El proceso constitucional ha estado envuelto en una descompensada relación entre emotividad y racionalidad. Si bien el ser humano es claramente emotivo, a su vez, se diferencia del resto de las especies por su racionalidad, siendo capaz de armonizar ambos aspectos para tomar las mejores decisiones. La relación descompensada de la emoción por sobre la racionalidad en el proceso constituyente en curso es, sin duda, causante de varios aspectos fallidos. Los simbolismos -sin duda necesarios- producto de profundas cargas emotivas han primado en forma descompensada por sobre aspectos racionales como lo son la evidencia comparada, el análisis metódico, etc.
Por lo anterior, a la hora de votar en septiembre, será necesario volver a ponderar elementos racionales. La deliberación debe hacerse en su mérito, recordando la causa por la cual los chilenos estaremos en las urnas para esa fecha. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Para qué queremos cambiar la Constitución? Sin duda la respuesta apropiada es para mejorar el bienestar de los chilenos en diversos aspectos a través de un nuevo contrato social y marco institucional. Entonces la siguiente pregunta debiese ser: ¿Mejora la Constitución propuesta el marco institucional y organizacional de cara a elevar el bienestar de los chilenos?
Es la respuesta a dicha pregunta la que debe guiar, en su mérito, la respuesta de cada uno al momento de votar el día del plebiscito. Lo anterior, mediante una revisión afectiva emocional, sin duda, pero es un deber ético hacer una evaluación racional de las implicancias de los distintos elementos propuestos.
Poco importa en dicha evaluación en mérito si la propuesta fue votada por un constituyente en la ducha o vestido de dinosaurio. Tampoco debiese primar como criterio de elección un chantaje emocional respecto a la figura del Dictador, sobre todo a sabiendas que el cambio constitucional se efectuará de todas maneras y que la pregunta es si es por esta propuesta en particular. Centrar todo el análisis, ya sea para aprobar o para rechazar, en elementos emotivos, es sin duda irresponsable.
En ese sentido, tal como cuando un juez está frente a un imputado debe evaluar la acusación en su mérito, independientemente de si el imputado es un ser insoportable o un tipo encantador, la evaluación, ajustada al derecho, es en base al mérito propio de la acusación. Nosotros debemos evaluar la propuesta constitucional en mérito, de acuerdo a la capacidad de la propuesta a responder nuestra inquietud. Por ende, es necesario volver a la pregunta clave: ¿Mejora la Constitución propuesta el marco institucional y organizacional de cara a elevar el bienestar de los chilenos?
Es clave diferenciar lo que debe tener rango constitucional y lo que debe tener rango legal. La Constitución es ante todo un marco estructural de la división del poder institucional y territorial de la/s nación/es y sus respectivos contrapesos. En ese sentido es más importante preguntarse: ¿Qué solidez se le está entregando a las instituciones que soportarán los derechos? Y de menor importancia la pregunta: ¿Qué derechos están consignados? Lo anterior, porque los derechos sin instituciones robustas son de papel.
Por tanto, los invito a revisar en esas claves -racionalidad y estructura institucional- el texto propuesto, y en base a eso discernir. Ello, sin duda, es un imperativo moral que debe considerarse al votar.
*Andrés Larraín es ingeniero civil.