En un comentario reciente, Andrés Dockendorff describió la reforma política que se debe terminar de aprobar mañana por el Congreso como una “reforma de macetero”. Para quienes no entiendan el sarcasmo, la expresión alude a la reforma agraria impulsada por el gobierno de Jorge Alessandri, que, por su limitada magnitud, fue calificada de ese modo por sus opositores. La reforma que se aprobará ahora bien puede merecer el calificativo si se la juzga solamente por su amplitud. Apenas se aproxima a la necesaria modificación del sistema político que Chile viene necesitando desde hace ya bastante tiempo. Pero tampoco sería justo desconocer que puede constituir un primer paso en esa dirección.

Porque, como he tratado de hacer ver en este mismo espacio un par de veces, el problema existe y es serio. Tiene que ver, en primer lugar, con la necesidad de superar la situación de polarización ideológica y política que el país viene experimentando desde hace más de una década. El Diccionario Multimedia de Polarización Política y Afectiva -versión adaptada al entorno digital del Diccionario Enciclopédico de Polarización Política y Emociones publicado en 2024 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España- define la polarización ideológica como el “retorno del desacuerdo ideológico como eje rector de la competencia política”. Y describe la polarización política como la distancia ideológica existente entre los dos polos del espectro político.

Esos fenómenos conducen a lo que Giovanni Sartori, en Partidos y sistemas de partidos, denominó “sistemas polarizados”. Algunas de las características que atribuye a esos sistemas calzan con inquietante precisión con nuestra realidad: distancia ideológica entre los partidos; competencia centrífuga entre las fuerzas políticas; predominio de la impronta ideológica sobre el pragmatismo y la posibilidad de acuerdos; ofertas excesivas de los extremos de la competencia. El resultado es una política en la que las posiciones tienden progresivamente a los extremos y se radicalizan hasta parecer irreconciliables.

El contraste con la primera etapa de nuestra convivencia democrática después de la dictadura no podría ser mayor. Aquella fue una etapa marcada precisamente por los acuerdos y los consensos. ¿Cuándo comenzó a desaparecer ese modo de hacer política? Es posible situar ese momento en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando la Concertación fue reemplazada como base política del gobierno por una coalición que incorporó al Partido Comunista y promovió una agenda tributaria y regulatoria más radical que la que podía promover aquella. Como quiera que haya sido, hemos perdido capacidad para regular el poder mediante acuerdos y, en su lugar, se han instalado con demasiada frecuencia el disenso y la destemplanza.

Las dos últimas elecciones presidenciales ofrecen una expresión particularmente evidente de esta situación: en un escenario de creciente fragmentación, las segundas vueltas terminaron enfrentando a candidatos situados en los extremos del espectro político. También lo muestran el abuso de las acusaciones constitucionales, las comisiones investigadoras utilizadas muchas veces como instrumentos de confrontación, el llamado “parlamentarismo de facto” durante la discusión de los retiros previsionales y, durante el gobierno de Gabriel Boric, el recurso de parlamentarios oficialistas al Tribunal Constitucional contra iniciativas de su propio gobierno.

A la polarización se agrega la fragmentación política producida a partir de la eliminación del sistema electoral binominal. La combinación de ambas cosas ha contribuido a la parálisis legislativa y ha hecho incierta la posibilidad de articular mayorías parlamentarias estables. El propio gobierno actual lo ha experimentado. Pudo aprobar por un margen mínimo la llamada “megarreforma”, pero por ese mismo margen perdió iniciativas como el financiamiento de la Ley de Salas Cuna y la reforma constitucional destinada a ampliar el plazo de detención con miras a la expulsión de inmigrantes irregulares. En una Cámara poblada de independientes y de parlamentarios que representan a partidos pequeños, incluso la posibilidad de aprobar una ley puede depender del comportamiento particular de cada parlamentario y de los intereses locales asociados a su voto.

Pero el problema no termina allí. Los partidos políticos deberían estar “anclados” en la sociedad. Esa capacidad es conocida como institucionalización: la existencia de una identidad que trasciende a sus miembros, que se arraiga socialmente y se expresa en objetivos claros contenidos en programas. ¿Ocurre eso hoy con nuestros partidos? ¿Alguien conoce los objetivos que el Partido de la Gente o el Partido Regionalista Verde Social persiguen para la sociedad chilena? ¿Alguien se ha preguntado o le ha preguntado al Partido Comunista si su reiterada definición como “Marxista-Leninista” significa en serio tener como objetivo para la sociedad chilena la instauración de la “Dictadura del Proletariado”?

La debilidad de los partidos se expresa también en los pactos y mini alianzas electorales sin un respaldo ideológico o programático reconocible. En la última elección parlamentaria hubo partidos que actuaron como verdaderas agencias inmobiliarias arrendando su techo para cobijar a candidatos independientes con una votación asegurada. El candidato obtenía así una vía para inscribir su candidatura y el partido sumaba los votos necesarios para superar la barrera legal de permanencia.

Finalmente, y para acabar pronto con esta lista de horrores, es imposible no hablar del comportamiento de líderes más o menos carismáticos, que utilizan en beneficio propio necesidades e incluso emociones populares presentando soluciones sencillas a problemas complejos, es decir de aquello que conocemos como populismo. Ese comportamiento calza como anillo al dedo y se convierte casi en una necesidad para pequeños partidos que buscan como único propósito mantener y prolongar en el tiempo la “carrera política” de un caudillo. Naturalmente estoy hablando nuevamente del Partido de la Gente, pero no sólo de él.

Ahora podemos preguntarnos: ¿cuántos de estos serios problemas busca solucionar la “reforma política” a punto de ser aprobada? La verdad es que muy pocos. Su núcleo consiste en elevar las exigencias para constituir partidos y conservar su registro y en fortalecer la capacidad de los comités parlamentarios para ordenar la conducta de sus integrantes. La controversia sobre la condena de los totalitarismos y de la violencia planteada, como no es de extrañar, por los partidos de los extremos de nuestra polarizada realidad, refería a normas que ya están incorporadas de un modo u otro a nuestra legislación y que sin embargo no han impedido la desinstitucionalización de los partidos.

Es posible que las nuevas exigencias contribuyan a disminuir el número de partidos y, eso espero yo por lo menos, a promover fusiones entre partidos que tienden a tener una misma identidad (¿por qué los partidos de la izquierda democrática, incluida la Democracia Cristina, insisten en permanecer separados? ¿Por qué la UDI, RN y Evópoli no se unen?). Pero si no se interviene también sobre los pactos y no se modifica la relación entre número de parlamentarios y magnitud de los distritos, ese efecto podría limitarse sólo a hacerles más difícil la existencia a partidos que deberán esforzarse por reunir nuevos afiliados. Por eso, “reforma de macetero” es una expresión que puede ser acertada para describir la magnitud de esta “reforma”. Pero también es cierto que por primera vez en mucho tiempo parece existir conciencia de que el problema existe. Eso permite mirar con esperanza las otras iniciativas de reforma que todavía duermen en el Congreso. Si ellas avanzan, quizás podamos comenzar a reconstruir partidos verdaderamente institucionalizados, reducir la fragmentación, recuperar espacios para el acuerdo y devolver a la política la capacidad de gobernar.

Y sacar a la política del macetero.