El expresidente Castillo cuando estuvo en Chile.

El intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, su vacío institucional y político, el rechazo, y su inmediata detención, ha sido en días posteriores rehabilitado por un conjunto de Estados -México, Colombia, Bolivia y Argentina- que se inscriben dentro de lo que se ha llamado el “progresismo latinoamericano” o los “nuevos gobiernos de izquierda”, y que los analistas clasifican como populismo de tercera generación de talante “bolivariano”.

Los cuatro presidentes, Petro (Colombia), López Obrador (México), Fernández (Argentina) y Arce (Bolivia), han acordado una estrategia conjunta donde presentan a Castillo como una víctima de las élites, y alguno como el ex Presidente Evo Morales como ofrenda hacia el imperialismo estadounidense, que pareciera tiene poco que ver en la crisis peruana.

Morales, el 8 de diciembre, decía que “su declaratoria de vacancia fue efecto de una conspiración antidemocrática, política y mediática destinada a perseguir, hostigar y atentar contra un gobierno popular elegido legal y legítimamente hasta defenestrarlo”.

Ese mismo día en otro mensaje decía: “El discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación en contra del hermano Pedro Castillo ponen en riesgo la integridad de él y su familia. Que la CIDH active las medidas cautelares para preservar su vida”. El 11 de diciembre, también en Twitter, Morales denunciaba “la guerra híbrida del imperialismo que ha ejecutado dos golpes esta semana, uno judicial contra la hermana Cristina Fernández y otro congresal contra el hermano Pedro Castillo” 

Esto, en un primer instante parecía otra muestra del oportunismo ético y político de estas nuevas izquierdas, incluso de cierto folclorismo latinoamericano que reduce los países de la región a la anécdota y la caricatura.

Sin embargo, es posible realizar una lectura distinta de su exégesis contrafáctica para entender su conducta internacional y las consecuencias que ello tiene. Desde hace largo tiempo predomina en estos sectores el denominado pensamiento crítico, derivado de la Escuela de Frankfurt, y que se entronca con el Posmodernismo y el Posestructuralismo.

De modo uniforme, se ha completado el “giro lingüístico”, que pone el acento de lo político en los lenguajes o el discurso, antes que en los hechos, denostando al realismo como “conservador”. De ese modo es en el lenguaje donde se debate la realidad y no al revés. Afirmación muy corrientemente aceptada como que “el lenguaje construye realidad”, es la ventana para una cosmovisión interesada acerca de los hechos, más allá de la ingenuidad.

Debido a que justamente esta postura se traduce en activismo y militancia de diversos tipos (de género, sexual, grupos oprimidos, decolonial, indigenismo, antiimperialismo, y posmarxismo), se genera una distorsión entre la ideología recurrida y la observación de la realidad, por lo cual esta última debe ser re-significada para salvar a distancia con la evidencia, que cuestiona lo que se piensa y dice. 

Un autor precisa que, por esto, la disonancia entre realidad e ideología es subsanada mediante el recurso de negación de ella y articulación de teorías conspirativas, que al fin y al cabo validan el pensamiento inicial e ignoran los hechos y su interpretación.

La conspiración en esta izquierda es parte esencial de esta negación de la realidad, negando el hecho empírico -el golpe de Estado en este caso- para conservar su visión de mundo. Como escribió en twitter Evo Morales el 10 de diciembre pasado lo que hay es “el golpe congresal de la derecha en Perú”.

Aunque Castillo es el autor material de un golpe de Estado, Petro, Arce y López Obrador están cambiando la interpretación de los hechos. Castillo habría sido “forzado” a un “suicidio político” (no a un golpe de Estado). En un comunicado conjunto, no seguido por el resto de la región, sostuvieron que Pedro Castillo es “víctima de un antidemocrático hostigamiento”, que es el Presidente legítimo, y que el hostigamiento durante su mandato sería algo violatorio de la Convención Latinoamericana de los Derechos Humanos.

Arce sostuvo que «el constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos, debe ser condenado por todas y todos”. Petro, en Twitter, sostuvo el 8 de diciembre que a Castillo «Se [le] ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento». Incluso su abogado defensor en Perú argumenta que podría haber estado sometido a narcóticos, en tipo de argumentos más cercanos a Alienígenas Ancestrales que a la evaluación de la realidad.

Por esto cuando la Cancillería peruana reclamó a México su actitud, agregó que estos dichos constituían «injerencia en los asuntos internos de Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”. Por el contrario López Obrador afirmaba que estaba opinando, pero no interviniendo.

Y en esta sintonía por la opinión, López Obrador sostiene sin rubor alguno que Pedro Castillo no se pudo refugiar en la embajada debido a que “… al poco tiempo tomaron la embajada con policías, y también con ciudadanos, rodearon la embajada y él ya ni siquiera pudo salir, lo detuvieron de inmediato”. Como se puede apreciar, la embajada fue “tomada” en sus palabras pese a que su integridad territorial fue respetada y a que el hecho que describe no ocurrió. 

En suma, la distorsión de los hechos, su negativa a reconocer el golpe de Estado, la victimización sistemática de Castillo, la idea del “golpe congresal”, no son parte de perspectivas emocionales de simpatía por causas de izquierda, sino deliberadamente acciones para con el uso del lenguaje cambiar la interpretación de los hechos y provocar externamente a Perú un hecho político consumado como sería su restitución.

Esto evidencia que el lenguaje es otra arma en las políticas exteriores militantes, de talante revolucionario, y que se traducen en creación de mayor inestabilidad e injerencia en otros estados, que ciertamente es rechazada cuando son “otros” los acusados. Y advierte de las consecuencias internacionales de esta coordinación discursiva cuando además se escudan en querer defender al pueblo controlando la información, la comunicación y la opinión de las personas.

*Cristián Garay es historiador.

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