La reciente polémica protagonizada por el gobierno respecto al financiamiento de la educación escolar deja en evidencia lo urgente de perfeccionar el actual sistema de subvenciones. Una opción que se presenta como un cambio incremental en el actual modelo es la implementación de cheques escolares, los que se traducen en la entrega a cada familia con hijos en edad de ir a la escuela de un subsidio portable, a fin de que puedan cancelar los honorarios del colegio escogido. La idea es absolutamente compatible con la libertad de las familias de efectuar un copago para financiar parte de la educación, así como con las donaciones de privados, evitando depender únicamente del dinero que transfiera el Estado. Así, en la eventualidad de que los recursos fiscales sean escasos, las escuelas no sentirían tan agudamente el recorte del  gasto público.

Con la finalidad de evitar la instrumentalización política del cheque escolar, dicho monto podría ser indexado a un indicador conocido, por ejemplo, el PIB. Así se logra mantener una constante en la inversión en educación y, adicionalmente, se promueve la consciencia en las familias de apoyar las iniciativas gubernamentales que tiendan a aumentar el crecimiento del país y a desalentar aquellas que lo disminuyan.

El modelo expuesto presenta una serie de ventajas, como la reducción de la burocracia, ya que a diferencia de la actual subvención —que se paga según la asistencia promedio de los alumnos durante un período determinado—, el cheque escolar es un monto que no varía de mes a mes, siendo innecesario recalcularlo. Otro beneficio es el incentivo a preocuparse de las preferencias y necesidades de las familias; las escuelas interesadas en atraer y mantener a los alumnos en sus aulas empezarán a responder a los anhelos de éstos, lo que contribuye a potenciar los proyectos educativos institucionales. La principal ventaja de los cheques escolares es el  incentivo a la expansión y premio a la calidad que generan, dado que las escuelas, al encontrarse insertas en un mercado escolar con compradores que poseen real capacidad de pago, se ven obligadas a atraer su atención, lo cual es un gran incentivo a mejorar la calidad del servicio: las unidades académicas que lo hiciesen mal (o menos bien) perderían estudiantes, viendo reducidos sus ingresos, y tenderían a desaparecer.

Si bien nuestro país se inclinó por una estructura similar a la de un sistema de cheques escolares durante la década de 1980, desde un comienzo no hizo  de forma íntegra, y con posterioridad fue intervenido con medidas que desfiguraron las bases que lo hacen eficiente. El sistema operativo en nuestro país se aleja de la idea original. No existen cupones destinados a las familias, sino un pago directo del Estado a los sostenedores.

A fin de que los cheques escolares desplieguen todos sus beneficios, se requiere desmantelar los elementos que los limitan, entre ellos, los rígidos marcos normativos y la espesura de la burocracia, junto a la draconiana fiscalización actual. Las escuelas deben tener la potestad de invertir los recursos recaudados en lo que estimen conveniente, con la finalidad de construir proyectos educativos sólidos y entregar un servicio de calidad a las familias. Estas cosas son hoy despreciadas por el gobierno, que está más preocupado de cómo se organizan jurídicamente las escuelas yde si son o no dueñas de los inmuebles donde operan, olvidando que más de la mitad de los niños que cursan sexto básico escriben textos con problemas significativos de coherencia, según indica el último Simce.

Los cheques escolares están diseñados para que las personas tengan la libertad fundamental de invertir el dinero de sus impuestos, y perfeccionan un modelo de financiamiento que ha contribuido a que tengamos uno de los mejores sistemas escolares del continente.

 

Iván M. Garay Pagliai, director ejecutivo de Cheque Escolar

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

 

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