguridad nacional y su concepto de “democracia protegida”, el ethos de virtudes cristiano-familiares, y una confianza total en los ‘animal spirits’ de un capitalismo desregulado. Lo que no destaqué lo suficiente entonces es que estos cuatro componentes no coexisten en armonía; en realidad, generan tensiones que son la raíz de las indefiniciones que hemos estado observando.
Aquí se forma, en realidad, un triángulo tenso de órdenes normativos en conflicto dentro de la misma ideología del gobierno.
El primero es el orden basado en la ‘familia y la comunidad moral’: incluye el pater familias que exige esfuerzo, sacrificio, puntualidad y virtud; la sociedad civil estructurada alrededor del hogar, la fe, los cuerpos intermedios y las jerarquías naturales; y un ethos pretendidamente ascético, que Max Weber identificaría como un pilar cultural del capitalismo chileno en su etapa actual, conservadora y restauradora. Este orden enfatiza, al menos en lo simbólico, los lazos comunitarios, el sacrificio, la reciprocidad y la autoridad que educa y protege.
El segundo es el orden generado en el ‘mercado y la libertad de elegir’: su lógica fría y despiadada que el mismo Weber designaba como la moral de los mercados, y que don Patricio Aylwin llamó su ‘crueldad’. Incluye los ‘espíritus animales’ del gran capital desregulado, los que solo reconocen jerarquías en función del precio, y el individualismo extremo del libertarismo, apreciado por sectores del oficialismo, especialmente entre los seguidores de Káiser. Este orden elimina los lazos comunitarios y reduce toda relación a un contrato.
El tercer orden es el ‘Leviatán securitario’, el Estado hobbesiano que desconfía de la naturaleza humana —lupus homini lupus— y, por ello, no confía en que los intereses individuales se armonicen ni en la benevolencia de la comunidad (el ‘buenísimo’). Este Estado ostenta el monopolio de la fuerza como su principal atributo, ya que, sin ella, teme que el orden se desintegraría. Además, su pulsión punitiva no cede ante argumentos educativos ni ante el gradualismo social. Este orden desconfía tanto de la familia como del mercado, reconociendo que ninguno genera condiciones de seguridad que solo el Estado puede garantizar. De ahí nace la idea de una ‘democracia protegida’ que la dictadura legó a los suyos como un tesoro doctrinario.
Estos tres órdenes son filosóficamente incompatibles. La familia moral y la solidaridad comunitaria chocan con la frialdad del mercado desregulado, que destruye precisamente los tejidos solidarios que el gobierno desearía restaurar. El Leviatán securitario choca con la libertad de elegir del libertarismo, que no tolera un Estado que vigila, registra y sanciona. Y ambos —la familia y el mercado— chocan con un Estado represivo y reprendedor (el Presidente reprendiendo a un niño frente a su madre). Este Estado fagocita cualquiera política social —incluso la política educacional, como veremos más adelante—al subsumirla dentro de la perspectiva securitaria.
El gobierno fluctúa entre estos tres órdenes normativos sin poder definir cuál es su prioridad principal. La raíz sociológica de sus indecisiones diarias se encuentra en este triángulo sin resolución. No es un problema de comunicación, aunque sea deficiente; ni de coordinación, aunque su estructura de poder sea ineficiente. Es una tensión ideológica sin solución sencilla, ya que los tres órdenes en conflicto representan tradiciones doctrinales que el gobierno necesita mantener para sostener su coalición, pero que apuntan en direcciones opuestas.
La polarización como recurso y sus límites
De estas indefiniciones emergen consecuencias políticas concretas, algunas ya evidentes y otras todavía en desarrollo.
La primera tensión es la confrontación latente entre la derecha dura y Chile Vamos, siendo la UDI el eslabón más vulnerable de la cadena. Este partido emblemático de la derecha civil-pinochetista muestra una tendencia creciente a inclinarse hacia el extremo del espectro, acercándose a los republicanos (a fin de cuentas, comparten un tronco común), ambos motivados además por los acontecimientos regionales recientes. Lo ocurrido en Colombia y Perú en las últimas semanas, y lo que podría suceder en Brasil más adelante, sin dejar de mencionar la evolución de la segunda administración Trump en Estados Unidos y la posibilidad de un segundo presidente católico restaurador allá, forman el marco de referencia para las fracciones duras de la derecha local que sueña con que la política latinoamericana desemboque definitivamente hacia esas trincheras.
El período hasta 2030 será crucial para determinar si ese sueño tiene sentido o si solo es el deseo de quienes confunden una ola con una marea creciente.
