En las últimas semanas el país ha sido testigo de los tropiezos del Gobierno en el Congreso con respecto a leyes que penan gravosamente delitos graves como las usurpaciones de propiedad privada y el porte injustificado de botellas con combustible en reuniones públicas, léase marchas, protestas, etc.
En el caso de las usurpaciones, a la ley aprobada por amplia mayoría, el gobierno le puso 14 vetos, eliminando el tema de la autodefensa y eximiendo a las familias de ser detenidas y desalojadas de los campamentos, aunque sí podrían ser imputadas y condenadas a multa por el delito y no por falta, lo que ha sido criticado por el oficialismo. Además, si no se aprueba el veto y la ley queda como fue aprobada, para miembros del Frente Amplio es criminalizar la legítima demanda de vivienda. Y para Lautaro Carmona, si uno tiene una propiedad y ésta es usurpada, sería muy grave que el legítimo dueño se autodefienda cuando el Estado es el que debe resolver ese problema, desconociendo por ejemplo que “el derecho a la vivienda se ha construido en base a tomas de terrenos impecables”.
El tema de fondo es que el gobierno relativiza la usurpación de propiedad privada, porque para sancionarla, debiera tener consideraciones especiales, tales como si es por el legítimo derecho a la vivienda y si no ha sido violenta o con daño a las cosas.
En definitiva, el derecho a la propiedad privada, que debe ser cautelado y garantizado sin eufemismos en un Estado de Derecho que funciona, para el Gobierno, si este derecho es violado, hay circunstancias que deben tomarse en cuenta para decidir cómo solucionarlo y sancionarlo por la justicia.
Pero no sólo en el caso de las usurpaciones el gobierno vacila en penalizar.
El otro tema es el andar transportando una botella con combustible en una reunión pública, que para el gobierno tampoco era algo que debiera castigarse penalmente. En su proyecto original planteaba castigar eso con “multas”, que iban de 10 a 20 UTM y se «contemplaba aplicar siempre y cuando la persona no pudiese proporcionar una explicación razonable para su porte».
El penalizarlo con cárcel para el gobierno implicaba criminalizar el derecho a la protesta social y se opuso a su aprobación, pero sin éxito. De hecho, la ministra Tohá había hecho reserva de constitucionalidad durante la discusión del proyecto, pero finalmente decidieron no concurrir al TC porque estaba en discusión los 14 vetos a la ley anti-usurpaciones.
¿Se imagina usted a Carabineros, en medio de una protesta, persiguiendo a un encapuchado que va corriendo con una botella con bencina en la mano para fabricar una molotov, tener que preguntarle ¿señor, me podría indicar por qué está transportando combustible en esta marcha? Eso para entender si justificaba su porte y así saber si sería o no aplicable una sanción.
Lo que se aprobó finalmente penaliza andar con combustible en reuniones públicas con presidio menor en su grado mínimo; es decir desde 61 a 540 días de cárcel; pero atención, con casi todos los votos en contra de los parlamentarios oficialistas.
Es difícil entender en clave de sentido común la actitud del gobierno, porque cuando los problemas más acuciantes para la ciudadanía son la inseguridad, la violencia y la impunidad con que actúa la delincuencia, les da lo mismo sufrir reiteradas derrotas legislativas en estos temas, insistiendo en favorecer a los trasgresores con mínimas sanciones o penas debilitadas, y a las víctimas dejarlas casi indefensas. Esto solo se entiende en clave política.
Para mí, la clave política es que Boric está gobernando sólo para sus amigos; ese 28-30% que semana a semana sigue aprobando su gestión, sin importar lo que haga o deje de hacer. No está gobernando para todos los chilenos, lo está haciendo para satisfacer al PC y el FA en primer lugar, y también a sus propias convicciones, esas que no pudo implementar, porque el 4-S la ciudadanía le dijo ¡no!. Pero si con esta actitud mantienen su invariable 28-30% de apoyo, seguirán actuando de la misma manera, porque en términos electorales, les permitiría seguir teniendo influencia en el ejercicio del poder hoy y mañana.
Nos quedan dos años y medio de este gobierno. el país está decayendo día a día. El desempleo crece, la economía está estancada; no hay inversión en nuevos proyectos, la macrozona continúa acechada por terrorismo, la inseguridad se apoderó de la gente, la construcción está detenida y el Presupuesto 2024 se va a financiar con deuda.
¿Cómo mejorar? Por de pronto aprobando el proyecto de Constitución, para terminar con la incertidumbre de no contar con certeza jurídica ante la falta de reglas claras y una institucionalidad definida constitucionalmente. No hacerlo, profundizaría aún más nuestra decadencia.
Excelente