¡Pero qué importa, total paga moya!

Hace un mes atrás, el 30 de abril, al igual que todos los años, millones de contribuyentes cumplimos con la obligación de pagar nuestros impuestos anuales, con los cuales el Estado se financia y dispone de los medios y el personal para proveer los servicios que se supone debe brindarnos a los ciudadanos.

Con nuestros impuestos se financian desde la Presidencia, los ministros, subsecretarios, los Jueces, el Congreso y hasta el cargo más bajo en el Estado. Además se sostienen los servicios públicos y todo el aparato estatal, incluyendo parte de los Municipios. En definitiva, el Estado para realizar su gestión depende de los impuestos que nosotros los contribuyentes pagamos anual, trimestral, mensual y diariamente. Sin nuestros impuestos el Estado no subsiste, porque no genera sus propios recursos, salvo por lo que aportan las empresas estatales, principalmente mineras, aunque este año dichas empresas disminuyeron su contribución en un 52,8%.

Dicho lo anterior, cómo no va a ser indignante que los recursos que le otorgamos al Estado sean defraudados por miles de empleados públicos que se ríen de todos nosotros haciendo uso de esos recursos para fines espurios, como hacerse los enfermos para no trabajar pero recibiendo sus sueldos como si lo estuvieran haciendo, mientras se van de viaje a vacacionar en el extranjero, gracias a la complicidad de médicos corruptos que se prestan a emitir licencias por un monto en dinero.

Este escándalo se suma al ocurrido en 2020 cuando 37.000 empleados recibieron el bono clase media por $500 mil que el Presidente Piñera creó para ayudar a quienes perdieron el empleo por la pandemia o vieron reducidos sus ingresos. Ninguno de esos funcionarios que cobraron los bonos tuvo problemas ni de empleo ni de recorte de sueldos. Se habló de sumarios, al igual que ahora, pero finalmente, nunca más se supo nada.

El tema de fondo es mucho más profundo, pues la ocurrencia de estos hechos implica que quienes tienen el deber de velar por el correcto funcionamiento de los servicios estatales, por el control del trabajo realizado y la gestión de sus subalternos, no lo están haciendo y siempre se llega tarde, cuando los  hechos ya ocurrieron y son tan grotescos que saltan a la luz  pública. La pregunta sobre estos casos es  básica, ¿nadie se percató que algo extraño estaba ocurriendo? ¿Ninguna jefatura se dio cuenta que era muy raro que tantos funcionarios se enfermaran, que tuvieran 17, 7 días promedio de reposo, pero no estuvieran en el país?  ¿Nadie impugnó que un 25% de los empleados públicos cuestionados por el tema bono clase media declararan  recibir $0 de ingreso, siendo falso?

Otrosí, como dicen los abogados. Las evaluaciones anuales a los empleados fiscales siempre terminan todos en un nivel de excelencia y reciben suculentos bonos por gestión. ¿Alguien puede creer que eso es cierto? ¿Acaso en toda organización humana no coexisten excelencia, mediocridad, ineficiencia, inoperancia y también inexperiencia en la gestión? En todas, menos en el Estado.

Pero no solo eso, las huelgas en los servicios públicos están prohibidas por ley, pero las hacen igual y dejan de otorgar los servicios que el Estado está comprometido a brindarle a los ciudadanos. ¿Y qué les pasa por estar en huelga? Nada. Y ¿qué sanciones reciben? Ninguna. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los contribuyentes.

Y no olvidemos la corrupción de las fundaciones ligadas al gobierno. Solo en el  caso Convenios -según Fiscalía- el daño al Fisco sería de $14.000 MM. En ProCultura son más de $6.000 MM desaparecidos. ¿Y  la fallida compra de la Casa de Allende? eran $1.000MM. 

Volviendo al último escándalo, la Contraloría reveló que son más de 700 las instituciones públicas investigadas por irregularidades en el uso de licencias médicas. Por esto mismo, la indignación debe transformarse en acción y exigirle al Estado que efectúe los sumarios en los 30 días que requirió el Presidente del Senado, conocer los resultados y a todos los que se les encuentre culpables, despedirlos para que nunca más vuelvan a pisar un pie en la administración pública.

Cómo cambiaría el Estado si sus “financistas” decidieran no seguir transfiriéndole recursos hasta que no se terminen los abusos, las ineficiencias, los fraudes, las huelgas ilegales, las listas de espera, los contratos de amiguis, los bonos anuales injustificados, la corrupción y no otorguen un servicio de excelencia a todo nivel controlando adecuadamente su gestión. O sea, ¿se imagina Ud. cómo se apurarían en el Estado en solucionar todos los problemas si los contribuyentes se “votaran en huelga” al igual que los servicios públicos cuando no les gusta algo y no pagaran sus impuestos hasta que eso pasara?

Lamentablemente, cada vez que se hacen públicos escándalos como el de las licencias, surgen declaraciones rimbombantes como la típica que caiga quien caiga, que  las instituciones funcionen, que no se permitirá que esto siga ocurriendo y un largo etcétera, pero al final del día no nada pasa, se les echa tierra con pala y todo sigue igual.

¡Pero qué importa; total paga moya!