Cuando las autoridades de un país actúan impunemente sin ética, faltando a la moral y las leyes, cometiendo actos fraudulentos o se aprovechan de su posición para obtener beneficios personales o políticos y la gente lo percibe y comprueba, lo que termina ocurriendo es que cada ciudadano se siente con la autorización de hacer lo mismo que quienes ostentan los cargos de mayor relevancia institucional, pues sienten que todo está permitido.
Si no se actúa al primer atisbo de que cosas así podrían estar ocurriendo, condenando moral, política y legalmente a quienes cometen dichos actos, lo que termina pasando es que la impunidad acaba imponiéndose. Y cuando eso sucede, los países se corrompen.
Dicho lo anterior, lo ocurrido el martes, cuando se informó el retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes (Ind. PPD), y del senador Fidel Espinoza (PS), miembros de la comitiva del Presidente Kast en su gira asiática, quién se habría imaginado que eso era parte de un ardid engañosamente montado para elevar el quórum necesario para aprobar normas especiales del Presupuesto 2027 y así causarle problemas al Gobierno.
Y lo que ocurrió es que conocida dicha información, la senadora Ximena Órdenes envió una carta al secretario del Senado -leída públicamente por el senador Pedro Araya para que quedara constancia en el acta de la sesión, como fuera solicitado- donde señaló categóricamente que no ha retirado su solicitud de permiso constitucional y que no ha suscrito ni remitido ningún documento en ese sentido y tampoco ha autorizado a ninguna persona para autorizar su firma o actuar en su representación con ese propósito. En consecuencia, -termina diciendo- «solicito que se mantenga plenamente vigente el permiso constitucional que me fue otorgado y que se deje expresa constancia» que desconoce el contenido, la autoría y la autenticidad de dicho documento mediante el cual se ha comunicado dicho retiro.
El senador Espinoza, quien tampoco solicitó que se le retirase el permiso constitucional para ausentarse del país y formar parte de la comitiva del Presidente Kast, si bien se molestó, descartó la falsificación de su firma, calificando lo ocurrido como una desprolijidad administrativa. A mi parecer, comete un grave error minimizando lo sucedido, tal como lo intenta el Partido Socialista, lo que se explica por el hecho que detrás de todo este nefasto episodio está involucrado el senador Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático.
Ante lo ocurrido, al término de la lectura de la carta de la senadora Órdenes, el senador Rodolfo Carter solicitó al secretario «que certifique el hecho y transfiera los antecedentes al Ministerio Público para que acredite quien, eventualmente, ha cometido este delito, a lo menos una falsificación de firma de una Senadora de la República, lo que no puede pasar desapercibido».
Adicionalmente, la Fundación Fuerza Ciudadana, dirigida por el abogado Raimundo Palamara, presentó una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro y quienes resulten responsables ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
Esto que parece el argumento de una película hollywoodense, constituye un acto de la máxima gravedad porque afecta y daña profundamente la confianza y la fe pública. Y cuando eso ocurre, la ciudadanía deja de confiar en las instituciones y en la veracidad, autenticidad y validez de la información o datos públicos o privados que deben ser creíbles para la sociedad. ¿Puede haber algo más grave que eso?
En segundo lugar, es indignante que un senador de la República recurra a engaño para intentar aumentar falsamente el quórum para aprobar normas especiales del Presupuesto 2027 y así causarle problemas al gobierno. Si se llegase a probar que hubo falsificación de firmas, y esto puede ser no sólo que un tercero la haya imitado, sino que copiado digitalmente de algún documento donde aparece la firma original de los afectados, tanto el que ejecutó el acto como el autor intelectual del hecho, deberían ser sancionados con el máximo rigor que permite la ley ante un delito de esta naturaleza.
Si se llegase a probar la autoría intelectual del senador Castro, no cabe duda de que debiera ser desaforado para enfrentar la justicia, pues una situación de esta gravedad no puede quedar impune. En primer lugar, por respeto a los senadores involucrados en la maniobra, pero más importante aún, para resguardar la confianza y la fe pública en la institucionalidad del país y especialmente tratándose de uno de los tres poderes del Estado.
La oposición puede estar en desacuerdo en muchas cosas con el gobierno, pero todo tiene un límite. Llegar a desarrollar el montaje ocurrido en el Senado para imponerle una derrota en un proyecto, es un acto abyecto, que demuestra una falta de ética inaceptable en un senador. Eso no se conocía en Chile y por lo mismo, se debe castigar con el máximo rigor que permita la ley a los autores intelectuales y materiales, tanto para preservar la confianza y la fe pública que actos así no quedan impunes como para que episodios como este no se repitan en el futuro.

Excelente Jaime, algo huele mal en el Senado…
Excelente columna Jaime, impresionante la desfachatez del Senador, minimizando la eventual comisión de un delito!!