Proyecto de Reconstrucción: Sí, ojalá ahora

Al presentar el Proyecto de Reconstrucción Económica, el ministro de Hacienda dijo algo que escandalizó a la izquierda o, por lo menos, a un buen vocero de ella: el periodista Daniel Matamala. Dijo Quiroz: “La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. La frase dio lugar a una columna que Matamala escribió con su brillo acostumbrado.

¿Es tan escandaloso lo dicho por el ministro? ¿Por qué? ¿Quién está en lo cierto, Quiroz o Matamala? En esta vuelta estoy más con Quiroz. Explico por qué.

El ministro no dijo, y dudo que pretenda, como le atribuye Matamala, “romper un consenso que hemos tenido en las últimas cuatro décadas en Chile, y que comparten todas las democracias avanzadas del mundo: que parte del contrato social es la ejecución de una serie de políticas en beneficio de la población”. Para Matamala “las políticas sociales, son un fin hacia el cual queremos avanzar en nuestra sociedad”. Y explicita, aunque tuviéramos pleno empleo, necesitaríamos: una educación gratuita de calidad, salud pública, seguridad, pensiones dignas, cuidados a la primera infancia, transporte público, etc. A continuación, Matamala procede a “demostrar” la validez de su tesis destacando que “Hacienda emitió oficios a los ministerios para descontinuar 142 programas sociales y rebajar presupuesto a otros 260”, lo que significa (entre otras cosas), “eliminar el Programa de Alimento Escolar que da de comer a 2 millones de niños”.  Después de esto el debate público se fue hacia qué exactamente había dicho o querido decir quién, si lo escribió en un oficio o decreto, etc. El viejo juego de “pillar al otro” diciendo algo tonto o equivocado, para desprestigiarlo o hacerlo quedar mal. Tinterilladas. “Batallas de palabras, para triunfos de papel”, como decía Tomic. Conversemos mejor de los temas de fondo, que son suficientemente importantes y quedan perdidos entre tantos adjetivos, juicios y atribución de intenciones a los demás.

Pienso que ya no están los tiempos para tanto eufemismo, es decir, para enfrentar situaciones creyendo (o intentando hacer creer) que se pueden hacer menos dolorosas si se dicen con palabras dulces y mucha empatía. La situación a que me refiero es que, a través de los políticos, el Estado chileno ha prometido que puede entregar cosas o dar servicios a los ciudadanos que en realidad no puede proporcionar porque no tiene la plata para pagarlos ni una capacidad propia para proveerlos en la cantidad y calidad que promete. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con ofrecer educación superior “gratuita”. Se empezó a entregar sobre la base de unos supuestos y proyecciones futuras que no se han cumplido, porque fueron muy optimistas. Pueden haberlo sido por ignorancia o irresponsabilidad de quienes “vendieron” esa “política social” hace diez o 12 años atrás. Pero el hecho concreto es que hoy el Estado no tiene la plata para seguir entregándola como prometió. Eso es lo que significa concretamente que el Estado haya tenido un déficit todos los últimos años y que haya elevado sustancialmente su deuda.

Ese déficit y endeudamiento se generó lentamente año tras año no sólo por demagogia e incompetencia de ministros que propusieron Reformas Tributarias deficientes. También a partir de creer que la economía nacional en su conjunto iba a seguir creciendo en los siguientes diez años (2015 a 25) tanto o más de lo que creció en el período anterior (1995 a 2010). Pero eso no ocurrió. Y la consecuencia fue el déficit acumulado y el endeudamiento que señalamos. Esto lo entiende cualquier dueño o dueña de casa, Faúndez o la señora Juanita: no se puede vivir permanentemente gastando más de los ingresos que se reciben cada mes. El endeudamiento con distintas tarjetas sirve un tiempo, pero no por muchos años. Esto es lo que le pasó al Estado de Chile. Pero solamente es la mitad de lo que le pasó al país en su conjunto.

Al crecer tanto el gasto del Estado chileno en los últimos quinquenios fue también aplastando o ahogando al sector privado y al país entero. Y por eso la economía dejó de crecer lo suficiente y se fue generando el alto desempleo que nos aflige hoy. Porque ese gasto estatal salió de reducir, a través de mayores impuestos, el gasto que hacían las empresas, especialmente el destinado a la inversión para reemplazar maquinarias que se desgastan y para ir aumentando la producción. Los sectores público y privado son interdependientes, y no de cualquier forma. Quienes estudian de qué forma se llaman economistas, y los hay de verdad y otros que sólo obtuvieron el título. Cuando no se toma bien en consideración esa interdependencia, se producen efectos negativos o no deseados. Eso también lo sabe la señora Juanita cuando hace cazuela, cuando le pone muy pocas papas o mucho cilantro.

