En la primera década de este siglo XXI América Latina vivió grandes avances. Muchos de ellos se fundaron en un crecimiento económico aparentemente sólido, estabilidad política y reducción sustantiva de la pobreza en la mayor parte de los países.
La portada de The Economist del 14 al 20 de noviembre de 2009, con un Cristo Redentor de Rio de Janeiro despegando hacia el espacio, es el símbolo más exagerado del optimismo reinante acerca de América Latina hace apenas una década. En medio de tanta exageración había, por cierto, cifras importantes que mostraban crecimiento y reducción de la pobreza.
Entre 2002 y 2012 el promedio de crecimiento de la región fue superior a 5%, con algunos países alcanzando dos dígitos por varios años. Esa cifra revela un crecimiento mayor que en las dos décadas anteriores sumadas y tuvo impacto en la disminución de las tasas de pobreza, aunque no en las de desigualdad. Entre 2002 y 2012 el porcentaje de pobres en América Latina descendió de un 42% a un 28%, lo cual significaba alrededor de 85 millones sobre un total de alrededor de 600 millones de habitantes de la región. Cifras importantes, aunque una cuarta parte de los latinoamericanos seguía siendo pobre.
A ello hay que agregar que la desaparición de los regímenes de Seguridad Nacional que existían en América del Sur y el fin de las guerras intestinas en Centro América, dejaron, por primera vez desde su independencia un continente poblado casi completamente por democracias electas, que a veces se revelaban inestables o imperfectas, que generaban la esperanza de un futuro mejor.
Por cierto, detrás de cada cifra había matices que considerar: el crecimiento se basaba fundamentalmente en los aumentos en volumen y precio de las exportaciones que iban a los países de mayor desarrollo. El destino de muchos de nuestros commodities era China, principal sostén de la economía global después de la crisis y, por cierto, también de América Latina. Pero la región no pudo ocultar por mucho tiempo más el lento crecimiento en las economías, sepultando así la ilusión de que “esta vez” seríamos inmunes a la recesión de los países desarrollados.
En la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington en abril de 2014, Olivier Blanchard, economista Jefe del Fondo lo expresó claramente: las economías emergentes no habían acompañado mayoritariamente la crisis, pero acompañarían el lento crecimiento de la economía global. La reducción de la demanda al producirse la recesión global de 2008 los afectaría tarde o temprano.
Y así ocurrió, con variables, ya que las economías más pequeñas y menos desarrolladas (Bolivia, Ecuador, Paraguay) mantuvieron ritmos de crecimiento algo mejores que las más grandes (Argentina, Brasil, México); mientras en las intermedias, como Chile, Perú y Colombia, las diferencias dependieron fundamentalmente de los espacios de crecimiento fácil que aún podían tener y de su buen manejo macroeconómico previo. Lo cierto es, que desde el 2011 la tasa de crecimiento de la región cayó estrepitosamente, alcanzando una ligera recuperación recién en el 2017, pero terminando por desplomarse en el 2020, como producto también de los estragos de la pandemia.
En nuestro mismo continente, superavitario en producción de alimentos, quedan aún fenómenos no menores de desnutrición y la esperanza de vida no es igual para todas sus regiones. Además, eso se da en condiciones de persistencia de una alta desigualdad. La Cepal y la OCED estiman que alrededor de un 40% de los latinoamericanos que no son pobres, se encuentran hoy en condición de “clase media vulnerable”, lo cual incluye empleos de mala calidad, protección social deficiente y falta de un ingreso estable, con riesgo claro de volver a la pobreza ante cualquier cambio en las condiciones económicas del país.
Hay algo que agregar, además, de estos sectores “no pobres”. Ellos se distinguen visiblemente de la clase media, mucho menos numerosa, de hace más de medio siglo atrás, en el ciclo industrial anterior de América Latina. La clase media de antes menos numerosa, era austera y cuidaba su gasto, los nuevos sectores medios son esencialmente consumistas, actores centrales de la sociedad de consumo; además viven al día y cada vez más endeudados a través de un sistema de tarjetas de crédito de fácil obtención y altos intereses. La deuda de los hogares ha crecido fuertemente en América Latina, más que el crecimiento del producto.
El crecimiento lento (o negativo de algunos países) aumenta la inquietud en la población, que ha dejado, por estas y otras razones, de confiar en sus gobernantes. Los antiguos debates ideológicos elitarios se reemplazan por la demanda sostenida de soluciones concretas, para las cuales el populismo tiene muchas veces respuestas más fáciles y atractivas.
Los casos de corrupción y la percepción acentuada de casos de corrupción han contribuido al alejamiento de la ciudadanía de la política. Doce ex presidentes de seis países han sido arrestados o sometidos a proceso, junto a vicepresidentes, candidatos y otros políticos de primera línea. Es importante prevenir que no todos estos casos han sido juzgados y se mezclan casos graves y evidentes de corrupción con procesos levantados a fuerza de redes sociales y opinión pública. Pero este record es demasiado revelador para ser pasado por alto cuando se examina la realidad política de nuestra región.