Una herramienta útil para ese fin será emplear la conocida ‘estrategia de los escándalos’ como recurso. El gobierno ha aprendido —o quizás simplemente ha heredado de la estrategia populista global— que el escándalo fabricado cumple varias funciones: inunda el espacio público, acorrala a la oposición, aumenta el sentido de urgencia, controla la agenda y desplaza las noticias incómodas.
Sin embargo, como mencioné antes, esa lógica conlleva costos acumulados. La dinámica del escándalo no distingue entre el capital simbólico del que lo genera y el de quienes lo padecen: el ciclo erosiona a ambos. El caso de los 64 niños haitianos fue un ejemplo de una fabricación que, al disolverse como una burbuja, dejó al descubierto la manipulación fallida. Luego, cuando el gobierno necesite credibilidad para algo realmente importante —una crisis económica severa, una emergencia de seguridad que no pueda ser fabricada— habrá dilapidado parte del capital que requerirá.
La tercera consecuencia es el riesgo constante de que el crimen adquiera un carácter espectacular. La paradoja del gobierno de orden es universal y no distingue ideologías: cuanto más se promete seguridad, más vulnerable se vuelve el gobernante ante cada acto delictivo que desafía esa promesa. Boric experimentó esto con una frustración creciente durante su mandato; a medida que se implementaba una política de seguridad más sólida y efectiva, liderada por la ministra Tohá y el ministro Cordero, la oposición y los medios de comunicación incrementaban el volumen y la dramatización del espectáculo del crimen para así reducir los logros alcanzados y aumentar la sensación de que los objetivos permanecen fuera de alcance.
Kast lo está experimentando ahora. La política de mano dura, el aumento de penas, las cárceles adicionales, la televisión mostrando operaciones policiales, los golpes contundentes al crimen organizado, la persecución penal de adolescentes y sus familias, y la estigmatización de ‘la escuela’ y del ‘liceo’ como centros de vándalos e incivilizados, crean una atmósfera de alta peligrosidad. Esta situación refuerza la narrativa de emergencia, aunque también la socava, porque cada crimen atroz demuestra que la mano dura no es suficiente ni efectiva.
El gobierno está en la indefinición de cuánto espacio otorgar a la violencia como el mal que justifica su existencia y, al mismo tiempo, verse continuamente superado por ella. Es una trampa que se tiende a sí mismo: quien vive del discurso del orden muere políticamente por el desorden que no logra contener.
La cuarta consecuencia política, y la más duradera, puede denominarse ‘la cuestión del ethos’ o ‘el retorno de Sarmiento’. Desde sus primeros días, el gobierno ha insistido en la necesidad de reconstruir los fundamentos morales de la nación. La narrativa tiene una estructura reconocible: se afirma que el alto vuelo de la República se detuvo hace 12 años —en 2014— igual como se dijo en el Centenario de 1910. Entonces, Enrique Mac-Iver preguntó: “¿Qué impide que la República, que había avanzado tanto, condujera a la nación hispanoamericana más atrasada a la primera posición en su historia?”
Hoy, a semejanza de ayer, la respuesta es, según declamaba Mac-Iver: “La falta de moralidad pública, el olvido del deber por parte del funcionario y el abandono de la función pública para dar paso a las ambiciones personales, al odio, a la venganza, a la codicia y al interés de la bandería”. Solo que el discurso moral del gobierno actual va más allá, pues se propone rescatar y restaurar un país no solo en crisis, sino que se desintegra. Que está debilitado, sin cohesión, sin valores, dispendioso, impuntual, poco esforzado, cómodo, consumista. El Estado está derruido, fallido, quebrado. Todo esto —alega el relato de ahora— se debe a la prédica y la práctica de los gobiernos de izquierda, sus partidos, sus movimientos sociales. El antídoto es “reconstruir” desde los escombros, partiendo por las anclas perdidas: matrimonio, familia, tradiciones, religión, valores, moral, escuelas bien ordenadas, seguras y segmentadas, autoridad y jerarquía por doquier.
Este relato resulta impactante porque conecta con problemas reales. Sin embargo, confunde el diagnóstico con la terapia y, en su versión más punitiva, perpetúa la antigua antinomia de ‘civilización y barbarie’ que mencioné en una columna reciente en relación con el proyecto de registrar vándalos e incivilidades. El civismo no se restablece mediante decretos ni, por ende, solo con el registro de mochilas, sanciones, cárcel o la retirada de beneficios sociales a quienes se considera moralmente defectuosos. La verdadera enseñanza llega lentamente, tanto en casa como en la escuela.