Expliquemos esto con un relato o cuento, ya que tanto se habla estos días que un buen gobierno los necesita. La sociedad y la economía de un país es como un campo o una parcela grande. Tiene determinado número de metros o kilómetros cuadrados para cultivar lo que permite alimentar y hacer progresar a la gente que vive en él. Debe entonces dividir la tierra disponible en una parte cultivable que produzca alimentación o ingresos para todos (árboles frutales, maíz, etc.), y otra parte no cultivable, para construir casas donde vivan los habitantes, bodegas para procesar y guardar la producción, máquinas y tractores, caminos por donde transitar, etc. También debe dividir el número de personas que trabajan entre quienes laboran en el campo produciendo alimentos e ingresos, y quienes trabajan en la administración del campo (los gobernantes), así como en el cuidado y la vigilancia para que todos vivan sanos (doctores, enfermeras, etc.) y seguros (policías, jueces, etc.). El secreto para vivir bien en este país/sociedad vista como un territorio compartido, es que haya un equilibrio adecuado entre la tierra y trabajadores destinados a producir y los destinados a administrar y cuidar. Ese equilibrio se ha perdido en el Chile actual.

El Proyecto de ley de Reconstrucción ante el Congreso hoy debiera entenderse como un intento por restablecer un equilibrio sostenible entre el espacio o terreno del sector privado para producir y el terreno del Estado para administrar y proveer servicios públicos. Éstos últimos son en su gran mayoría producidos y entregados por organismos del Estado mismo, que no opera en condiciones de poder entregar servicios de calidad y a un costo bajo. Podrían ser mejores y más baratos provistos por organismos privados, sean empresas u otros, como ocurre por ejemplo con la educación particular subvencionada. Pero la mayoría de la población cree que lo que entrega el Estado es mejor y gratis. Sí, son gratuitos para quienes los usan, pero no sin costo para producirlos. Son pagados por los ciudadanos que trabajan en la parte productiva del territorio que constituye el país, a través de los impuestos. Y esos servicios públicos estatales han llegado a costar tan caros, que no dejan fondos para que el sector productivo crezca, con lo cual no se generan suficientes empleos. Y con menos recursos hay peores servicios públicos.

“Se quiere achicar el Estado”, ha dicho el exministro Mario Marcel, sobre el proyecto de ley llamado de Reconstrucción. “Sí”, fuerte y claro, debiera ser la respuesta del actual ministro. “Se hace para restablecer un equilibrio sostenible entre gasto del Estado y del sector productivo, para no matar la gallina que pone los huevos”. De lo contrario, irán achicándose los dos sectores básicos que necesitan colaborar para mantener un curso de progreso y paz social. Así se mantiene un “contrato social” duradero, y no considerando, como Matamala, a las políticas sociales actuales o tradicionales como un nuevo dios al cual adorar y rendir pleitesía sin considerar las condiciones económicas y productivas suficientes que las hagan sostenibles. Ese desequilibrio fue lo que llevó al fracaso tanto a Venezuela, como a Cuba y la Unión Soviética. ¿Queremos repetir esa historia?

La segunda parte de la respuesta que debiera dar un ministro visionario sería: “Vamos a ampliar los servicios públicos que entrega el Estado y mejorar mucho su calidad, con menos gasto del Estado”. ¿Cómo? Haciendo que sean privados los productores o proveedores de esos servicios y que el Estado sea quien paga, financia, y supervisa que las entregas sean de calidad, a través de licitaciones transparentes y por períodos acotados de tiempo para estimular el aprendizaje y competencia en beneficio de los usuarios. Pero esto deberá ser tema de otra columna.

Para llegar a eso necesitamos una cultura y entendimiento económico que hasta ahora no predomina en nuestra sociedad. Todavía entre nosotros predominan demasiado los slogans como “fin al lucro”, la defensa de intereses creados (y ocultos) de grupos (no sólo los notarios) y las ideologías que enceguecen o estrechan las miradas. Entonces, siguiendo con los “relatos” (nótese que no he citado ni un solo dato) terminamos con que, como dijo Nicanor Parra, “creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje”.