“Chile cambió”. Es verdad, de ser un país sin acceso a la educación por falta de cobertura, logró cubrir la demanda desde la colaboración público privada en el sistema. Muchos proyectos familiares ayudados por el Estado cumplieron un rol esencial y permitieron que las familias tuviesen acceso a una mejor educación pudiendo elegir lo que buscaban para sus hijos. Los proyectos educacionales se constituyen desde la comunidad que de éstos se benefician. Por lo mismo, era de toda lógica que las familias pudiesen colaborar con “copago” para mejorar el proyecto como un todo, buscando mejor educación para sus hijos.
Hay un sector que definitivamente, y contrario a toda lógica y evidencia, quiere eliminar, cueste lo que cueste a los privados del sistema. Los colegios particulares pagados, no son su gran objetivo, ya que representan un pequeño porcentaje de la oferta educativa país. Además, los “ideólogos iluminados” es ahí donde tienen a sus hijos. Su norte para “avanzar” son los colegios subvencionados, que sí dan cobertura a un gran porcentaje de los chilenos, teniendo la mayor demanda de matrículas a nivel nacional. Quieren eliminar lo que la gente quiere, para darles lo que ellos estiman. Algo igualitario, no necesariamente mejor. Emparejar la cancha hacia abajo. Para atacarles no sólo prohibieron el lucro, demonizándolo. Eliminaron el copago; y obligaron a los dueños de establecimientos a ajustarse o venderle al Estado. No precisamente a “precio de mercado”. Ya sabemos que el “precio justo” es siempre sólo para ellos.
Con esto, a los dueños de proyectos familiares de años, que eufemísticamente llaman “sostenedores” los redujeron a administradores de fondos públicos y por ley, quitándoles la libertad sobre lo propio, los obligaron a decidir. Vender a la mitad, ser parcialmente expropiados y estafados; o cerrar y vender a precio de mercado al mejor postor. Muchos cerraron para no perder el esfuerzo de toda una vida, con lo que se retrocedió en cobertura y hoy faltan matriculas. Sacaron la selección eliminando el mérito y con la idea de la inclusión pasaron leyes que hoy ya muestran serias consecuencias y contradicciones.
Dijeron que su foco era la “convivencia escolar”, la preocupación por “la salud mental” con lo que obligaron a protocolos a veces contra toda lógica que han generado colaterales no deseados, pero esperables. La inclusión obligó a aceptar en aula a los llamados “niños con necesidades especiales”, con rangos diversos, donde se busca normalizar lo extraordinario. Las prebendas otorgadas por ley a los niños diagnosticados con “condiciones neurodivergentes”, ha hecho que algunos aprovechen esto para lograr liberar a niños, con sólo mala conducta, de sus responsabilidades y del rigor académico. Familias que “no han podido” con sus hijos, se los “endosan” al colegio que debe aceptarlos obligado, no los puede expulsar y debe contratar un “tutor sombra”, figura que no existe, que implica un profesor para cada niño pagado desde el colegio, sin recursos adicionales. Es común que en una sala hoy, haya incluso sobre diez niños con condiciones extraordinarias, lo que es financiera, emocional y pedagógicamente inviable. Muchos de esos niños molestan y agreden a los compañeros y profesores, pero la ley los blinda, con lo que las reales víctimas deben silenciar, aguantar, con lo que la inclusión termina siendo aversión.
Todo esto sin mencionar la imposibilidad de enseñar y aprender evidente por la complejidad del “aula inclusiva”. Muchos profesores agobiados simplemente “tiran licencia”, ya que es humanamente imposible. Esto debe ser costeado por todos los chilenos, e incluso hay profesores, que usan el sistema en su beneficio y presentan licencia por un año o más, que, si están sindicalizados, reciben los beneficios sin haber trabajado y el colegio no los puede despedir. La ley también los blinda. La inclusión de los inmigrantes es otro tema, ya que lo que puede ser un bien, incorporarlos a la educación, sin dejar a los niños fuera, hoy frente a la falta de oferta y excesiva y creciente demanda, que deja sin matricula a chilenos, sólo logra xenofobia, siempre indeseable.
A esto le agregamos las visiones ideológicas que imponen a los colegios en materia de género y etnia, las que obligan a protocolos y contrataciones extra de personal, no necesariamente calificado, pero ampliamente vinculado a ONG y otras instituciones primeramente políticas. Es la politización de las instituciones, con la penetración de agentes ideológicos que buscan corromper desde adentro. Te quitan el control. Ya no puedes decidir de lo tuyo. Debes renunciar tu proyecto educativo.
La “Ley Karin”, sobre acoso laboral, que entra en vigencia el 1 de agosto, que busca remediar un mal, generará otros múltiples males. Será usada políticamente para acusar de “acoso”, lo que no necesariamente es, ya que se sustenta sobre sentimientos y no necesariamente sobre realidades. La idea de “ataques institucionales” aparte de impedir la corrección de conductas de modo enérgico, tantas veces necesarias, vaciará de humanidad las relaciones, ya que no podrás ni bromear, ya que todo puede “ofender” a la potencial “victima”. En vez de mejorar el clima laboral, tenderá a anularlo. Nadie querrá estar solo con otro por temor a ser acusado injustamente. No más amistad laboral, ya que es altamente peligroso. Sin duda esto será usado por los sindicatos para torcer la voluntad de los empleadores. Para los colegios, será otra pesadilla, ayudará a seguir “reventándolos”.