Cuando el gobierno decide tratar al incívico como un cuasidelincuente —despojándolo de gratuidad, beca o subsidio— está confundiendo el síntoma con la enfermedad y arriesgando empujarlo precisamente hacia la barbarie que dice combatir. A diferencia de lo que sucede en el famoso poema de Kavafis, donde los bárbaros no llegan a las puertas de la ciudad —haciendo que el poeta se pregunte: “Y ahora qué será de nosotros sin bárbaros. / Los hombres esos eran una cierta solución”— en nuestro caso, el gobierno corre el riesgo de producir bárbaros (vándalos) al confundir la incivilidad con la barbarie.
Cuando la seguridad se fagocita la educación
Lo anterior nos lleva al territorio que mejor ilustra, en concreto, cómo las indefiniciones del gobierno se materializan en políticas; léase, el terreno de la educación.
La educación debería ser un espacio prioritario en el proyecto de un gobierno comprometido con la restauración moral. Es en ese ámbito donde se cultivan el ethos, los valores, el respeto a la autoridad, la puntualidad, el esfuerzo y la sublimación de los impulsos, aspectos que el discurso presidencial menciona reiteradamente. La escuela funciona como un laboratorio de civilidad, justo lo que el gobierno buscaría reconquistar.
Sin embargo, en la práctica, lo que sucede es que la política educacional está siendo absorbida, poco a poco, por la política de seguridad, pieza por pieza y artículo por artículo.
El proceso sigue una lógica que describí hace unos meses al analizar los episodios de violencia escolar —como el asesinato en Calama, los ataques incendiarios y el encierro de la ministra Lincolao en Valdivia— y cómo el gobierno los utilizó (a través del ‘escándalo’). Según el concepto de pánico moral del sociólogo Stanley Cohen, hechos graves, únicos y socialmente distintivos se agrupan en un relato de emergencia generalizada. Igual en Chile, aquellos eventos fueron agrupados y exagerados para parecer signos de una crisis sistémica de desorden y ser usados para respaldar una agenda preexistente. El pánico moral no niega la realidad de los problemas —la violencia fue real y es condenable—, pero los convierte en excusa para impulsar una política que va más allá de los hechos mismos.
El resultado: la agenda educativa se ha desplazado hacia la lógica de la seguridad. La Ley Escuelas Protegidas —con sus detectores de metales, agravantes penales y la consideración de los centros educativos como infraestructura crítica a proteger, incluso después de su morigeración por el Tribunal Constitucional que el gobierno ha dicho revertirá mediante una nueva legislación— convierte el espacio escolar en un perímetro de seguridad en lugar de una comunidad de aprendizaje. También el proyecto de registro de incivilidades sigue la misma línea: tratar las incivilidades —como beber en la calle, hacer grafitis o generar ruido— con los mismos medios que los delitos, registrándolas, sancionándolas y privando a los infractores de beneficios sociales.
Ambos proyectos reflejan una misma lógica política: convertir al Leviatán ordenador en el árbitro final de la convivencia escolar y social, relegando tanto al orden familiar-educativo como al mercado de preferencias a un segundo plano. La resolución del triángulo de órdenes en conflicto, que mencionamos previamente, es más evidente aquí: el vértice del Estado securitario-punitivo está logrando dominar el ámbito educativo.
Esto tiene costos que el gobierno parece no percibir o prefiere ignorar.
Primero, viola su propio discurso sobre la autonomía familiar y de los cuerpos intermedios, ya que transforma las escuelas en extensiones del control estatal, lo cual va en contra del principio de subsidiariedad, que favorece una gestión más local y autónoma. Segundo, es ineficaz según la evidencia: estudios comparados muestran que la violencia escolar no disminuye con medidas punitivas, sino con mejoras en el clima escolar, el aprendizaje socioemocional y la formación docente, que los recortes presupuestarios debilitan e inhiben. Tercero, intensifica la desigualdad: las escuelas más vigiladas, que en el lenguaje oficial llaman ‘protegidas’, suelen ser las que atienden a los sectores más vulnerables, los cuales dependen de la gratuidad y los subsidios que la batalla contra las incivilidades pone en riesgo.
Un análisis del CEP sobre el “lado B” de la Ley de Reconstrucción revela aspectos importantes. Uno de sus hallazgos es que la seguridad pública funciona como un imán que captura y oculta problemáticas variadas, convirtiendo en asuntos de orden público cuestiones que en realidad son temas de política sectorial con sus propias lógicas. La educación ejemplifica esto claramente: la discusión escolar se desplaza de lo cognitivo e institucional —como la crisis de los SLEP, la deuda estudiantil y la brecha de aprendizajes— hacia la seguridad escolar, el bullying como delincuencia juvenil y la vigilancia de los espacios escolares. Lo que el CEP denomina “lado B” —las demandas sociales latentes que permanecen debajo del debate económico-securitario— comprende precisamente esos aspectos de la política educativa que el enfoque securitario no aborda.
