¿Recuerda usted las palabras del ex Presidente Boric tras la derrota de su proyecto constitucional? “Un sabio me decía hace poco que pretender estar adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado. Y esto corre para mí, para nuestro Gobierno y para todas las vanguardias políticas que muchas veces pretenden ir más rápido que los pueblos a los cuales representan”.
Es extraño que, en lugar de reconocer que su propuesta de Constitución no era lo que los chilenos queríamos, su postura fuese la de un incomprendido por gente que, tarde o temprano, tendría que asumir un destino trazado por “él” y sus “compañeros de lucha”.
¿Cómo interpretaron sus palabras los opinólogos y políticos de la época? Simplemente lo descalificaron por soberbio. Pero ¿y si no era soberbia, sino verdad? Muchos pensarán que es inimaginable un Chile transformado en plurinacional, intercultural, ecocéntrico y feminista, subsistiendo bajo el modelo de un estado social y democrático que garantiza derechos sociales vía Poder Judicial, con su democracia representativa convertida en una directa, paritaria e identitaria, la justicia formal transformada en sustantiva y la meritocracia reemplazada por cuotas constituidas según autopercepción genital. Pero, seamos francos, basta dar un vistazo a la legislación aprobada en estos últimos años para constatar que esa es la dirección que hemos tomado contrariando el veredicto ciudadano. Veamos algunos ejemplos.
La plurinacionalidad no solo avanza con la profundización y vigencia del convenio 169 y la ley indígena, además contamos con la aparición del pueblo tribal afrodescendiente. Su reconocimiento legal específico se rige por la Ley N° 21.151, publicada en 2019, que le otorga un estatus jurídico específico homologable al de los pueblos indígenas. El avance de la plurinacionalidad está íntimamente relacionado con el reemplazo de la democracia representativa por una directa a partir de la distinción entre pueblos, la concesión de derechos colectivos y la realización de consultas. Por supuesto que con la implementación de este tipo de política identitaria se avanza en la destrucción de la igualdad formal ante la ley y su reemplazo por la igualdad sustantiva. Esta última otorga al juez el mandato de igualar a los ciudadanos teniendo en consideración si se es indígena, mujer, homosexual, transexual y el largo etcétera de rasgos que entretejen la interseccionalidad con la que se está horadando el estado de derecho. En este punto ha sido clave la perspectiva de género, anteojera que supone la bondad inmaculada de todas las mujeres frente a la malignidad perversa de los hombres. De la mano de dicha perspectiva se avanzan los proyectos que exigen paridad en las empresas e instituciones, convenciendo a las mujeres de ser las pobres víctimas de un patriarcado en el que cree menos del 25% de la población.
No es necesario profundizar en la adhesión del paradigma ecocéntrico. Basta con ver cómo la permisología ha destruido nuestro desarrollo económico poniendo en jaque el derecho de propiedad que también ha sufrido los embates de las consultas que se hacen a grupos de chilenos autopercibidos indígenas. ¿Cómo se ha llegado tan lejos? Simple: la derecha ha sido incapaz de ponerse al día en la batalla cultural y no entiende que, bajo los nuevos paradigmas, el progresismo usa la pachamama para destruir al capitalismo, la perspectiva de género para quebrar el estado de derecho y la política identitaria que divide a las sociedades en pequeños grupos antagónicos -mujeres contra hombres, hijos contra padres, minorías sexuales contra mayorías, etc.- para reemplazar la democracia representativa por una directa. De ahí a la pluralidad de sistemas jurídicos y la destrucción de la unidad territorial del país hay un solo paso. Pero ¿cuál es el origen de esta refundación silenciosa? Vale la pena hacerse la pregunta porque, en lo que respecta a la mayoría de los chilenos, rechazamos la propuesta progresista tanto en su versión original del mamarracho, como en la sustitutiva y habilitante, que llamamos mamotreto (segundo proyecto en el que se conservaban los doce bordes, ideas matrices del primer proyecto).
Digámoslo en breve: el mamarracho fue elaborado en colaboración con el Sistema de Naciones Unidas que, en el memorándum firmado por el coordinador residente, Miguel Barreto y Elisa Loncón establece claramente su intención de avanzar la Agenda 2030 a través del texto constitucional. En suma, esa agenda es el nuevo contrato social propuesto por la ONU a todos los países en el marco de un neocolonialismo que nos impone un cambio radical del orden existente: el fin de los estados nación y su reemplazo por aparatos burocráticos con la capacidad de medir la huella de carbono de cada habitante y controlar la población en todos los aspectos de su vida. Para lograrlo es necesario reducirla drásticamente. Y la única manera, al menos en Occidente, es a través de un proyecto de ingeniería social que imponga una cultura de la muerte en reemplazo del cristianismo. Ese es el motivo por el que el aborto, la eutanasia, el wokismo, la ideología de género, el feminismo, la estatolatría y la ideología climática han cobrado tanta relevancia.
Finalmente, además de seguir operando bajo este gobierno el consejo para la implementación de la Agenda 2030, la implementación del modelo garantista que se nos quiso imponer bajo el rótulo de un estado social y democrático de derecho se está negociando hoy entre Chile y la ONU en la redacción conjunta del Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional. Este vincula por primera vez la política fiscal de los Estados con sus obligaciones en derechos humanos. ¿Le queda alguna duda de la veracidad de las reflexiones del líder de nuestra “vanguardia”? Triste darse cuenta de que rechazamos para terminar aprobando.