En condiciones económicas difíciles, con una alarma cada vez mayor, ante la delincuencia que crece de manera irrefrenable, y con la indignación también creciente por graves actos de corrupción, es natural que se arribe más fácilmente a la anti política. Las instituciones resistieron inicialmente; pero han retornado las destituciones de gobernantes, frecuentes a fines del siglo pasado, así como la práctica negativa del lawfare, es decir la exclusión por vía judicial de los rivales más competitivos en el proceso electoral. La batalla política ya no se libra en los recintos electorales sino también en los Tribunales de Justicia, los Congresos dictan leyes cada vez más duras y la presunción de inocencia es una garantía constitucional que ha perdido total vigencia en los hechos. La lucha ideológica ha sido sustituida por el permanente esfuerzo de unos por procesar a otros.
La política ha cambiado mucho, pero no han existido verdaderas transformaciones económicas ni políticas públicas destinadas a enfrentar los problemas de fondo que la crisis puso en evidencia. Por cierto, en la primera década del siglo se tomaron medidas importantes, que se correspondían con la posición económica en que se encontraba América Latina. En ese momento, existían espacios para alcanzar buenos niveles de crecimiento, con buenos precios para las materias primas, orden en las finanzas públicas, y control del gasto público y del crecimiento de la deuda. Pero esos espacios se hacen insuficientes cuando las economías pobres se transforman en economías de tamaño medio y mucho más cuando el crecimiento no va acompañado de una adecuada distribución del ingreso.
Hoy, nuestros países enfrentan retos que perduran y otros nuevos que aparecieron en la buena década. Si el período de bonanza hubiera sido usado por los beneficiados para realizar u orientar inversiones dirigidas a aumentar valor en sus productos, aventurarse a desarrollar mayor capacidad científico-técnica para diversificar efectivamente sus economías y adoptado políticas públicas acordes con su nueva realidad económica, el impacto postergado de la recesión se habría sentido menos.
Un importante estudio publicado en 2019 por OECD, Cepal, CAF y la Comisión Europea presenta estos temas bajo el concepto de “trampas del desarrollo”, desafíos que la región debe enfrentar si ha de alcanzar de nuevo niveles aceptables de crecimiento, al cual se exige ahora que sea también incluyente y sostenible. La premisa fundamental es que el crecimiento basado en la aplicación exitosa de algunas políticas macroeconómicas, como la apertura de mercados, la exportación masiva de commodities, sean estos minerales, agrícolas o energéticas, la estabilidad monetaria, la reducción del endeudamiento, la expansión de los servicios públicos y la racionalidad fiscal ya cumplió su ciclo.
En países que tienen cifras de Producto Global Bruto (PGB) superiores al promedio mundial, se debe abrir paso a un modelo de desarrollo basado en la diversificación y el conocimiento. Y eso requiere políticas públicas que el actual modelo neoliberal no admite.
Los retos estructurales, las “trampas del desarrollo” que identifican los organismos internacionales son la baja productividad, la vulnerabilidad social, los persistentes índices de desigualdad y el descontento cada vez mayor de los ciudadanos. La realidad es que nuestros países pasaron ya del puro subdesarrollo a tener un desarrollo medio que no es compatible con las reformas del consenso de Washington. El estudio argumenta que ya no es posible mantener el actual modelo de crecimiento y que el impulso para ello sólo puede provenir de políticas públicas que, sin afectar los equilibrios macro económicos, den un nuevo impulso a economías más diversificadas y acordes con nuestros nuevos niveles de ingreso.
La clave no está tanto en definir los desafíos, sino identificar claramente el camino para combatirlos. Lo nuevo está más bien en la exigencia de que estos paradigmas incluyan ahora las condiciones de inclusividad y sostenibilidad, es decir deban incluir la mejor distribución del ingreso y los bienes sociales y el recurso a tecnologías que mejoren sustantivamente el medio ambiente.
Estas condiciones son teóricamente aceptables por todo el mundo y, de hecho, fueron acordadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados unánimemente en Naciones Unidas en septiembre de 2015. No obstante, en la práctica, la gran mayoría de los países, desde luego ninguno de América Latina, han propuesto políticas públicas de implementación de tales objetivos. Más aún, la llegada de gobiernos conservadores significa una menor atención a los compromisos internacionales y aún menos a los ODS.
La respuesta a las interrogantes sobre el futuro inmediato de América Latina está centrada, por lo tanto, en decisiones políticas que son, en un marco democrático, decisiones ciudadanas. Sin dejar de lado la iniciativa privada, parece claro que sólo por medio de políticas públicas adecuadas se pueden desencadenar procesos que superen los ciclos viciosos del crecimiento. Históricamente los procesos de cambio tecnológico y paradigmas de desarrollo han tenido origen en políticas públicas. En las postrimerías del período “neoliberal” de las economías neoliberales en América Latina, esta tarea podría ser asumida nuevamente por el Estado, como ocurrió en el New Deal desde mediados de los años treinta y en nuestra región fue propuesta por Cepal para América Latina.