El gobierno confía en que la promesa de mantener un orden punitivo en las escuelas reemplazará a la promesa de mejorar los aprendizajes. Esto puede generar beneficios comunicacionales en el corto plazo. Sin embargo, a medio plazo, cuando las familias de sectores medios y bajos perciban que sus hijos aprenden menos en escuelas más controladas, pero no necesariamente más seguras, el costo político podría ser alto. Este costo recaerá en los mismos votantes que apoyaron a Kast, justamente esperando una administración que priorizara la educación de sus hijos.
La cuadratura del círculo
El gobierno de Kast enfrenta una difícil paradoja, típica de los gobiernos de derecha en Chile: intentar ofrecer simultáneamente mayor libertad de mercado, un orden estatal hobbesiano y una comunidad moral más sólida, sin reconocer que estos objetivos pueden socavar mutuamente sus bases. Este reto no fue superado por don Jorge Alessandri, cuyo gobierno conservador-empresarial dio paso a uno de los fenómenos revolucionarios más significativos en la historia de Chile entre 1964 y 1973; tampoco se logró durante la dictadura civil-militar con todo el peso de sus armas, ni en cada una de las administraciones de Piñera. Es probable que el experimento actual, con tres órdenes normativos en colisión, también fracase.
El mercado desregulado y los ‘espíritus animales’ del gran capital —nuestros inversionistas, a quienes esperamos como se esperaba a los bárbaros en el poema de Kavafis— no fomentan la cohesión comunitaria; en su lugar, impulsan el consumismo hedonista y disuelven las jerarquías tradicionales que el discurso cultural del gobierno critica.
El Estado securitario-hobbesiano, que no es un ogro filantrópico como el descrito por Octavio Paz sino un ogro misantrópico —caracterizado por insociabilidad, hosquedad, aspereza y hostilidad, como lo imaginan los operadores de Kast—, no respeta la autonomía de las personas y las familias ni el principio de subsidiaridad. Por el contrario, tiende a someter a los individuos a la lógica del control, la vigilancia, el registro y la sanción.
Y, finalmente, la promesa de restaurar la moral no puede cumplirse únicamente mediante decretos y sanciones. Es necesario realizar una inversión pública sostenida en áreas como la educación, la salud mental y la política social, que la ‘austeridad fiscal’ y la securitización escolar impiden. Además, si en los colegios se restablece un sistema de admisión por ‘elección mutua’, como se ha anunciado, esto podría favorecer que la asignación de vacantes dependa de los ingresos familiares, las agrupaciones de clase social o creencias, en lugar del esfuerzo y los méritos personales, como advierte un exministro de educación senior del centro derecha. Esto perpetuaría la división social, similar a lo que denunció en 1910 Darío Salas, quien criticaba la separación de las clases sociales a través de distintos canales educativos y señalaba que la instrucción en instituciones separadas fomentaba la desigualdad.
Conclusión
El éxito del gobierno, si realmente llega, no solo dependerá de reactivar la economía o de mantener la disciplina fiscal; el “lado A” de las cosas que ocupa la atención de La Moneda en su programa de emergencia. En cambio, su éxito también dependerá de cuán oportunamente pueda desactivar el “lado B” que señala el estudio del CEP: las demandas sociales latentes que siguen acumulándose bajo el tapete del debate económico. Estas demandas se reflejan en los SLEP sin recursos, hospitales desfinanciados, escuelas con un clima de aprendizaje deficiente, jóvenes sin empleo formal y mujeres expulsadas del mercado laboral por la falta de políticas de cuidado.
El evento del 18-O de 2019 debería ser lectura obligatoria en el segundo piso. No porque la situación sea exactamente igual —no lo es—, sino porque muestra que los sistemas sociales acumulan tensiones silenciosamente y las liberan de formas que los gobiernos no anticipan. Un gobierno que vive de una emergencia fabricada a menudo no puede reconocer una emergencia real cuando ocurre; y, cuando sucede, ya ha agotado, con ‘relatos escandalosos’, el capital que debería usar para enfrentarse a ella.
Las indecisiones del gobierno de Kast no reflejan, en realidad, un problema de gestión ni de comunicación. Más bien, evidencian una ideología que aún no ha logrado —y quizás nunca logre— resolver la contradicción entre sus tres pilares: la familia que educa, el mercado que libera las preferencias y el Estado que ordena a la fuerza. Mientras esa tensión persista, el gobierno seguirá oscilando entre escándalos y calma, entre dureza y diálogo, entre seguridad y economía, sin encontrar un rumbo que le brinde coherencia. En política, sin embargo, esa coherencia es esencial para gobernar eficazmente.
