A menos de dos semanas del plebiscito de salida, que obligará a la ciudadanía a manifestar su conformidad o no con la propuesta de texto constitucional que dio como resultado 12 meses de Convención Constitucional, ha llamado la atención que varios diputados hayan promovido la puesta en tabla de proyectos de ley que vienen a cambiar las reglas electorales, a unos cuantos días del referido plebiscito.
En primer lugar, destaca el proyecto que modifica la Carta Fundamental para eximir de la multa establecida con motivo del plebiscito de salida, a las personas que indica (boletín 15.085-07). Este proyecto fue ingresado el 10 de junio de 2022 y firmado por diputados afines al Gobierno de Gabriel Boric, tales como Lorena Fries, Gael Yoemans, Gonzalo Winter, Diego Ibáñez, y cía.
Como es conocido, la Constitución Política de la República, en su artículo 142 contempla las clásicas causales de eximición de la multa por no concurrir a votar para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, es decir, enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito a más de 200 km. del domicilio electoral, o por otro impedimento grave comprobado por el juez competente. Pese a ello, los diputados autores del proyecto de ley han considerado insuficiente dichas causales eximentes, y buscan reformar la constitución para agregar causales como “requerir apoyos intensos, tener 75 años o más (…) ejercer trabajo de cuidado cuya ausencia prolongada puede implicar una amenaza para la vida, integridad física o salud o de la persona cuidada”.
Del tenor literal, se aprecia claramente que las hipótesis nuevas están redactadas en forma empalagosa (¿quién podría estar en contra de que no se multe a una persona que cuida a un enfermo y cuya ausencia pueda significar peligro para la vida de la persona cuidada?), pero lo realmente relevante es que todas esas nuevas hipótesis están contenidas ya en el artículo 142 de la Constitución, cuando este se refiere a “otro impedimento grave”, pues justamente la legislación clásica en esta materia dejó una cláusula general que permitiera a la autoridad apreciar en su mérito la no concurrencia a sufragar de un ciudadano, en un contexto de voto obligatorio con sanción. De toda lógica.
Ahora bien, lo interesante es que, si todas esas hipótesis que los diputados afines al Gobierno de Boric ya están en la Constitución, la única real utilidad de esta reforma es eximir de la multa -en la práctica, que el voto no sea obligatorio como al resto de los ciudadanos- a las personas que tengan 75 años o más… Siendo este el único efecto útil de la reforma constitucional propuesta, se vuelve esta sospechosa pues es de público conocimiento que la opción Rechazo a la propuesta de nueva Constitución le saca considerables puntos de ventaja a la opción Apruebo; más aún cuando es conocido que en los grupos de mayor edad la opción Rechazo es apabulladoramente popular. Y el colmo de la sospecha aparece cuando se recuerda que el ministro Segpres, Giorgio Jackson, y la ministra Segegob, Camila Vallejos, han manifestado públicamente que aprobar la propuesta de texto de nueva Constitución es fundamental para llevar a cabo el programa del Presidente Gabriel Boric.
En segundo término, cabe hacer presente que también se puso en tabla el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para autorizar el uso de urnas electorales móviles, en los casos que indica (boletín 15.235-06) el cual fue ingresado al Congreso el 2 de agosto de 2022, teniendo menos de 1 mes de vida en el trámite legislativo. Este proyecto también ha sido suscrito por diputados afines al Gobierno del Presidente Boric, entre ellos, Tomas Hirsch, Gael Yeomans, Clara Sagardia, Mercedes Bulnes, Raúl Leiva, entre otros.
En resumidas cuentas, este proyecto de ley busca habilitar al Servel para calificar las situaciones personales “como la movilidad reducida, la dependencia severa o requerimiento de apoyos intensos y el ejercicio del cuidado de una persona cuya vida, integridad física o salud esté en peligro sin su cuidador o cuidadora” con el fin de “disponer de urnas móviles para garantizar el ejercicio de su derecho a sufragio”.
No contentos con proponer una irresponsabilidad en materia de seguridad electoral, los diputados afines al Gobierno de Boric proponen que las urnas móviles podrán ir a los domicilios de estas personas desde dos días antes de la elección, y al ser emitido el voto “será puesto en custodia del funcionario del SERVEL que acudió al domicilio, quien lo almacenará junto a los otros votos móviles de la comuna”. Cabe precisar que este grupo de diputados propone modificaciones permanentes a la legislación electoral en este sentido, no puntualmente para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Último hecho a destacar es que el 16 de agosto de 2022 la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados puso en tabla y deliberó en torno a ambos proyectos, a menos de 30 días del plebiscito de salida sobre la entrada en vigor de una nueva Constitución o no.
¿Inmadurez o mala fe? Realmente es difícil saber qué pretenden los diputados que militan en partidos que hoy están gobernando La Moneda. Más allá de la participación de Revolución Democrática en la firma de estos proyectos, destaca el protagonismo de los diputados de Convergencia Social en ambos proyectos revisados por la Comisión de Gobierno Interior. En efecto, Convergencia Social es el partido base del Presidente Gabriel Boric y la jefa de bancada es Gael Yeomans, quien claramente lidera la puesta en tabla y revisión de los dos proyectos referidos.
¿Qué pretenden con su actuar legislativo? En vez de perder el tiempo de la comisión de Gobierno con proyectos de reforma electoral irresponsables y mal planteados, la comisión debiera poner mayor atención en los asuntos legislativos que competen la imparcialidad y eficiencia de las instituciones, y la seguridad de las personas, y no promover reformas electorales que destruirían el sólido desempeño electoral de nuestro país.
*René Tapia Herrera – Abogado LyD