El debate sobre qué derechos sociales deben garantizarse continúa siendo el epítome de la discusión en la Nueva Mayoría. Y centrar la controversia en el qué y no en el cómo, ha sido un error. Garantizar ciertos derechos ciudadanos, y desentenderse del costo asociado a dicha garantía, no sólo es de un candor impresentable en el siglo XXI, sino que una irresponsabilidad política y fiscal mayor. Todos tenemos derechos sociales, mientras algunos deben garantizarse, otros dependerán de la disponibilidad de recursos.
Cuando este gobierno comenzó a vender su idea de derechos garantizados, pensando equivocadamente que las rentas del cobre seguirían produciéndose eternamente, muchos advirtieron, incluyendo una mayoría de prestigiosos economistas de la Concertación, sobre la inconveniencia de las reformas, y del impacto que éstas tendrían en la capacidad de crecimiento de la economía chilena. No hay que olvidarse que el plan del gobierno era aumentar en régimen sus ingresos vía impuestos, en cerca de US$ 8 mil millones anuales, de la cual una parte mayoritaria se destinaría a la reforma que otorgaría educación gratuita y de calidad.
En definitiva el gobierno se embarcó en reformas que costaban dinero, y era su deber garantizar que éstas sostuvieran el crecimiento e incrementaran la productividad. Cómo muchos lo predijeron, la vorágine reformista, junto a la obscena desprolijidad del gobierno para implementarlas, desplomarán las expectativas de empresarios y ciudadanos que restringieron sus hábitos de consumición aún más aceleradamente que durante la crisis del 2009 (gran recesión que produjo la crisis subprime en USA), lo que ha resultado en una reducción del crecimiento en el orden de entre 1.5% a 2.0% al año, y con los ingresos esperados del gobierno por el suelo. Y como siempre sucede con los males, el precio del cobre, el sueldo de Chile, se desmoronaba a la misma velocidad que se desaceleraba la economía china. El resultado es que el gobierno ha debido recurrir al endeudamiento para poder paliar la significativa brecha entre gastos e ingresos.
Y lo que es más preocupante, es que el gobierno parece no entender que el dinero para sus reformas definitivamente no va a estar disponible, y el problema no es sólo para el 2016, sino que se extendería por lo menos unos tres años más. Codelco, que ha sido el gran contribuyente del Fisco, comienza a exhibir problemas al igual que las otras cupríferas multinacionales. Los costos unitarios de Codelco en 2014 alcanzaron los US$ 2.31 la libra, mientras el precio promedio llegó a los US$ 3.11, es decir operó con utilidades. El precio promedio en 2015 se situó en US$ 2.49, y aunque no sabemos los costos totales, es probable que presente pérdidas.
El dilema de Chile es que cuando el cobre pasó de US$ 1.00 a casi US$ 4.00 la libra, por obra y gracia de la demanda china que se expandía a tasas anuales de dos dígitos, nos costó poco acostumbrarnos a ser ricos sin incrementos equivalentes en productividad, y el proceso de ajustarnos a ser nuevamente pobres, porque la desaceleración china devolvió el precio del cobre a donde debía estar, está probando ser muy doloroso. Primero, porque es un hecho probado en la teoría macroeconómica que ajustar el gasto a la baja es más difícil que al alza y, segundo, porque el gobierno parece ignorar que sus ingresos disminuirán drásticamente, tanto por culpa de China como por la de políticos que no quieren, o no pueden, entender que son las pretensiones y expectativas de los chilenos las que deben ajustarse al ciclo económico, y no al revés como preconizan algunos “talibanes” de la liturgia igualitaria en su evangelio de derechos garantizados.
Así no más, el Banco Central en su último IPOM (diciembre 2015) dejó claro que el precio promedio del cobre alcanzaría en 2016 y 2017 los US$ 2.20 y US$ 2.30 la libra, respectivamente, lo que está unos 25 centavos por debajo de sus estimaciones previas y del Presupuesto 2016. También rebajó los pronósticos de crecimiento para el 2016, aunque esto no fue novedoso. ¿Qué hizo el gobierno con esta información? Hasta ahora nada, y salvo el ministro de Hacienda que ha insistido en señalar que los recursos van menguando y son escasos -esto último una herejía en el evangelio de los derechos garantizados, pero poco por reponer el tema del crecimiento económico en el centro del debate-, y el Presidente de Codelco, que percibe cómo los dardos de los políticos le apuntarán cuándo se conozcan las pérdidas de la cuprífera estatal.
El problema de fondo de este gobierno no es sólo que no tiene los recursos necesarios para cumplir con sus promesas de campaña, devenido en Programa de Gobierno, sino que tampoco sabe cómo hacer para que la economía acelere su ritmo de expansión al nivel requerido para generar los recursos adicionales que demanda para distribuir entre los más necesitados, y de paso cerrar la tremenda brecha fiscal que ha generado. Clásica problemática socialista, que cree que para navegar sólo se necesita viento a favor, desdeñando las habilidades del capitán. Este gobierno tiene el viento en contra y un capitán que no sabe qué hacer.
Manuel Bengolea, economista Octogone.
FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO