En pocas semanas, varias personas ocuparon las redes sociales chilenas, y a todas las juzgó el mismo tribunal sin que ninguna pisara un juzgado. Una influencer se grabó conduciendo a más de doscientos kilómetros por hora. Otra reapareció por un video en que su padre le daba a su perro sashimi cubierto de wasabi. Una tercera confesó que obligaba a su perro a comer colillas de cigarro para que sus padres no la vieran fumar. Y un ginecólogo fue expuesto por una paciente por invocar la objeción de conciencia que la Ley 21.030 (ley de aborto en tres causales) reconoce expresamente. Distintos hechos, distinta gravedad; un mismo veredicto instantáneo.
Nos acostumbramos a llamar “funa” a cualquier reacción visceral de indignación, y en esa confusión perdimos una distinción que importa. Criticar, denunciar y funar no son lo mismo, aunque hoy se parezcan cada vez más.
La crítica puede ser legítima, incluso dura. Se dirige a una conducta —no necesariamente a la persona— y, cuando es honesta, admite respuesta: deja al interpelado explicarse o defenderse. La denuncia da un paso más: pide que un tercero competente —un fiscal, un tribunal, un colegio profesional— investigue y establezca responsabilidades. No siempre es rápida, pero descansa en algo valioso: la presunción de inocencia —nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario— y el debido proceso —el derecho de todos a defenderse.
La funa es otra cosa. Es una sanción social inmediata, que se aplica sin procedimiento, sin contexto y sin descargos. Su veredicto no espera a los hechos: los precede.
Vale la pena volver a los casos, porque no son iguales. Conducir a más de doscientos por hora es peligroso y, además, delito: por eso la crítica —incluso la denuncia— estaba justificada, y la propia Fiscalía abrió una investigación. Ahí las redes visibilizaron un riesgo real. Los episodios con las mascotas son también reprochables, pero en otra escala; y, sin embargo, la reacción los desbordó: amenazas a ellas y sus familias, un parlamentario anunciando una denuncia, la marca que auspiciaba a ambas poniendo fin a los dos contratos y el propio podcast bajando todos sus episodios. También ahí existía un camino formal —la ley Cholito sanciona el maltrato animal—; la funa lo reemplazó por un espectáculo.
El caso del ginecólogo es el más delicado, y por eso el más revelador. Es objetor de conciencia de la tercera causal —la de embarazo por violación—, un derecho que la Ley 21.030 le reconoce y que, tal como exige la normativa, había manifestado por anticipado. Invocarlo se transformó en horas en una condena moral masiva: se expusieron su nombre, su rostro, su lugar de trabajo y hasta conversaciones privadas de WhatsApp. Se puede disentir de su objeción. Pero una cosa es disentir y otra muy distinta el escarnio público al que se lo sometió. Y aquí aparece lo que vuelve tan desigual a la funa sobre ciertas profesiones: sujeto al secreto profesional, no puede dar su versión sin quebrantar la reserva que tiene con la propia paciente que lo acusa. Callar lo deja en indefensión; hablar lo haría faltar a su deber. La funa, aquí, no destapó un abuso: fabricó uno.
Sería injusto, con todo, generalizar. Las redes también han sacado a la luz lo que las instituciones callaron durante años, y muchas veces la indignación colectiva ha sido el único canal de quien no encontró otro. Ese es el origen del malentendido: la funa crece donde la confianza en las instituciones se retira.
El problema no es, entonces, que la gente critique o denuncie. El problema aparece cuando la sanción sustituye a la investigación, la viralización a la proporcionalidad y el aplauso al derecho a defenderse.
Detrás de todo eso hay algo más básico: la rapidez. Las redes premian la reacción inmediata —indignarse, compartir y condenar antes de reflexionar—, y en esa carrera se pierde lo que toda justicia, incluso la más doméstica, supone: detenerse, informarse, escuchar. Deliberar es, en el fondo, resistir el impulso.
Todos podemos equivocarnos, y quien hoy condena bien podría ser mañana el condenado. Si una conversación privada, una decisión difícil o un error nuestro cayera de pronto en el algoritmo, ¿querríamos ser juzgados así, sin contexto y sin derecho a réplica? ¿Sabríamos distinguir a quien hizo algo grave de quien solo, legítimamente, pensó distinto? ¿Y no se mide una sociedad menos por lo que aplaude o funa en las redes que por su capacidad de preguntar antes de condenar y de respetar al que disiente? Porque una sociedad que cambia la deliberación por el impulso no se vuelve más justa: solo más rápida en equivocarse.
Muy cierto y bueno el artículo …. Lamentablemente, el claro que además de falta de criterio se tiene la falta de comprensión lectora ….