Rebajas, rabia y balas

Entramos en la cuarta semana desde que estalló la polémica por la rebaja de condenas realizada por el Ministerio de Justicia. Es un hecho que abrió una crisis de impacto profundo -y todavía desconocido- en el gobierno, sus partidos aliados y para qué decir la ciudadanía. Una crisis que devolvió a la palestra las acusaciones constitucionales infundadas, que sólo buscan ser una herramienta de presión política. Y una crisis que, entre el caos de la indignación y el clamor por renuncias, ha dejado pasar casi sin ruido propuestas que atentan contra los principios fundamentales del sentido de la pena en nuestro país. Desde las balas en la cabeza y los fusilamientos que propuso estos días Johannes Kaiser, hasta la reposición de la pena de muerte y la derogación de toda posibilidad de rebajas de condenas.

Como es habitual, toda crisis saca a la superficie los impulsos más primitivos del ser humano. Esos que parecen estar escondidos pero que expresan las pulsiones más oscuras de la humanidad, mezcladas con rabia, decepción, impotencia y, sobre todo, indignación. Nada de eso es ilegítimo; frente a ciertos crímenes lo extraño sería no sentirlo. Pero justamente para eso la sociedad construyó un marco que permite procesar esas pulsiones de justicia sin que devengan contrarios a la dignidad humana. Ese marco es el que hoy parece completamente vulnerado por nuestra propia estructura política.

En medio del caos olvidamos que un excandidato presidencial, frente a un error político evidente como el cometido por el ministro, sorprendió subiendo la apuesta hasta el fusilamiento: “una bala en la cabeza”, palabras literales. Fácil propuesta. Bastante más difícil apretar ese gatillo. Pero eso al excandidato no le preocupa, porque lo importante para él es la cuña de radio, ser el más duro del tema, ganar la competencia de quién grita más fuerte. El problema es que esa competencia no tiene techo, si hoy la bala es la respuesta, mañana el que quiera destacar tendrá que proponer algo peor. Y la discusión pública se va distorsionando, frase a frase, hacia un lugar que hace veinte años nos habría parecido impensado.

No es menor tampoco que haya quienes quieran resucitar la pena de muerte. Fácil decirlo. ¿Quién realizará la condena? ¿Quién pondrá la inyección letal? ¿No es acaso irreconciliable el derecho a la vida con la pena de muerte? ¿Quién se hará responsable cuando se demuestre tardíamente la inocencia de una persona? Porque eso no es una hipótesis de laboratorio. ¿Ejemplos? Basta mirar el país del norte, personas con décadas en el corredor de la muerte. Para los amantes del ejemplo local, el Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que documenta a chilenos que pasaron meses o años presos por delitos que no cometieron. Demás esta decir que Chile abolió la pena de muerte en 2001 y suscribió compromisos internacionales que impiden restablecerla. Quien la promete sabe que no puede cumplirla. Promete igual. Fácil decirlo, fácil gritarlo, más aún cuando la polémica lo ensordece todo.

La realidad es que somos una sociedad en un estado complejo. Tenemos un sistema penitenciario que poco ayuda a cumplir una condena con sentido y cambiar las conductas de riesgo; más bien parece profundizarlas. Cárceles hacinadas, donde la falta de programas y de oportunidades convierte el tiempo de condena en tiempo de aprendizaje delictivo, y de donde existe una alta posibilidad de que una persona sea más dañada y más peligrosa que la que entró. Tenemos penas para todo. Ya casi no nos quedan delitos por endurecer, y aun así la tendencia sigue, cada crisis trae su proyecto de ley, cada proyecto su aumento de años con la promesa de que esta vez sí nos sentiremos más seguros. Esa promesa no se cumple, porque lo que disuade no es el tamaño de la pena, sino la certeza de que se aplicará. Y lo que protege de verdad a una sociedad no es cuánto tiempo pasa alguien encerrado, sino quién sale por esa puerta cuando la condena termina.

Aquí está la pregunta del millón, en vez de pensar en balas, ¿cuándo vamos a pensar en lo que pasa entre la sentencia y la libertad? En vez de competir por la frase más dura, ¿quién se hará cargo de que la cárcel no sea una condena de vida? La rebaja de condenas, mal aplicada, es sin duda un error político grave. Pero eso no se traduce en consecuencia en eliminar toda posibilidad de reducir una pena. ¿Por qué no hacer el trabajo y discutir seriamente las exclusiones? Sin duda es más fácil dispararle al futuro. Y una sociedad que fusila la reinserción no queda más segura, sino que se queda sin herramientas, con más rabia que antes y esperando a la próxima crisis para correr el cerco una vez más.